La oposición gesta una mayoría para voltear el DNU de 366 artículos que derogó y modificó numerosas normas, y exige al presidente Javier Milei que lo transforme en proyectos de ley para su discusión en sesiones extraordinarias. Esa premisa unió este jueves a Unión por la Patria con la UCR, la Coalición Cívica y el bloque Cambio Federal, que lidera Miguel Pichetto.
La Libertad Avanza corre el riesgo de que la oposición junte fuerzas para enterrar la medida. No solo sería una pésima noticia para Milei en un gobierno recién iniciado, sino que además sería la primera vez que el Congreso anula un decreto de estas características desde 2006, cuando se sancionó la Ley 26.122, que reguló el trámite de los DNU.
La complejidad del DNU es que no tiene medias tintas: el Congreso solo puede ratificarlo o rechazarlo. Es decir, no se puede modificar el texto, como sí se podría en un proyecto de ley. Por eso es que la discusión de estas horas no pasa por el contenido, con el que muchos opositores están de acuerdo, sino por las formas y los tiempos.
Desde el extinto interbloque Juntos por el Cambio no encuentran razón para que Milei haya esquivado el debate cuando muchos acompañan “en un 90%” las reformas. El gesto es interpretado, también desde el peronismo, como el segundo ninguneo por parte del presidente después de haber brindado su discurso de asunción de espaldas al Congreso.
En ese sentido, este jueves llegó a manos del titular de Diputados, Martín Menem, el antecedente de un “mega DNU” firmado por Mauricio Macri en 2018 que también apuntaba a desburocratizar el Estado. Ante el rechazo opositor, el gobierno de ese entonces se vio obligado a dar marcha atrás y dividir el DNU en tres proyectos de ley.
Eso no es lo que ocurriría ahora. Así lo afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos, tras pasar este jueves por la oficina de Menem, por la que también desfilaron diputados como Miguel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Margarita Stolbizer. Según Francos, seguirán adelante con el DNU a pesar del peligro que corre tanto en el Congreso como en la Justicia.
Para invalidar el decreto, el primer paso es constituir la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Pero las negociaciones están trabadas, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde no se termina de acordar la distribución de las ocho sillas totales y el peronismo puja por no perder lugares, como le sucedió en el Senado.
En la Cámara alta ya se votó que la agrupación de La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y bloques federales (aquella mayoría de 39 que debutó en la primera sesión) tendrá cinco de los ocho cargos, mientras que al peronismo le quedaron solo tres. La presidencia de la bicameral le correspondería este año a un senador.
Una vez que la bicameral emita dictamen, el debate pasa a los recintos. Para dejar el decreto en pie, resulta suficiente con la aprobación de alguna de las dos cámaras, mientras que para derogarlo se requiere el voto negativo de ambas. Se vota por mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes.
Lo cierto es que aún no se oficializó el llamado a extraordinarias, y aunque la bicameral puede reunirse sin esa formalidad, hay interrogantes abiertos sobre lo que puede pasar. ¿Incluirá Milei el DNU en el temario de extraordinarias? ¿Podría tratarse en el recinto aunque no figure? ¿O el debate se postergará para marzo? Hay bibliotecas divididas sobre el tema.
Clima adverso
En el tercer piso del Congreso, el bloque de Unión por la Patria, liderado por Germán Martínez, recibió a la cúpula de la CGT, representada por Héctor Daer y Carlos Acuña; a la CTA de los Trabajadores, liderada por Hugo Yasky; y la Corriente Federal de Trabajadores. Se acordó mantener el estado de alerta y trabajar en conjunto.
Daer advirtió que “lo más grave es que se modifiquen o se deroguen 300 leyes en forma totalmente autoritaria”, y le reclamó a Milei “que retrotraiga el DNU, que mande los proyectos de ley y que se respete la división de poderes”.
La UCR, donde hace días asumió el senador Martín Lousteau, también instó a Milei a que convoque a extraordinarias “con el fin de poder analizar en detalle las distintas propuestas en el ámbito que corresponde, el Parlamento”, ya que “esto permitirá debatir todas las iniciativas en profundidad y acompañar aquellas que sean positivas para los argentinos”.
También se pronunció Pichetto, jefe del bloque Cambio Federal. “Esto es una República. El presidente debe gobernar con el Congreso, no contra el Congreso. Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por ley, y seguramente muchas podrían tener su aprobación”, opinó.
En tanto, la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y el titular del partido, Maximiliano Ferraro, encararán “la evaluación pormenorizada de cada ley derogada o modificada, ya que el presidente, pudiendo llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optó por arrogarse facultades legislativas”.
Por el contrario, el PRO no hizo reparos a la legalidad del decreto, e incluso algunos salieron a celebrarlo, como el economista Luciano Laspina, que elogió el trabajo de Federico Sturzenegger. “Fue un trabajo enorme originalmente preparado para nuestro gobierno, que LLA tuvo la valentía de ejecutar. Elimina de un plumazo cientos de prebendas arrancadas a los gobiernos por lobbies sindicales y corporativos”, destacó.
