El Frente de Todos de la provincia insiste con la idea de la creación de un registro de voluntarios para que salgan a controlar los precios, en momentos en los que ya rige la medida con la que el Gobierno nacional dictaminó el congelamiento de 1.432 artículos con precios retrotraídos al 1 de octubre, y que regirán hasta el 7 de enero del 2022.
Fue precisamente la senadora provincial del Frente de Todos, Cecilia Juri, quien recordó un proyecto presentado meses atrás para crear el “Programa Provincial de Control de Precios”, que no avanzó en la Legislatura por falta de apoyo del oficialismo. “Ahora admite que no está ‘en condiciones’ para controlar comercios y precios de productos”, destacaron desde el frente opositor.
Ese proyecto, en tanto, creaba en su artículo 7 “un registro de ciudadanos/as voluntarios/as, abierto a todas aquellas personas físicas que deseen colaborar en las tareas de fiscalización y control de precios”.
Es con esa iniciativa y las medidas que se creaban en ese programa que el peronismo salió a criticar al Gobierno provincial, teniendo en cuenta que en el Poder Ejecutivo sostuvieron que “es imposible, controlar un universo de 10 mil comercios, con la estructura que tienen todos los organismos de control, porque es una medida extra que no tiene nada que ver con las tareas que ya tiene programadas Mendoza”.
“manifestamos nuestra preocupación por esta falta de respeto de no enviar en tiempo y forma cuáles son las condiciones en que se tienen que fiscalizar este programa, es una cuestión de respeto por el federalismo”, expresó el viernes pasado el titular de Fiscalización y Control de Mendoza, José Cortez.
Recordemos que la semana pasada, la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Roberto Feletti, dictó la Resolución 1050 que establece, hasta el 7 de enero de 2022, la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor final para todos los productores, comercializadores y distribuidores de 1.247 productos publicados online y otros 59 que no están identificados.
Al mismo tiempo, requiere a las empresas a “incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada” y a “arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida”, buscando evitar de esta manera que haya escasez.
Mientras tanto, el gobernador Rodolfo Suárez calificó la medida como “una política electoralista e improvisada” y sostuvo que “ojalá no haya escasez ni se disparen más (los precios) después de las elecciones”.
Ayer, por otro lado, la organización peronista La Cámpora defendió el congelamiento de precios impulsado por el Gobierno y consideraron a través de un documento que “en un contexto de salida de la crisis es irresponsable la postura de ciertos empresarios de generar beneficios extraordinarios a costa del hambre del pueblo”.
