La tensión que hasta ahora se vivía internamente en el Consejo de la Magistratura de la Nación por el caso Walter Bento terminó de salir a la superficie.
Jimena de la Torre, consejera que integra la comisión de Acusación del organismo, envió una nota a la presidenta de la comisión de Disciplina, María Inés Pilatti de Vergara, solicitando formalmente que “dado el tiempo transcurrido, convoque a la mayor brevedad posible” a una reunión para resolver el traspaso del expediente del juez mendocino y de otras causas de mal desempeño contra magistrados que no pueden avanzar si esto no ocurre.
El traspaso en cuestión no tiene plazos reglamentarios y está pendiente desde hace un mes, última vez que hubo reunión plenaria en el Consejo de la Magistratura. En ese encuentro se produjo una controversia entre sus integrantes por el manejo de las causas más graves que todavía no se resolvió.
“Eso depende de Pilatti de Vergara, quien tiene que resolver la remisión del expediente a la comisión de Acusación y no lo hace, por alguna razón bastante obvia”, disparó ante la consulta de este diario una fuente del Consejo de la Magistratura, en alusión a que la senadora kirchnerista estaría protegiendo al juez en el proceso de mal desempeño.
Bajo el “control” de Pilatti
El caso Bento permanece bajo el “control” de Pilatti debido a que, hasta hace poco, las comisiones de Disciplina y Acusación eran una sola y ese organismo agrupaba todos los cuestionamientos contra jueces.
Sin embargo, meses atrás, luego del largo conflicto que paralizó al Consejo de la Magistratura, se decidió dividir las comisiones en dos. De acuerdo al nuevo reglamento, Disciplina retendría los expedientes en los cuales los magistrados podrían recibir sanciones leves (unos 200), mientras que Acusación trataría aquellos que pueden derivar en la remoción del juez (alrededor de 50). En este paquete se encuentra la causa Bento.
Justamente al frente de Acusación quedó el diputado del PRO Pablo Tonelli, miembro informante del caso Bento. El legislador tiene listo un dictamen acusatorio del magistrado mendocino, pero no puede avanzar en el proceso hasta que no reciba el expediente.
Un elemento a tener en cuenta es que en la comisión de Acusación no hay jueces, mientras que en la de Disciplina sí. En esta última se encuentra, por ejemplo, Alberto Lugones, quien tiene una relación de amistad con Bento.
Otro punto a observar es que los consejeros actuales, Tonelli incluido, cesarán en sus mandatos a mediados de noviembre, con lo cual tal vez alguien esté pensando en dilatar el proceso hasta que cambie la composición de la Magistratura.
Pilatti de Vergara, la legisladora chaqueña que acusan de defender a Bento, fue consultada por Los Andes, pero no respondió a la inquietud periodística. En los últimos días circuló la versión de que podría demorar dos semanas en realizar la convocatoria que le reclaman para destrabar el proceso. “Recién dentro de dos semanas, eso es una locura”, dijo un miembro del Consejo. Pero ni siquiera esta presunción fue confirmada por alguna fuente.
La nota de la discordia
Aunque la solicitud de traspaso a la comisión de Acusación abarca unos 50 casos de jueces con denuncias graves, la nota formal de De la Torre, quien milita en Juntos por el Cambio, consignó específicamente el caso Bento.
“Le hago saber que, en el ejercicio de la representación de los abogados de la matrícula federal para la que fui electa, me reuní con las autoridades del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza que me expresaron su preocupación por la situación del juez federal en funciones”, expresa el texto dirigido a la senadora Pilatti, que fue emitida este miércoles.
En efecto, tal como publicó Los Andes el domingo, De la Torre vino a Mendoza la semana pasada y recibió un reclamo de “celeridad” del Colegio de Abogados local respecto de la causa de Bento. “Esto genera inconvenientes, la causa no puede estar en un limbo”, le dijeron los abogados de Mendoza a De la Torre.
En este sentido, hay que recordar que al Consejo de la Magistratura le corresponde resolver si el titular del Juzgado Federal Número 1 debe o no ser sometido a un Jury de Enjuiciamiento para definir si puede seguir siendo juez o cesa en el cargo. Si Bento fuera a Jury, el primer paso sería la suspensión del magistrado.
La causa se encuentra en la Magistratura hace más de un año sin resolución, a pesar de que los consejeros Tonelli y De la Torre consideran probado el mal desempeño. El miembro informante de la causa Bento terminó de convencerse de avanzar luego de recibir una pericia contable en la que se detectaron “inconsistencias” en la situación patrimonial del juez.
Bento y su familia tienen muchas propiedades y bienes, pero además lo comprometen sus numerosos viajes al exterior.
En consecuencia, Tonelli está preparado para someter a votación en la comisión de Acusación el dictamen acusatorio y citar al juez a declarar, pero para ello, como se dijo, primero debe tomar el control del expediente.
En contraste al estancamiento y la tensión en la Magistratura, en la faz penal, el juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas ha emitido muchos pedidos de prisión preventiva contra Bento por considerar probado que lideraba una asociación ilícita que se dedicaba a conceder beneficios judiciales a cambio de coimas.
Sin embargo, el juez no puede ir preso porque tiene fueros y seguirá impartiendo justicia mientras no se resuelva el caso de mal desempeño en el Consejo de la Magistratura. El punto final del proceso aquí sería una votación plenaria en la que se resolvería la suspensión o no del magistrado, como paso previo al Jury de Enjuiciamiento.
La nota enviada por De la Torre a la comisión de Disciplina detalla en este sentido que sobre Bento pesa un auto de procesamiento firme en el cual se lo acusa por los delitos de asociación ilícita, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y lavado de activos.
“Son causales que podrían dar lugar a la apertura de la instancia ante el Jurado de Enjuiciamiento”, indica la consejera, quien además destaca en su nota que la situación “reviste gravedad institucional evidente y perjudica el normal servicio de justicia, conforme oportunamente lo ha informado la propia Cámara Federal de la jurisdicción”.
