La Pampa y Mendoza avanzan en estrategias político/judiciales en lo que respecta a diferentes conflictos por el agua. Por un lado, es sabido que el gobernador Rodolfo Suárez pidió nuevamente un laudo presidencial para que el presidente, Alberto Fernández, dictamine si puede realizarse la obra Portezuelo del Viento (sobre el río Grande) con los estudios ya realizados, ante la queja de la vecina provincia. En tanto, el gobierno pampeano avanzó esta semana con una nueva estrategia para recibir agua del río Atuel “de forma inmediata”, con la presentación de una medida cautelar ambiental ante la Corte Suprema de Justicia.
Sobre este tema del Atuel, desde Mendoza sostuvieron que La Pampa intenta “presionar” a la Justicia para que tome nuevas cartas en el asunto, en momentos en los que los avances y acuerdos entre las partes son mínimos. Advirtieron además, que sin obras públicas que optimicen el recurso hídrico, no están en condiciones de entregar agua, y reiteraron que “no se perjudicará a los regantes ni a los productores” en un contexto de crisis hídrica.
Mientras tanto, desde la Subsecretaría de Obras Públicas de Nación confirmaron a Los Andes que los avances, conforme ha pasado el tiempo, “han estado por debajo de lo esperado”, y este mes se solicitará autorización al Departamento General de Irrigación para la instalación de 13 nuevas estaciones hidrométricas para medir en términos integrales el río Atuel (más su caudal), y tener más información acabada de la grave situación hídrica que atraviesa la cuenca.
Recordemos que, en lo que ha sido un conflicto con larga historia, la Justicia determinó en julio del 2020 que se debe garantizar un caudal de 3,2 m³ por segundo de agua en el límite entre las provincias (puente Vinchuqueros).
Sin embargo, en Mendoza la interpretación realizada es que para llegar a ese caudal, en medio de una crisis hídrica casi sin precedentes, la Corte especificó que se deberán realizar obras públicas pactadas entre ambas provincias, y financiadas también con un porcentaje nacional.
Por otro lado, el ministro de Infraestructura, Mario Isgró, insistió en la idea -tal como se ha hecho en varias oportunidades – que para llegar al caudal en la actualidad, y sin nuevas obras, se debería restringir agua que hoy es utilizada por los regantes y eso no “va a ocurrir”.
“No se trata de una postura de Mendoza de no entregar agua. Lo que es cierto es que no tenemos agua para entregar, y es por eso que pretendemos acordar obras, como dijo la Corte, para poder mejorar la situación del río Atuel”, comentó.
Movimiento pampeano
Fue el propio gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien anunció esta medida judicial en redes sociales, al indicar que recurrieron a la Corte Suprema para interponer una medida cautelar ambiental para que “se cumpla la entrega inmediata de un caudal mínimo de agua de 3.2 m3/s. por parte de Mendoza hacia nuestra provincia”.
Y disparó: “Mendoza hace uso abusivo del Atuel. Aprovecha y almacena el 100% del agua y lo maneja en forma unilateral”.
Además, expresó que la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) “determinó que esa provincia podría erogar el caudal ambiental con un cambio de gestión en su sistema de embalses”.
Por parte de Mendoza, indicaron a Los Andes que anteriormente La Pampa ya había actuado con pedidos de medidas cautelares similares a la de ahora, y si bien aguardan para estudiar el documento una vez sea presentado ante la Corte, sostienen a priori que se trata de una “jugada”, por un lado para presionar mayores avances por parte de la Justicia; y por otro lado, también dejaron en contexto el malestar que generó en la provincia la aceptación por parte de la Nación para definir en un laudo presidencial si avanza o no la obra Portezuelo del Viento.
En el Gobierno rechazaron de plano que Mendoza haga un uso “abusivo” del agua del río Atuel, y expresaron que el fallo de la Corte “es claro” y que La Pampa intenta recibir el caudal “sin las obras, lo que complicaría la situación de los regantes y productores”.
“No se avanzó en obras porque la Nación dijo que las haría sólo si había acuerdos”, señaló también Fernando Gomensoro, representante del comité de trabajo de la provincia en el conflicto con el Atuel. También expresó que “las propuestas concretas de obras para mejorar la disponibilidad siempre fueron de Mendoza. Allí La Pampa dijo primero que sí y luego que no, hubo idas y vueltas”, manifestó.
Estancado
Por otro lado, desde Nación, el subsecretario de Obras Públicas, Gustavo Villa Uría, dijo a Los Andes que luego de la comisión conjunta realizada en Mendoza el mes pasado, se resolvió que se solicitará autorización a Irrigación “para la instalación en la porción mendocina de la cuenca 13 estaciones hidrométricas (tres de ellas con pluviómetría asociada, una con meteorolía asociada y una freatimétrica asociada)”.
“Adicionalmente, se prevé solicitar autorización para la instalación de 2 estaciones freatiméricas en sitios donde actualmente la Red Hidrológica Nacional ya cuenta con estaciones pluviohidrométricas”, acotó.
Para Villa Uría, hay una situación de “estancamiento y retroceso” y en parte criticó a Mendoza. “Si para poner una estación meteorológica o pluviométrica, nos tenemos que poner de acuerdo, siendo que es información objetiva, para obras públicas va a ser imposible. En ninguna otra provincia debemos pedir autorización. Necesitamos conocimiento del sistema, nada más. No queremos entrar en el derecho de Mendoza ni ninguna provincia”, lamentó.
Puntualmente recalcó que se intentará “medir aguas abajo de las represas y saber qué ocurre a ciencia cierta para que se pierda todo el caudal. La medición es un recurso esencial para la toma de decisiones y así llegaremos a ponernos de acuerdos en obras, tal como quiere Mendoza”, agregó.
Por último, respecto al conflicto político, el funcionario nacional acotó que “pareciera que se está desafiando a la Corte para que decida. Sería un fracaso de la política. Me niego a pensar que vaya a ocurrir algo así y voy a seguir trabajando para llegar a acuerdos”, culminó.
En tanto, Isgró comentó que se está atravesando un proceso “de identificar las obras para erogar más agua y llegar a los m3,2/s que se exigen; ahí arrancamos con ese trabajo que es el que venimos haciendo hoy en día”. También señaló que se avanzó en la discusión de la implementación de puestos de medición, y manifestó que “está en el espíritu de Mendoza colaborar para tener una visión objetiva de cómo está la situación, para llegar a obras que beneficien a las provincias”.
La cautelar
Según informaron desde el sitio de prensa oficial de La Pampa, la petición “requiere la suelta de manera inmediata del agua almacenada en el sistema de embalses y/o a realizar todas las acciones indispensables para garantizar la circulación dentro de la provincia de La Pampa del citado caudal -de agua del río Atuel-, a fin de detener el avance del daño ambiental y comenzar el proceso de recomposición del ambiente”.
En este sentido La Pampa afirma que la protección del ambiente ya afectado “requiere de medidas inmediatas y urgentes que detengan el daño y pongan al ambiente por sobre los intereses de un Estado. Resulta imperioso que se reconozca al ambiente como un usuario más de la cuenca y, así, todas las gestiones que se planifiquen respecto al agua disponible prevean este caudal como un uso más”, marcaron.
Se argumenta en el escrito que, en el ámbito de la CIAI, La Pampa presentó propuestas de acciones -plasmadas en el informe de fecha 18 de diciembre de 2020- que tienen como fin la implementación inmediata del caudal mínimo permanente sin la necesidad de realizar obras.
Entre ellas se encuentra “un cambio en la gestión del manejo del agua que permitirá la suelta de agua almacenada en el sistema de embalses en forma inmediata y la creación de Normas de Manejo que incluyan el Uso Ambiental”. No obstante, no han habido acuerdos respecto a las actividades a realizar, y tampoco con las obras públicas para optimizar el caudal de agua del río Atuel.
