Esta semana el Gobierno provincial logró apaciguar una discusión que se mantuvo en agenda desde enero a esta parte: la coparticipación municipal. Con la sanción de la ley de reforma fiscal, que incluía la modificación del coeficiente de equilibrio de desarrollo, los intendentes del Gran Mendoza cedieron en sus reclamos y solo quedó Ricardo Mansur, de Rivadavia, en pie de lucha con vistas a judicializar el conflicto.
Mientras tanto, el plan de convocar al Congreso Municipal para que los intendentes debatan entre ellos una nueva ley de coparticipación sigue latente y sucederá en el semestre entrante, ratificó el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, a Los Andes.
Según la Ley 6396, los recursos de la “copa” se distribuyen en un 65% por “proporción directa al total de la población de cada departamento”, mientras que otro 25% se reparte en partes iguales entre los 18 departamentos y un 10% restante se propone corregir las asimetrías que existen entre los que más ganan y los que más pierden.
La principal diferencia es que la ley sancionada el pasado martes por el Senado, desarticuló la división regional que tenía el coeficiente (tres grandes bloques de departamentos similares en cantidad de habitantes) y pasó a municipalizarla. “Créase el Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Municipal, que tiene por finalidad equilibrar el impacto de las diferencias en las tasas de crecimiento demográfico y nivelar las sumas que perciben por habitante, departamentos con similares características”, dispuso el Capítulo 3 de la norma.
Si bien Rivadavia ya era el más perjudicado en el reparto de ese 10% de la coparticipación, reconocido por el propio ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, Luján de Cuyo y Maipú también pusieron el grito en el cielo con la modificación impulsada por el Ejecutivo, ya que afectaba sus arcas por el impacto a favor que tuvo el crecimiento demográfico entre el Censo 2010 al 2022.
En contrapartida, Godoy Cruz, Rivadavia y Malargüe, son los tres que se vieron más afectados por los cambios censales. Muy cerca estuvieron Las Heras y Guaymallén, que en líneas generales con la comuna de Diego Costarelli, fueron los que más pesos perdieron con la nueva distribución. Por lo que se apostó a corregir las asimetrías con el nuevo coeficiente.
El gobernador Alfredo Cornejo reiteró en varias ocasiones que “los que ganaban mucho, no ganan tanto y los que pierden mucho, no pierden tanto” con ese proyecto, ante las suspicacias de favoritismos por los tres municipios de Cambia Mendoza; en desmedro de Luján y Maipú, pertenecientes a La Unión Mendocina y al PJ, respectivamente.
Lo cierto es que el tratamiento legislativo se tornó tedioso, desde aquel 10 de abril en que el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, presentó la iniciativa en la Casa de las Leyes. Pero la resistencia de la oposición logró atenuar las afectaciones en pleno debate de la Cámara de Diputados y se produjeron cambios que sirvieron para destrabar la media sanción.
En el reparto del 10%, el proyecto original le imponía un coeficiente de -0,247 para Luján y luego se acordó asignarle un 0,324 más, para que se ubique finalmente en 0,077. Mientras que Maipú recibía un 0,640 y se le ponderó un 0,133, para afirmarse en 0,773. Esa distribución no se modificó en el Senado y fue la que resultó aprobada como ley, el pasado martes.
De este modo, según datos aportados por una fuente legislativa, con una coparticipación total proyectada de $290.081 millones para este 2024, Luján pierde unos 945 millones de pesos, a comparación al coeficiente que tenía con la ley anterior (0,402). Mientras que Maipú, por su parte, cedió unos $387 millones (su coeficiente era 0,906).
Sin mayores reparos
Los intendentes Esteban Allasino y Matías Stevanato, lejos estuvieron de celebrar estas modificaciones pero las terminaron aceptando con perfil bajo. Por el lado del jefe comunal de Luján, un vocero respondió ante la consulta de Los Andes: “Expusimos nuestra postura y ajustaron la propuesta de ellos para ser menos invasivos en las cuentas del municipio”.
De este modo, manifestaron que el proyecto del Ejecutivo se trató de una “necesidad coyuntural” por “consideraciones censales” y aseguraron que “es importante desarrollar una ley que incentive a crecer; todo lo demás es parche y más parche”.
Mientras que, desde el entorno de Stevanato, indicaron que les quedó un “sabor amargo” por la aprobación del nuevo coeficiente, ya que se trataban de fondos que tenían como destino “la realización de diversas obras en todo el territorio del departamento”. Del mismo modo, descartaron tomar acciones judiciales al respecto: “No está en carpeta”.
Mansur va a la Justicia
El que sí apelará a la Justicia es el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur. “Estamos estudiando la posibilidad de presentar la inconstitucionalidad del Capítulo 3, porque hemos sido discriminados totalmente”, aseguró en contacto con este medio. El jefe comunal esperará hasta la promulgación de la ley para actuar, añadió.
Tanto en la antigua tabla, como en la recién sancionada, Rivadavia aparece como el más desfavorecido, aunque desde el Ejecutivo sostienen lo contrario. El proyecto inicial lo posicionaba con -0,725 de ingresos del coeficiente (recibía -0,773) y la última modificación legislativa lo llevó a un -0,749. “Aun con los cambios, Rivadavia sigue siendo el más favorecido”, contrapuso un vocero del Gobierno.
Mansur sostiene que en el año 1996, cuando se sancionó la ley, se elaboró esa distribución teniendo en cuenta a aquellos departamentos que coparticipaban el 12% de las regalías con la Provincia como productores de petróleo. Sin embargo, ese escenario es muy distinto 28 años después y hoy le significan a Rivadavia una pérdida de $1.971 millones.
La idea del intendente fue aprovechar la discusión del coeficiente para reclamar que se discuta la ley de fondo y no precisamente ese artículo. Pero cuestionó que se haya desarticulado la división regional: “La ley elimina las regiones, entonces se terminan los parámetros para determinar los departamentos de similares características. La demografía ya estaba definida por el 65%, referido a la cantidad de habitantes y ahora ponen este 10% más. Se ha transformado en una ley netamente demográfica y elimina cualquier otra variación”.
Y explicó que el esquema anterior agrupaba a los departamentos más poblados, dónde tienen mayor posibilidad de ingresos propios, como el “A”. Ellos integraban el “B” (Rivadavia como productor de petróleo) y por último el “C”, con menos de 30 mil habitantes, que tienen más costos de servicios y menos ingresos propios.
“Si el gobierno manda a la Legislatura una modificación de la ley, tiene que hacerlo en base a todos los cambios estructurales, no solamente a los demográficos. Se debe tomar en cuenta el crecimiento o disminución que han tenido los departamentos en regalías petrolíferas”, completó.
El congreso municipal
El Gobierno provincial admite que es necesario discutir una nueva ley de coparticipación y para eso convocará a un Congreso Municipal, con el fin de que los municipios lo debatan entre ellos. Con la tranquilidad de la ley sancionada, el ministro Natalio Mema indicó que “pronto” definirán la fecha y ratificó que “será durante este año, con la idea de tener tiempo para que se dé un debate saludable y aspirar a un cambio consensuado que se dé en el mediano y largo plazo”.
El intendente de Ciudad, Ulpiano Suárez, fue uno de los primeros en celebrar esa idea y ahora desde Luján y Maipú también la avalaron.
Allasino manifestó que está “totalmente de acuerdo” con la iniciativa y propone que “hay que hablar seriamente de qué Mendoza queremos, para incentivar a que las comunas sean lo más productivas posibles y premiarlas por eso”.
Desde el entorno de Stevanato, también avalaron el debate y plantearon que debería discutirse sí el 18,8% de los recursos que la Provincia destina a la coparticipación, provenientes de impuestos provinciales y nacionales, son “suficientes” actualmente, ya que los municipios “ahora no sólo hacen ABL”.
Mientras que el intendente Mansur desechó de lleno la idea: “Es una mentira, todo lo que resuelva es para asesorar al Ejecutivo sin vinculación alguna ni fuerza de una decisión legal”, dijo.
Según establece la Ley orgánica de municipalidades en su artículo N° 12, el Poder Ejecutivo debe convocar “cada dos años” a un congreso municipal presidido por el Ministro de Gobierno. (Es decir, el propio Mema deberá hacerlo). Este órgano estará constituido por: “cinco delegados del Gobierno Provincial, el asesor de gobierno, dos delegados de la intendencia municipal y dos del concejo deliberante de la capital, un delegado por cada intendencia y otro por cada concejo deliberante de los departamentos y un delegado por cada comisión municipal que exista creada y en funciones en la Provincia”.
Además, se explica que los congresos municipales tendrán por finalidad “el estudio de todos los problemas de la institución municipal” y “sus declaraciones y recomendaciones no tendrán fuerza ejecutiva y serán elevadas por el Ministerio de Gobierno a las autoridades que correspondan”.
La última vez que se realizó un congreso municipal fue el 3 de diciembre de 2021 en Guaymallén. Se trató de una instancia retrasada desde el 2020 por la pandemia. Entonces, el Gobierno debió convocar a su realización el año pasado, pero por el intenso calendario electoral que cruzó comicios municipales, provinciales y nacionales, decidieron postergarlo para 2024, informaron desde el Ejecutivo.
