El gobernador Alfredo Cornejo instruyó al Asesor de Gobierno, Ricardo Canet, para hacerse parte querellante y actor civil en las actuaciones penales originadas respecto a las irregularidades detectadas en el programa “Enlazados”, en el cual se determinaron maniobras fraudulentas de por lo menos $26 millones.
La medida salió publicada este lunes en el Boletín Oficial, mediante el decreto 967, en el cual se instruyó a Canet para ser querellante y también para “iniciar cualquier otra acción que estime procedente, en representación de la Provincia de Mendoza”.
Según los considerandos de la norma, “la gravedad de los hechos detectados motivó que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción presentara la correspondiente denuncia, en trámite por ante la Fiscalía de Instrucción Nro. 39 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Ministerio Público de la Provincia de Mendoza”.
En este sentido, marcaron que el objetivo por parte del Poder Ejecutivo es “coadyuvar con la investigación”, por lo que “se hace parte necesaria en el carácter de querellante”.
La polémica de Enlazados
A comienzos de mayo, el Ministerio de Producción, a través de su director de Asuntos Jurídicos, hizo una presentación en la Fiscalía de Delitos Económicos, para que se investigue la posible comisión de un delito penal por acceder en forma irregular a este beneficio. La denuncia fue contra una técnica administrativa por “adulterar información para ser beneficiaria junto a 31 personas más”.
Según el Gobierno, la técnica administrativa realizó en forma fraudulenta el ingreso al sistema de 31 personas que fueron vinculadas mediante sus cuentas bancarias (CBU) por acceder en forma irregular al subsidio.
Entre las operatorias que se utilizaron, fue, por un lado, asignar en forma indistinta y aleatoria a estas personas a diversas empresas que participan del programa. Otra, fue dar de alta una empresa apócrifa y vincular a las mismas personas para que accedan al subsidio del Programa Enlazados que consiste en el aporte de una suma de dinero fija, como complemento salarial.
La irregularidad fue detectada a fines de abril, mediante controles internos periódicos que se realizan sobre las bases de información y procesos del programa Enlazados que están alojadas en los servidores. Éstos registran todas las operaciones que realizan los usuarios habilitados que acceden al sistema de administración del Programa Enlazados. Advertida la anomalía, “se procedió a realizar un seguimiento de la clave y usuario de la denunciada y en la etapa inicial de auditoría interna en la se encuentra el Ministerio, se detectó que la maniobra fue iniciada durante diciembre de 2023″, acotaron.
El modus operandi de la administrativa consistía en cargar y borrar los datos fraudulentos de los beneficiarios cada mes, en los días previos al proceso de generación de las órdenes de pago de los subsidios, esto ocultó su operatoria durante ese tiempo, frente a los controles internos de rutina que se realizaron. Lo que no advirtió es que todos los datos y usuarios que operan el sistema son respaldados en servidores internos, sobre los que se realizan otros controles adicionales de integridad de la información y procesos, donde fue detectada la irregularidad, porque existía una huella digital de toda la operatoria fraudulenta.
Ante estos hechos, la técnica administrativa fue desvinculada del programa y se continúa con la auditoría interna. Los 31 beneficiarios, cobraron en forma irregular aproximadamente $ 200 mil pesos mensuales, alcanzando unos $26 millones al 30 de abril de 2024. Toda esta información fue expuesta en la presentación realizada en la Fiscalía de Delitos Económicos.
Por otro lado, según informó Los Andes el 22 de mayo, la Justicia decidió archivar dos de las once denuncias que realizó el Gobierno provincial contra empresas que presentaron documentación inválida para ingresar al programa de empleo Enlazados.
El fiscal Sebastián Capizzi entendió en sus dictámenes que no hubo perjuicio al Estado, ya que se comprobó según datos de la Administración Tributaria Mendoza, que no tenían deudas de ningún tipo. Ahora el Gobierno provincial deberá resolver si las habilita o no, a ingresar formalmente.
Según cuentan desde el Ejecutivo provincial, desde el mes de octubre hasta diciembre de 2023, detectaron que la documentación necesaria para ingresar al programa de empleo Enlazados, no se estaba cumpliendo y por lo tanto no alcanzaron a incorporarse.
Vega Espinoza aseguró que las once empresas se quedaron “en la puerta de ingreso” y “no han cobrado” ningún ticket al respecto. “En algunos casos fue ATM las que nos informó que no se puede validar el cumplimiento fiscal en ese momento”, contó la funcionaria y por lo tanto se decidió suspender de manera interna el ingreso de las once empresas.
Luego remitieron las denuncias al Ministerio Público Fiscal para que investigue si hubo defraudación al Estado por documentación falsa y el fiscal Sebastián Capizzi, al solicitarle los datos a ATM, corroboró que finalmente estaban en regla dos de ellas, hasta el momento.
Por lo tanto entendió que no hubo perjuicio al Estado. Según contó Vega Espinoza, después de esta decisión de la Justicia, resolverán con el área de Legales si permiten que accedan al programa o no.
Vega Espinoza también afirmó que estas irregularidades detectadas, “no tienen nada que ver con el caso de la técnica desvinculada el 30 de abril”. Vale recordar que en ese mes, el Ministerio de Producción descubrió que una empleada administrativa realizó una maniobra fraudulenta a través del programa Enlazados, para hacerse de $26 millones en total y fue denunciada ante Fiscalía de Delitos Económicos.
