El gobernador Alfredo Cornejo se expresó sobre el paro que llevan adelante los funcionarios y empleados judiciales desde hace dos semanas y lanzó un mensaje contundente. Advirtió que se debe rever la responsabilidad del Ejecutivo provincial en el salario de esos trabajadores y “pensar en una autarquía total” del Poder Judicial. “Que parite la Corte”, aseveró.
El mandatario provincial no solo apuntó contra los dirigentes sindicales, que no aceptan los ofrecimientos salariales acercados, sino que responsabilizó a los jueces por tener al servicio afectado. “Ojalá entiendan como el resto de los gremios que es lo que se puede dar. Les pido a los dirigentes sindicales que sean respetuosos del servicio de Justicia”, comentó a la prensa tras inaugurar un jardín maternal en Guaymallén. Y luego enfatizó: “Los jueces y la Corte en particular, deben garantizar el funcionamiento del servicio de la Justicia y que no se resienta”.
“Ese tiene que ser el foco de los jueces. Los empleados judiciales han recibido la misma oferta que el resto de los gremios. Todos los gremios han aceptado la primera o la segunda ofertas. No entendemos por qué ellos se niegan a una negociación de este tipo”, añadió Cornejo.
También dijo que comprende las asimetrías salariales que existen en el Poder Judicial, pero no tienen injerencia en ello. “Si sé que hay un malestar por la distorsión que hay entre el salario de los jueces y los empleados. Es un malestar razonable y lo comprendo, me pongo en su lugar, pero escapa a las cosas que tienen que ver al Gobierno provincial. Ellos están atados a una acordada nacional de jueces federales y se ajustan según esa acordada, pero los empleados paritan con el Ejecutivo”.
En base a esto, anticipó que es necesario pensar en una “autarquía total” del Poder Judicial y que sean los máximos supremos los que encabecen las negociaciones paritarias: “Quizá hay que pensar en una solución estructural, no para ahora, sino para el futuro, donde haya autarquía judicial total. Si reciben el 4% del presupuesto, ellos verán qué hacer, si lo distribuyen entre los empleados o se lo lleven los jueces. Que lo maneje y parite la Corte”, apuntó.
Luego, señaló que “a uno de los gremios en particular” de los dos que nuclean a Judiciales, le presentaron una oferta referida a ítems de productividad, que primero fue aceptada de manera informal pero se rechazó finalmente. “Por ejemplo en las oficinas fiscales, que son lugares de mucha atención, se podría pedir un ítem de productividad. Nosotros le hemos ofrecido de manera informal al dirigente del gremio y dijo que sí, pero querían otras cosas más. Entonces tensionan la negociación inútilmente porque tarde o temprano, esto se va a resolver a favor del servicio de justicia”.
“Si el paro lleva tiempo y demás, nos vamos a ver obligados a la conciliación obligatoria. Porque la obligación de la Corte, en primer lugar, y del Gobierno en segundo lugar, es que haya servicio”, señaló, nuevamente involucrando a los jueces en este conflicto.
“Por otro lado, la verdad la mayoría de la gente va y marca. Está en atención al público. Salvo en el fuero penal no se ha resentido la atención. Con lo cual, me parece que la tarea del gremio debería ser no presionar a sus empleados por el paro, sino establecer una negociación más seria y solvente con el Gobierno, como lo han hecho el 100% de los gremios estatales”, completó Cornejo.
IMPACTO DEL PARO
Desde el Ministerio Público Fiscal se indicó que la primera jornada de paro tuvo en las oficinas fiscales una adhesión del 37,5% en promedio, aunque en algunas jurisdicciones, fue más fuerte, como la Segunda Circunscripción Judicial (los tres departamentos del sur), donde alcanzó el 72,8%.
“El paro de hoy fue impresionante, tuvimos una asamblea y movilización a Casa de Gobierno con 1.500 personas. Se votó por unanimidad la continuidad de la medida de fuerza, está casi paralizado el servicio de justicia, funciona con algunos interinos, pasantes y magistrados”, contó al respecto Ricardo Babillón, quien conduce la Asociación de Empleados y Funcionarios Judiciales. El gremialista consideró que la adhesión había llegado al 90% en tribunales.
EL DEBATE DE LA AUTARQUÍA
La autarquía del Poder Judicial fue asunto de debate en Mendoza hasta hace unos años. Incluso en 2012 el entonces gobernador Francisco Pérez presentó un proyecto para hacerla realidad, pero nunca prosperó. En aquella pauta, se asignaba a la Justicia el 7,9% de los recursos totales. Hoy en el presupuesto a la Justicia provincial le toca mucho menos: apenas 3,9%. “Hace falta por lo menos el 6% para que funcione, como en San Juan”, dicen en tribunales, donde hay quienes sostienen que en las condiciones actuales “no es la solución”.
En relación al manejo de los fondos, a comienzos de este año, la Corte provincial activó a través de una acordada la discusión de la “autonomía financiera” para no depender de la autorización del Poder Ejecutivo para funcionar y rendir cuentas directamente al Tribunal de Cuentas.
En la acordada en cuestión, el ministro de la Corte José Valerio habló de la necesidad de que la Justicia no dependa del Poder Ejecutivo y celebró el proyecto de autonomía financiera al considerarlo un “proceso garantizador de la independencia del Poder Judicial” en camino a la “autarquía” de ese poder.
De todos modos la autonomía financiera no tiene el aval de todos los miembros de la Corte. “Está el proyecto y algunos lo estamos empujando”, contó en off un ministro.
