La postura en torno al Consenso Fiscal 2022 no se decidió unilateralmente en cada provincia, más allá de lo que cada mandatario ya tenía craneado. Una reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que se extendió por más de dos horas, terminó de abrochar una conclusión unificada.
Rodolfo Suárez (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Morales (Jujuy) y Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) tienen el apoyo de la coalición en la que conviven la Unión Cívica Radical (UCR) y el Pro en gran mayoría. El alcalde porteño no firmará y el resto, se comprometió a no subir impuestos. En Mendoza, Suárez recibió críticas por ir a la Casa Rosada a reunirse con el presidente Alberto Fernández.
En la sede de San Telmo del Pro se terminó de cocinar el tema del Consenso Fiscal porque los cuatro mandatarios no tenían una decisión unificada. En realidad, el que se desmarcó primero que nadie y no retrocederá en su postura es Rodríguez Larreta quien no irá a firmar.
El motivo tiene que ver con una de las cláusulas del pacto en donde entran en juego las demandas judiciales contra la Nación y ahí en CABA no están dispuestos a mover un ápice de la demanda que está en la Corte Suprema de Justicia contra la Nación por la quita de un punto de coparticipación.
“Este consenso fiscal tiene una exigencia que es suspender las acciones judiciales, los reclamos judiciales contra el Gobierno nacional y nosotros tenemos un reclamo muy importante que presentamos ante la Corte Suprema de la Nación por una quita intempestiva e inconstitucional” de coparticipación, indicó el Jefe de Gobierno.
Además de los gobernadores radicales, en el encuentro estuvieron Rodriguez Larreta, Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, Cristian Ritondo, Mario Negri y Martín Lousteau, entre otros dirigentes.
La empatía con los votantes y con las realidades provinciales
Los gobernadores tienen préstamos con la Nación a negociar y realidades económicas diferentes. “Si no firmás, te los ejecutan inmediatamente y tanto Mendoza, como Corrientes y Jujuy no quieren que les ejecuten ese dinero”, indicaron desde la coalición a Los Andes.
La administración mendocina tiene en este punto, los préstamos que le dio la Nación por la pandemia (cerca de $5.000 millones), además de otros por Anses. Y en un gesto de acercamiento para no tensar la relación, debajo del brazo hay $20.000 millones con organismos que dependen de la gestión que conduce el Presidente, como es por ejemplo el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (Fffir).
“Con esto nos permite acercarnos a nuestros votantes que no les había caído bien el tema y está el compromiso de no aumentar los impuestos”, agregaron luego del cónclave.
El tema impositivo no es menor porque con los pactos fiscales anteriores, no podían subir tasas provinciales justamente para bajar la presión fiscal. “Ahora Fernández con estas máximas concesiones les deja subir, como lo hizo en 2020, 2021 y ahora para el 2022″, ironizó un dirigente.
El espaldarazo de Juntos por el Cambio a sus mandatarios de alguna forma frena las especulaciones en torno a las internas por el Presupuesto 2022 que se rechazó, y no todos estuvieron de acuerdo. “Todos tienen el aval, desde Larreta que no va a ir, como los otros tres que tienen préstamos y además se comprometieron a su subir impuestos, aun teniendo la posibilidad de hacerlo”, aclararon.
Mendoza ya había anticipado sus argumentos
Desde el Gobierno provincial habían dicho días atrás que el objetivo principal de la participación de gobernador Rodolfo Suárez tiene como fin mantener una buena relación con la Nación, ya que hay un monto interesante de dinero a negociar. Si bien no está atado directamente al pacto fiscal, no se quieren herir susceptibilidades. Hay unos $20.000 millones en el medio que vencen en 2022.
Esta nueva propuesta de consenso abre la vía a las provincias a aumentar impuestos (tales como Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos) por encima de lo acordado en el consenso fiscal 2017, así como también implementar un nuevo “impuesto a la Herencia”, pero en Casa de Gobierno anunciaron que Mendoza “no se crearán ni aumentarán impuestos”, y se ratificará la ley Impositiva votada a comienzos de noviembre por la Legislatura para el 2022.
Las críticas vinieron del propio riñón
“Si Mendoza se suma al Pacto Fiscal bajará el nivel de inversiones y la generación de empleo”, largaron los ex Cambia Ya y empresarios liberales que apoyan al Gobierno. Los diputados nacionales Omar De Marchi y Álvaro Martínez (Pro) aseguraron que “ese pacto avala la creación y suba de impuestos en las provincias”, pese a la insistente aclaración del Gobierno provincial y el compromiso ante la cúpula de Juntos por el Cambio.
Los liberales le piden públicamente a Suárez que “suspenda” la firma del mismo “hasta tanto las graves consecuencias de hacerlo sean discutidas y analizadas en la Legislatura de Mendoza en consulta con las fuerzas empresariales y productivas de toda la provincia”.
Las diputadas Josefina Canale, del Partido Demócrata Progresista (PDP) y Hebe Casado del PRO, Julio Totero, industrial metalmecánico que representa al MID y el bodeguero Rodolfo Vargas Arizu, de +República, advierten a través de un documento, que de firmarse el nuevo Pacto Fiscal por parte del gobernador de Mendoza “el aumento de la presión fiscal sobre el sector privado impactará en los niveles de inversión, el crecimiento y la generación de empleo de calidad en el país”.
El Consenso Fiscal es el segundo encontronazo que tienen los liberales con Suárez porque hay que recordar la resistencia que hubo ante la confirmación de que Nora Vicario asumiría en el ministerio de Cultura y Turismo luego de la salida de Mariana Juri.
“Una cosa es tener gente de confianza y otra a alguien que conozca profundamente los temas”, había dicho el empresario vitivinícola semanas atrás.
Álvaro Martínez, presidente del Pro local se apalancó en los dichos de Omar De Marchi para criticar a Suárez porque “nos comprometimos a otra cosa, no es momento de firmar este consenso que tiene olor a extorsión”.
“El camino es el que viene haciendo la provincia bajando impuestos y no consintiendo que se aumenten”, agregó por Twitter.
El ex intendente de Luján advirtió que “el camino es bajar el gasto público, no seguir asfixiando a los contribuyentes”. Y aseveró que “el Gobernador no debe firmar”. Y en el Gobierno provincial no habrían causado la mejor impresión estas expresiones, más aun cuando el Pro nacional respaldó la firma.
Los chispazos se siguen suscitando porque hace apenas unos días, De Marchi salió a cuestionar duramente la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que el Gobierno provincial implementará en Mendoza al considerarla “una exigencia absurda”. Al parecer la convivencia entre radicales y amarillos no pasa por su mejor momento.
Por otra parte, también Portezuelo del Viento se metió en la discusión porque los liberales critican el hecho de querer acortar distancias con Nación cuando “desde la Secretaría de Provincias, dependiente del ministerio del Interior su titular, Silvia Batakis, acaba de hacer un regalo navideño al gobernador de La Pampa, al anunciar la paralización indefinida de Portezuelo del Viento, hasta la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental solicitado por esa provincia”.
La semana pasada ingresó un pronto despacho en la Casa Rosada para apurar al presidente Alberto Fernández para que laude. El trámite lo presentó el gobernador Rodolfo Suárez con la intención de que el Presidente defina si hay que hacer o no un nuevo estudio de impacto ambiental. Los plazos empezaron a correr y se espera alguna definición al respecto.
