El Gobierno provincial descartó “absolutamente” la posibilidad de elevar el porcentaje de fondos que reparte entre los municipios en concepto de coparticipación municipal. De esta manera, eliminó cualquier chance de solucionar el tironeo por los recursos entre los intendentes con una entrega al conjunto de los departamentos de una porción mayor de fondos, opción que iría en detrimento de la cifra que maneja hoy el Poder Ejecutivo.
Actualmente el Gobierno se queda con el 81,2% de la torta general de fondos que recibe la Provincia en concepto de coparticipación federal de impuestos y por recaudación de impuestos provinciales.
Los municipios, en consecuencia, reciben el 18,8% del total general, salvo en el caso del Impuesto Automotor, que coparticipa el 70%; y las regalías petroleras, de las cuales se distribuyen el 12% exclusivamente entre las comunas productoras.
Los intendentes protagonizan desde fines del año pasado una disputa intensa por ese 18,8%. Sucede que el Censo nacional realizado en 2022 modificó el índice poblacional de cada distrito y por ende cambió el criterio de distribución del 65% de esa masa total.
En otras palabras, por tener mayor o menor población, hubo intendentes “ganadores” (Luján y Maipú) y “perdedores” (Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén y San Rafael). El Gobierno provincial, desde entonces, viene anunciando que modificará el “coeficiente de de desarrollo regional”, un índice de la coparticipación municipal que existe desde 1996 para nivelar a las comunas en cuanto a los fondos. Ese coeficiente rige el 10% de toda la masa coparticipable.
Pero sucede que el reclamo por las cifras del Censo 2022 abrió un frente de pelea protagonizado por el intendente de Luján, Esteban Allasino; y ha impulsado otros reclamos adicionales de dinero en los departamentos. En concreto dos. El del rivadaviense Ricardo Mansur, quien pide una mayor porción de recursos porque ha caído a la mitad la producción petrolera, por un lado. Y el del capitalino Ulpiano Suárez, quien pretende un aumento millonario del Fondo Compensador del municipio, que está desactualizado.
Esta olla a presión derivó en la idea del justicialismo mendocino, avalada por el conjunto de los intendentes de ese partido, que es retocar la “masa de distribución primaria”. Ese índice fue elevado por última vez en 2009, cuando el gobernador de la provincia era el peronista Celso Jaque. En aquella gestión, la masa primaria pasó del 14 al 18,8%, porcentaje que rige en la actualidad.
Pero este miércoles, el Ministerio de Hacienda, que todavía no termina definir los cambios que hará en el coeficiente de desarrollo regional para redistribuir la plata que les toca a los intendentes, rechazó de plano la iniciativa del PJ. “Somos las provincia que más coparticipamos a los municipios”, argumentaron desde ese ámbito, blanqueando la resistencia del Gobierno a perder fondos para favorecer a los intendentes.
DEFENSA PERONISTA DE LA PROPUESTA
La senadora justicialista Mercedes Derrache, quien responde directamente a la presidenta del partido e intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, fue quien se hizo cargo de oficializar el pedido de un aumento en la masa primaria de la coparticipación municipal.
“No es suficiente lo que se reparte porque los municipios actuales ya no son los de los ‘90, se ocupan de más cosas que el barrido, la recolección de basura y el alumbrado”, explicó la legisladora. Y usó argumentos del propio gobernador Alfredo Cornejo, quien desde el comienzo de la gestión viene pidiendo que los intendentes se involucren más en la lucha contra la inseguridad y el lunes reclamó específicamente que colaboren con medidas.
“Si un municipio no tiene alumbrado público correcto es obvio que está contribuyendo a un clima de inseguridad. Si un municipio no exige cerrar los baldíos o limpiarlos de yuyos, es un aguantadero”, afirmó el gobernador en una visita al Hospital Central.
Tras estas palabras, Derrache pidió que Cornejo cumpla hacia adentro de la provincia con el “federalismo” que le reclama a la Nación e incluso indicó que en la discusión se tenga en cuenta a los intendentes que tienen menos vecinos pero más superficie para cubrir con servicios, para que el desarrollo sea “armónico”.
Aunque se menciona con insistencia que la pretensión del PJ es elevar la coparticipación primaria del 18,8% al 25%, Derrache evitó dar una cifra. “El número lo estamos estudiando”, afirmó.
Asimismo, en la propuesta del justicialismo se incluye el pedido de que la coparticipación municipal tenga un goteo similar al de los fondos nacionales, que ingresan diariamente a las arcas de la Provincia. “A las comunas se les liquida por quincena y los fondos de cada quincena se dan en cuotas”, se quejó la senadora.
Derrache también contrastó con el Gobierno provincial al analizar el cuadro nacional. Contra lo manifestado desde el Ministerio de Hacienda, donde dicen que Mendoza es la provincia que más fondos coparticipa con los intendentes, la legisladora justicialista señaló que en Córdoba y en San Luis el reparto alcanza al 20%. Agregó que en Santa Fe también hay una mayor coparticipación de determinados impuestos: se reparte el 100% de la recaudación por Ingresos Brutos, por ejemplo.
“Lo que no me gusta es el no rotundo y no sentarse al diálogo, pero igual vamos a seguir insistiendo”, afirmó la senadora peronista.
UN PROYECTO DEMORADO
Mientras crece el debate político, el Gobierno provincial sigue demorando el desembarco en la Legislatura del proyecto para corregir desniveles entre los municipios. “No sé, esperemos que entre la semana que viene”, dijo este miércoles un vocero oficialista ante la consulta de este diario.
Según el Gobierno, la modificación del coeficiente de equilibrio de desarrollo regional se justifica porque es apenas un “atenuante” de los cambios en la distribución de la coparticipación municipal que provocó el Censo.
Cornejo les había advertido a los intendentes oficialistas, tiempo atrás, que los pataleos de los jefes comunales por la coparticipación municipal podían derivar en un planteo opositor para elevar el porcentaje de la distribución primaria, algo que nunca estuvo en los planes del Poder Ejecutivo.
La profecía del gobernador efectivamente se cumplió y ahora el peronismo busca seducir a los intendentes “no cornejistas” para que acompañen su reclamo. “No somos la provincia más generosa, pero sí la que más exige”, afirmó uno de ellos, ante la consulta de Los Andes.
En el medio, hasta aquí, el Poder Ejecutivo recibió un reclamo administrativo de dos intendentes radicales disconformes con la distribución de los fondos según el Censo: Diego Costarelli (Godoy Cruz) y Francisco lo Presti (Las Heras). Según algunos borradores, el de Godoy Cruz sería el que mejores réditos le sacaría a la corrección de los desequilibrios que propondría el Gobierno.
Por su lado, Esteban Allasino, de Luján, tras vencerse su reclamo administrativo por la “deuda histórica” que sostiene que existe con su municipio en materia de coparticipación, presentó una demanda ante la Corte provincial. Es el departamento que, en los borradores, más fondos perdería por la corrección que planea el Ejecutivo.
El otro intendente que está cerca de acudir a tribunales es Suárez, cuyo planteo es la actualización de un fondo compensador con recursos que provee el Poder Ejecutivo y que no se modifican desde 2010. El capitalino presentó hace poco un “pronto despacho” en el Gobierno en reclamo de la actualización.
Suárez pretende que ese fondo alcance el 2,5% de la masa coparticipable (casi 7.200 millones de pesos) entre este año y el que viene. Cualquier otro ofrecimiento no alcanzará para evitar que el jefe comunal hago el reclamo ante la Justicia.
