El Gobierno de Alberto Fernández avisó que no está dispuesto a dar el brazo a torcer ante el reclamo del campo por el cierre de las exportaciones de maíz y que sostendrá su decisión para asegurar el abastecimiento del mercado interno.
Incluso, se negó a abrir un canal de diálogo con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un sector que venía manteniendo buena relación con la Casa Rosada y con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el CAA primó el desconcierto al principio, porque el Gobierno avanzó sin haber planteado el tema antes, a pesar de que el 14 de octubre habían acordado los ejes de una estrategia nacional agroalimentaria para aumentar la producción.
Veinticinco reuniones tuvo el CAA, en el que hay integrantes de la Mesa de Enlace, con ministros en 2020. En ninguna, dijeron desde la entidad, se había planteado una medida como la que el ministro de Agricultura, Luis Basterra, anunció el 30 de diciembre.
En el gobierno respondieron ante la consulta de este medio que el tercer punto de aquel acuerdo consistía en garantizar el abastecimiento interno y resguardar el impacto sobre los precios de los alimentos. “Y fue lo que se hizo”, dijeron. También los portavoces desestimaron que pueda haber un conflicto como el de 2008, que por entonces llevó al entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, a renunciar a su cargo.
El ida y vuelta parece un diálogo de sordos. En Agricultura ratifican que el remanente de maíz afectado por el cierre de exportaciones es de 4,27 millones de toneladas. Pero desde el CCA aseguraron que en realidad hay 8 millones, por lo que “sobra maíz” para el mercado local.
Basterra ayer no aceptó hablar con la prensa, por lo que mantuvo el silencio de las últimas tres semanas. Y hoy tampoco asistirá a la reunión de Gabinete económico que se desarrollará en la Casa Rosada a las 12:00, encabezada por Santiago Cafiero.
Quien ofició de vocero del Gobierno ayer sobre el tema fue el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. La idea oficial, expresada por él, es que no alcanza con las retenciones que paga la agroindustria y tampoco con el Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas. Según datos de AFIP, los campos representan en promedio el 2,4% del patrimonio afectado a este último impuesto.
“Una vez estos sectores tienen que pensar en el conjunto de los argentinos. Por una vez. Les ha ido muy bien. Han tenido ganancias por encima de la media de los argentinos. Tienen que pensar en el interés del país. Y el Gobierno tiene que asegurar eso y es lo que va a hacer”, dijo en declaraciones a la radio El Destape.
Katopodis agregó que con esa lógica fue que Basterra tomó las decisiones sobre el maíz. “Hay una decisión de que el esfuerzo lo hagan aquellos que pueden hacerlo. Y está claro que los empresarios pymes, los comerciantes, los laburantes hicieron un esfuerzo enorme durante todo el 2020 y no pueden más y necesitan que el Estado los apuntale y los acompañe”, dijo.
Al cese de comercialización Katopodis lo consideró como parte de las “tensiones de una sociedad”. Y señaló que “lo que está claro es que el Gobierno no se va a mover un centímetro, no lo ha hecho. Va a marcar y va a pararse defendiendo el interés del conjunto de los argentinos”.
El Gobierno está dispuesto a ir a fondo, tanto que el lunes puso en marcha un esquema paulatino de recomposición de precios de los biocombustibles, con subas programadas para el biodiesel destinado a su mezcla obligatoria y del bioetanol a base de caña de azúcar que llegará a un acumulado del 90% en mayo próximo. Pero dejó afuera al etanol de maíz. Y esto es para obligar a los productores a desistir de las medidas cautelares presentadas ante la Justicia que obligaron al Gobierno a pagar el valor del biocombustible en función de lo determinado por la normativa vigente desde 2018.
La voz opositora
El Interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio emitió ayer un comunicado en el que expresó que “cerrar la exportación de maíz es generar más pobreza”, dado que es un golpe debajo de la línea de flotación de una actividad generadora de divisas.
Desde 2016, cuando se implementaron políticas para promover la siembra de maíz, el área de siembra aumentó un 56% (a 9,4 millones de hectáreas). La producción se incrementó un 70%, la transformación de maíz en proteína animal el 52%, la industrialización subió 55%, y se duplicaron las exportaciones, dijo la oposición.
Y señaló que se generó un círculo virtuoso y sin descuidar el mercado interno. “Si el gobierno nacional no hubiera decidido cerrarse al mundo, en esta campaña podríamos exportar 10 mil millones de dólares de maíz, generando divisas y empleo en más de 20 provincias argentinas Cerrar las exportaciones va a producir el efecto contrario al buscado”, advirtió.
Este espacio dijo que “caerá la inversión, aumentará la desconfianza de los productores y se desplomará la producción. Los únicos favorecidos por esta medida serán los otros países que producen maíz y que compiten con nosotros. Ellos ya están celebrando y esperan ocupar el espacio vacío que la Argentina dejará en el mercado internacional”.
