En un fallo histórico, Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en quitarle bienes a un político investigado por corrupción. Es que ayer en la madrugada, se conoció la sentencia del juicio por extinción de dominio contra el ex intendente de Guaymallén Luis Lobos (PJ). En el mismo la jueza del fuero civil María Paz Gallardo decidió pasar a manos del Estado provincial una casa y un departamento que estaban a nombre del político y de su ex esposa, Claudia Sgró.
El Ministerio Público Fiscal presentó la demanda civil en octubre de 2019. En su defensa, presentada en febrero de 2020, Lobos y Sgró cuestionaron la constitucionalidad de la ley de extinción de dominio y presentaron pruebas para demostrar el origen del dinero con el que habían comprado las casas y los vehículos.
Casi un año y medio después de la presentación de la demanda (debido en buena parte a la pandemia de coronavirus), la jueza resolvió extinguir el dominio de tres inmuebles que estaban a nombre de los dos: dos ubicados en la calle Tirasso 4357 a nombre de Lobos, según consta en las matrículas 181.518/4 y 167.166/4 (que son los lotes donde construyó su casa) y un departamento en Villa Nueva que adquirió Sgró en 2011.
Desde el oficialismo festejaron la decisión judicial. La ley se inspiró en el DNU que Mauricio Macri firmó durante su gestión y Alfredo Cornejo la impulsó desde el Ejecutivo. El subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, fue el autor del proyecto que la Legislatura sancionó en abril de 2019.
“Es el primer proceso con sentencia por causas de corrupción. Es una acción civil autónoma del proceso penal. Antes de que se modificara el Código Procesal Civil, para poder decomisar cuando una persona era investigada había que esperar que terminara el proceso con sentencia firme. Y son muy pocas las causas que se resuelven y llegan a la sentencia firme. Mientras tanto, los acusados podían disponer de los bienes, incluso venderlos”, explicó D´Agostino.
“En el juicio de extinción de dominio la persona física o jurídica investigada por delitos de corrupción o enriquecimiento ilícito tiene que justificar ante la Justicia Civil con qué fondos compró los bienes que adquirió con posterioridad a los actos que investiga el fuero penal”, agregó.
Con respecto al caso del ex jefe comunal, resaltó que la jueza determinó la constitucionalidad de la ley. Además, explicó por qué no le quitaron una camioneta Amarok, un Peugeot 308 y un cuatriciclo CanAm: “Lobos pudo justificar algunos bienes muebles”.
Una vez conocida la sentencia, el caso pasa a manos del Ministerio de Hacienda, que llamará a una subasta pública para rematar las propiedades. “El dinero que genere la subasta pasará a Tesorería y de ahí directo a reparar escuelas”, dijo D´Agostino.
Actualmente, Lobos y Sgró viven en la casa de la calle Tirasso, por lo tanto para rematarla también deberían desalojarlos. De todas formas, aún tienen la instancia de apelación y allí tiene depositada su esperanza la defensa. “La ley es muy clara. Hay un punto que dice que recién cuando la sentencia esté firme se van a dar por extintos los bienes”, dijo el abogado defensor, Fernando Lúquez.
“Si se rematan los bienes antes de la sentencia firme, sería un acto de ilegalidad”, advirtió Lúquez. La ley aclara que si hay sentencia firme de absolución, el Estado deberá restituir el bien a su anterior titular o entregarle un valor equivalente en dinero.
Lobos, que asumió como intendente interino en remplazo de Alejandro Abraham y perdió le elección en 2015 cuando intentó refrendar el cargo, tiene una larga historia en la Justicia. El peronista ya fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por administración fraudulenta (por la contratación irregular en la comuna de dos personas). Ya apeló a la Corte y está a la espera de una resolución.
También está acusado por el supuesto alquiler de manera fraudulenta de maquinarias y camiones y está imputado por fraude a la administración pública por posibles sobreprecios en la contratación de una planta de asfalto de la empresa Wanka SA.
La última investigación que se elevó a juicio el año pasado es la que está a cargo de la fiscal de Delitos Económicos, Susana Muscianisi. La magistrada los acusa de no poder justificar su patrimonio durante la época en las que se desempeñaron en diferentes cargos en la Municipalidad de Guaymallén (desde 2000 hasta 2015).
