La gestión de Alfredo Cornejo le da un fuerte empujón a distintos expedientes y áreas con potencial minero. A la Legislatura provincial ingresó el proyecto que hace modificaciones y ordena todos los procesos administrativos que se sancionaron en 1945.
El Código de Procedimiento Minero busca apurar al Poder Ejecutivo con 2500 expedientes en distinto grado de avance y establecer cuáles tienen potencial de desarrollo minero. Además, el propio mandatario destacó que al actual código hay que cambiarlo porque “no se adapta a los nuevos procedimientos de protección ambiental, transparencia y criterios de desarrollo sostenible que requiere esta actividad”.
Fue la vicegobernadora Hebe Casado la encargada de presentar el proyecto, acompañada por el Presidente Provisional del Senado, Martín Kerchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. Justamente este órgano le dará ingreso formal al expediente para debatirlo en comisiones.
“Es necesario un Código de Procedimiento Minero más ágil, más activo, con mayor participación de la población en los controles ambientales, y con una policía minera con más facultades para poder llevar a cabo los controles que se requieren en cada uno de los procedimientos que se realizan a nivel de minería”, expresó Casado.
Comentó que este código “ayuda o intenta que cada procedimiento sea mucho más ágil. Se le pone tiempo al Ejecutivo y se le pone tiempo también a aquellos que van a realizar algún proyecto minero en cuanto a las presentaciones de cada paso que tienen que ver con el procedimiento”.
A la par, dos funcionarios hablaron con la prensa sobre el proyecto en la Legislatura. Se trata de Manuel López jefe de Gabinete del Ministerio de Energía y Ambiente; y Manuel Sánchez Bandini, subsecretario de Energía y Minería. Según explicaron, se busca con la reforma “agilizar plazos para 2.500 expedientes para la exploración” y destacaron que los cambios no afectan a la ley 7722, que restringe la minería metalífera.
Uno de los puntos que se remarcó tiene que ver con la participación activa de las comunidades locales. Po otra parte, se remarcó que se apunta a evitar especulaciones respecto a los recursos de la provincia: que haya verdaderas intenciones de exploración y de explotación, y no una inversión inmobiliaria. Los derechos mineros sobre la zona podrían perderse y llegar a Impulsa Mendoza, una empresa con participación estatal.
De acuerdo con el anuncio oficial de Cornejo en las redes, “entre las reformas se prevé la participación activa de la ciudadanía, incorporar herramientas de transparencia y acceso a la información, crear un registro de productores mineros y fortalecer la policía minera para que pueda ejercer exhaustivos controles en los procedimientos”.
“Mendoza tiene la capacidad de llevar a cabo esta actividad de manera responsable. Es primordial aprobar la actualización del Código de Procedimientos Mineros para cumplir con los estándares presentes y futuros, siendo la protección ambiental fundamental en todo el proceso”, agrega Cornejo en su anuncio.
Desde el Gobierno destacaron que no se va a llegar a explotar la minería en el corto plazo, con estos 2500 expedientes iniciamos. Se busca “dinamizar un poco el rubro de la industria dentro de la fase exploratoria, que es cuantificación de material, y ahí sí tener los inversores en puerta para poder, si el mercado lo soporta, lograr inversiones más grandes”.
Hay que recordar que el gobernador se encuentra actualmente en Canadá, participando de la feria minera más importante del mundo, junto a otros funcionarios provinciales. Allí los esfuerzos están concentrados en el impulso de proyectos para el departamento de Malargüe y en particular para la exploración de yacimientos de cobre.
Según los cuadros de resumen dados a conocer por Cornejo, el proyecto agiliza tanto las inversiones como los controles sobre la minería. “Establecer mayores controles ambientales, reforzar las funciones de la policía minera y modificar el marco normativo de los procedimientos mineros” son los objetivos que se mencionan allí .
“La reforma exige la presentación del Informe de Impacto Ambiental, sujeta a la caducidad de la propiedad minera, bajo criterios de sostenibilidad, para cada fase del proyecto. Se debe informar a la autoridad minera sobre el progreso del proyecto”, dice el resumen del Gobierno.
“Se destaca involucrar activamente a las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de los recursos minerales, promoviendo la transparencia y la participación en todo el proceso”, cierra ese resumen.
