Los diputados nacionales Alfredo Cornejo y Luis Petri presentaron un proyecto de ley que autoriza a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adquirir vacunas que serán destinadas a implementar el Plan Estratégico de vacunación de conformidad con sus propios planes operativos.
Además, propone autorizar la importación y comercialización de las vacunas que cumplan con la reglamentación vigente por parte de privados que, también, deberán donar del 10% de lo adquirido al Ministerio de Salud de la Nación, que procederá a aplicarlo en el marco del Plan Estratégico vigente.
“Ante la ineptitud del gobierno, es fundamental que todos hagamos los máximos esfuerzos por avanzar en el plan de vacunación y, por ello, es imprescindible incluir tanto a las provincias como al sector privado para ampliar y acelerar la vacunación en todo el país respetando el orden de prioridades establecido por el Ministerio de Salud” aseguró Petri.
Por su parte Cornejo explicó que “autorizando a las provincias a adquirir vacunas se acelera el plan de vacunación y, al permitirles además establecer convenios entre ellas, se da la posibilidad de negociaciones conjuntas para optimizar el precio, el plazo y las cantidades a aplicar, a la vez que no se deja solamente sobre el Gobierno Nacional la posibilidad y esperanzas de conseguir vacunas”.
Según explica el proyecto, “es importante señalar que hay muchos ciudadanos que pueden hacer su parte accediendo a las vacunas por sus propios medios, siempre, según este proyecto, dentro de la etapa que corresponda a su grupo de riesgo definido por el Plan Estratégico. Eso liberaría recursos y vacunas adquiridas por el Estado para que se orienten a quienes realmente las necesitan, con la garantía de que nadie que acceda a las vacunas a título privado estará saltándose el lugar que le corresponda por su grupo. Con la sinergia de ambos esfuerzos, puede esperarse que el acceso y la cobertura de los grupos se amplíen y aceleren sustancialmente.”
“Debemos comprender que la vacunación no es única y no será solo en 2021, con el tiempo una nueva vacuna requerirá seguramente aplicaciones temporales con lo que es necesario ir preparando el terreno para que el Estado no sea el único responsable en el futuro para las negociaciones, adquisiciones y aplicaciones”, advirtió el ex gobernador de Mendoza.
Asimismo Petri manifestó que “la incorporación de los privados, respetando las prioridades en la vacunación, va a permitir, por un lado, descomprimir el sistema público, garantizando que las vacunas lleguen a los más necesitados y, por otro lado, los importadores privados deberán hacer una donación del 10% para ser incorporado al sistema público de salud y aumentar la cantidad de vacunas disponibles por el Estado”.
“La igualdad debe entenderse como una distribución social de los esfuerzos y de las cargas, sin dejar de considerar lo que cada sector y cada individuo sea capaz de realizar. En ese sentido y en materia de salud, nuestro país conserva todavía importantísimas capacidades. Corresponde a los legisladores garantizar que todas ellas puedan desplegarse en favor del bienestar general” concluye la iniciativa presentada por los radicales.
También se expresó la diputada provincial del PD, Mercedes Llano, quien sostuvo que días atrás presentó también una iniciativa solicitando al Gobernador, Rodolfo Suárez, que “active la compra directa de dosis de la vacuna contra el Covid-19. “Hoy celebro que dos diputados nacionales por Mendoza adhieran a esta idea que, esperemos, se traduzca en los hechos”, comentó.
“La Provincia debería gestionar de manera directa, y no centralizada, la compra de las vacunas, retomando la función delegada en el Poder Ejecutivo Nacional”, destaca el proyecto de declaración elevado a la Cámara de Diputados, que fue presentado luego del escándalo de la Vacunación VIP.
La legisladora remarcó que “es oportuno recordar que las provincias son unidades políticas preexistentes al Estado Nacional y que éste nació porque así lo dispusieron aquéllas (”…por voluntad y elección de las provincias que lo componen…, reza el preámbulo de nuestra Constitución Nacional)”.
Si bien por el contexto de emergencia sanitaria se sancionó la Ley 27.573 mediante la cual se declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, y faculta al Poder Ejecutivo nacional (a través del Ministerio de Salud de la Nación) a realizar los trámites para la compra de las dosis que se desarrollen para combatir la enfermedad; la Diputada consideró que “la Provincia puede, en ejercicio de su autonomía, adquirir las vacunas por cuenta propia”.
