El megajuicio contra el exjuez Walter Bento avanza con más testigos vinculados a la investigación patrimonial realizada sobre su él y su familia, acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos provenientes del cobro de coimas en la Justicia federal.
En la audiencia de este miércoles se reveló que tanto el exjuez como su esposa Marta Boiza recurrieron en la omisión de declararse como personas expuestas políticamente ante la Unidad de Información Financiera (UIF) en el negocio inmobiliario, en más de una ocasión.
El pasado 6 de junio, una testigo declaró que cometió un “error” en la escrituración de la venta de un departamento de calle 9 de julio de Ciudad y hoy la propia escribana de los Bento, María Fernanda Rodríguez Bragazzi, expuso otra maniobra similar en la compra de un local comercial.
Vale aclarar que, además de las imputaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que pesan sobre Bento y Boiza, se les agregan estos hechos encuadrados bajo el delito de falsedad ideológica.
La escribana Rodríguez Bragazzi señaló que el primer asesoramiento que tuvo con los Bento fue con Nahuel (hijo) en la compra de una cochera en calle Pedro Molina, en el año 2016. También la profesional se encargó de escriturar donaciones de dinero e inmuebles de los padres hacia sus hijos, como la “incorporación” a dominios fiduciarios. Todas maniobras que forman parte de la investigación que llegó a juicio.
Rodríguez Bragazzi puntualizó sobre “dos errores” que “requirieron una posterior intervención para una subsanación” en su desempeño con los Bento. Se trató de la compra de un local comercial en el edificio Independencia VI de Ciudad, por parte de Marta Boiza, en agosto de 2020.
“Hubo un error de manifestación de parte, con respecto a la calidad de persona políticamente expuesta de la señora Boiza, que por defecto en ese momento, los escribanos de Mendoza teníamos interpuesto un recurso de amparo para no ser sujetos obligados ante la UIF, organismo que venía funcionando desde mucho antes a nivel nacional”, contó la escribana.
“Con respecto a eso vivíamos en una burbuja. Si no me equivoco a fines de 2018, se modificó esa situación y se nos informó que íbamos a ser sujetos obligados. Tuvimos un periodo de transición en 2019 viendo como era la situación y la normativa. Era difícil la comunicación con la UIF, al día de hoy también lo es”, señaló a pesar de que la transacción inmobiliaria se realizó en 2020.
“En esa escritura generalmente las partes que comparecían, por lo menos ante mí, no eran políticamente expuestas y nosotros teníamos una redacción. Esa redacción se compartió a las partes y cuando se leyó, no se advirtió. Aunque habitualmente envío una minuta previa”, contó.
La escribana indicó que también hubo un “error respecto del precio”, ya que el precio total de la unidad fue U$S 52.700 pero “había un desglose porque una parte se pagó en dólar billete y otra en pesos, equivalente al saldo de dólar”.
“Como el desglose en letras estaba correcto y en números tenía un error, se hizo un acta complementaria de subsanación. En esa misma acta compareció la señora Boiza y rectificó su condición de persona políticamente expuesta”, contó la escribana.
La Fiscalía le recordó entonces que desde el año 2019, los escribanos mendocinos eran sujetos obligados ante la UIF y la profesional respondió que “en cuanto a las manifestaciones de calidad de persona políticamente expuesta, nosotros no teníamos ese hábito”.
Rodríguez Bragazzi admitió que “la rectificación se hizo con bastante posterioridad cuando se advirtió el error por las partes, yo no lo había advertido. Fue el 19 de julio de 2022″. Es decir, dos años después, y según contó se realizó por pedido de Boiza. En ese momento la investigación sobre los Bento ya estaba en marcha.
También, la escribana negó que la esposa del exjuez le haya solicitado omitir su declaración como PEP. “Nosotros no reportamos todo a la UIF, solo actos protocolares. Nunca se me pidió. Por ese motivo cuando se me solicitó la subsanación correspondiente al desglose de precio, me pareció lo más coherente, subsanar el instrumento y tener títulos acordes a los hechos”, sostuvo.
Y aclaró que esta situación le ha ocurrido con otros clientes: “Me ha tocado subsanar muchos instrumentos después de años”.
Las donaciones mecánicas hacia los hijos
Rodríguez Bragazzi también se refirió a las donaciones sistemáticas de bienes y dinero que realizaban sus padres para con sus hijos, no solo a Nahuel y Luciano, que están imputados al igual que el matrimonio, sino también a Facundo Bento.
Maniobras que para la fiscalía consistieron en una “mecánica” para distribuir propiedades que se adquirían, para mezclar fondos lícitos con otros recabados del cobro de coimas de la asociación ilícita que presuntamente lideró el exjuez.
“Cuando vemos donaciones de padres a hijos, el contrato jurídicamente que responde a donación se toma como anticipo de herencia. Las sucesiones tienen un gasto impositivo, en los que se requieren tasaciones para poder hacer los cobros, en cambio en las donaciones los gastos se pagan por el triple avalúo que es lo que exige el Código Fiscal. Es algo habitual”, justificó.
“En el caso de ellos, siempre me llamó la atención para bien, porque ellos tienen tres hijos. A dos los conozco perfecto que son Nahuel y Luciano. Pero tienen a Facundo que tiene una capacidad restringida y a mí me llamó la atención que ellos planteaban donaciones iguales en sus hijos y no es lo habitual”, narró.
“Cuando se ponen bienes a nombre de una persona con discapacidad, después si yo le quiero dar rotación en el campo comercial, necesito autorización judicial. No es tan fácil resguardarle los recursos a esa persona con capacidades restringidas”, completó la escribana.
En el caso del local comercial adquirido en el edificio Independencia VI fue automáticamente cedido a Facundo Bento como propietario. Actualmente el local es alquilado a una emprendedora, que declaró como testigo el pasado 6 de junio. Mencionó que dicho alquiler que data desde el año 2021, lo renovó a principios de 2024, cuando ya estaba el juicio en marcha a través del corredor inmobiliario Germán Rodríguez Bragazzi (hermano de la escribana).
Rodríguez Bragazzi también declaró como testigo durante este miércoles y mencionó que, a través de su inmobiliaria se encargó de gestionar los alquileres de tres departamentos de los Bento en Palmares. En tanto, su madre Myriam Bragazzi, fue escribana de la familia Bento antes que María Fernanda R.B. ocupara esa función.
