El Gobierno provincial reglamentó la ley del Consejo Económico, Ambiental y Social y se aguarda que en un plazo no mayor a dos meses pueda llamarse a la primera reunión en Mendoza de organismos de todo tipo, para tratar los temas importantes de la provincia. Sin embargo, ante las quejas de la oposición ahora aparecen algunos gremios, quienes aseguran también que la norma llegó “tarde por la pandemia”, mientras que otros aseguran que intentarán participar.
La propuesta, que fue una promesa de campaña del actual mandatario, fue reglamentada en un trabajo que estuvo a cargo de los ministros Víctor Ibáñez (Gobierno) y Enrique Vaquié (Economía). El proyecto fue aprobado a mediados de año y se aguardaba este decreto para terminar de formalizar su funcionamiento, con su reglamento interno.
Según marca la reglamentación, “todos los representantes del Consejo Económico, Ambiental y Social deberán ser designados en un plazo no mayor a 60 días corridos desde la publicación de la presente reglamentación”.
Por parte de los gremios se realizará una convocatoria “a las dos centrales obreras principales para invitarlas a que en forma conjunta, designen los cinco representantes del sector, debiendo pertenecer cuatro de ellos al sector privado y uno al sector público”.
“Las centrales obreras deberán convocar a todas las asociaciones gremiales que según la Dirección Nacional de Asociaciones Gremiales tengan personería para actuar en Mendoza y cumplan con los requisitos”, establece el decreto.
A favor y en contra
Más allá de la reglamentación, hay algunos sindicatos que piden pista para participar. Es el caso de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), quienes marcaron algunas dudas, ya que el gremio no pertenece a ninguna central obrera, por lo que entienden que no estarían invitados al Consejo.
“Nosotros queremos participar y sumar nuestra opinión. Me parece que si nos dan la posibilidad esa es nuestra lucha”, declaró Claudia Iturbe, secretaria gremial de Ampros, quien marcó la “necesidad” que la voz del gremio esté, teniendo en cuenta que se está atravesando una pandemia y el ámbito de la salud es el más importante en estos momentos para combatirla.
“Esperamos que sean comisiones con poder de decisión, porque si La decisión pasa por 2 o 3 personas no quisiéramos participar. Queremos que las comisiones tengan poder de decisión”, advirtió.
Por otro lado, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el secretario general, Roberto Macho, consideró que es “muy poco” que haya un solo representante de sindicatos del Estado, pero a su vez agregó que “plantear la realidad de lo que está pasando y que esté la voz de los trabajadores estatales, es muy importante. Todo espacio de discusión será de ayuda para la integración y para la democracia. Iremos con una postura muy firme sobre la realidad de los mendocinos”, razonó.
Quien sí adelantó que no participará del Consejo fue la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), bajo la conducción de Gustavo Correa. El dirigente gremial comentó que “todo llega tarde en este Gobierno” y destacó que luego de 6 meses de atraso se marca a las claras que “no hay una política clara en la gestión de Suárez”.
“En todos lados hubo comités de crisis. Acá todavía discutimos quiénes participan y quienes no. Nosotros no vamos a participar desde este espacio, porque no tiene ninguna legitimidad para arrancar 7 meses después de cuando se debería haber armado. Lo pedíamos junto con empresarios, trabajadores y demás organismos para pensar cómo atravesar la pandemia juntos y de la mejor manera”, aclaró.
En tanto, Luis Márquez, titular de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Mendoza, afirmó que hay “muy poco espacio para los gremios” y que además la cantidad de integrantes del Consejo “es altísimo”.
“Creemos que no habrá debate ni conclusiones positivas, todo esto llega muy tarde cuando tenemos la mayoría de las actividades con problemas, con suspensiones y despidos”, finalizó.
