El Congreso ingresará en los últimos 10 días de trabajo parlamentario con una agenda de importantes leyes por debatirse, tras lo cual está previsto que cierren la persiana durante enero y probablemente retomen las actividades en febrero, con el resto del temario de sesiones extraordinarias fijado por el presidente Alberto Fernández.
El Senado está abocado con dedicación exclusiva al aborto legal: ya finalizó el trabajo de comisiones, porque está firmado el dictamen, tras cuatro días consecutivos de reuniones en que se escucharon las opiniones y los argumentos de 54 expositores, y ahora el proyecto está listo para ser debatido en la sesión del martes 29.
Antes, entre el lunes y el martes, la comisión de Acuerdos, que preside la camporista mendocina Anabel Fernández Sagasti, tratará pliegos del Poder Ejecutivo Nacional, entre los cuales se destaca la designación como juez del juzgado federal de primera instancia Nº1 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a Alejo Ramos Padilla, el juez que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal que afectan al macrismo.
La importancia de esta designación no es solamente el juez, considerado un adversario por Juntos por el Cambio (JPC), sino que se trata nada menos que del juzgado con competencia electoral. Ramos Padilla es actualmente juez federal de Dolores, Provincia de Buenos Aires.
Todavía no se sabe si estos acuerdos —además del de Ramos Padilla hay otros 14 más— será incluidos en la sesión del 29, en que se tratarán el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y el plan de los 1.000 días, ambos ya con media sanción.
Diputados, por su parte, tendrá el mismo día de la sesión del aborto del Senado su propia sesión en la que se tratará, con prácticamente la certeza de que se convertirá en ley, la controvertida nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
Esa forma de actualización fue propuesta por el oficialismo, con la anuencia del Gobierno, y establece que las jubilaciones subirán por un índice que ya no está compuesto por la inflación, como era la fórmula que a duras penas y con caos en las calles había sancionado el Congreso a instancias del gobierno de Mauricio Macri, y que al asumir Alberto Fernández la suspendió.
La nueva fórmula del oficialismo —combina en un 50% la recaudación de la Anses y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE)— pondría dictamen el próximo miércoles 23 o el lunes 28, un día antes de la sesión, en un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda.
Pero, además, los diputados podrían convertir en ley otro asunto, el proyecto de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, cuyo principal interesado es el ministro de Economía, Martín Guzmán, y que obtuvo la media sanción del Senado en la sesión del 30 de noviembre pasado.
En dicha sesión Juntos por el Cambio (JPC) podría solicitar la interpelación del ministro de Salud, Ginés González García, a quien le llueven las críticas por el manejo de la pandemia, pero, en particular, por la información confusa sobre la adquisición de las vacunas para prevenir la Covid-19, por parte del Estado argentino.
Dos temas sin tratar
Por falta de votos en la Cámara de Diputados, quedó en suspenso el tratamiento de dos proyectos que ya aprobó el Senado y que son de especial interés para el oficialismo.
Uno de ellos es la ley de reordenamiento de los tribunales federales, que integra el paquete de la reforma judicial, y cuyo rechazo fue anticipado por el peronismo no kirchnerista, el progresismo santafesino y otros bloques opositores no cambiemistas, sin los cuales el Frente de Todos (FDT) no llega al número para la sanción.
El otro proyecto es la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF), que establece que el procurador general de la Nación puede ser designado de una manera más fácil, porque les pone fin a los dos tercios de los votos de los senadores presentes en sesión para pasar a la mayoría absoluta, es decir la mitad más uno de los integrantes de la Cámara.
El oficialismo no tiene los dos tercios pero sí la mayoría absoluta, y esa es la razón del proyecto: poder nombrar al jefe de los fiscales federales sin tener que negociar con JPC ni el interbloque parlamentario Federal, que preside Juan Carlos Romero, y que también ejerce una dura oposición.
Pero esta ley, al igual que la de Comodoro Py, tampoco encuentra apoyo en la oposición aliada en la Cámara Baja. Por lo tanto, ambas están empantanadas.
De manera tal que por lo menos durante 2020 no habrá novedades sobre el MPF ni sobre el candidato presidencial a jefe de los fiscales federales, Daniel Rafecas.
