Tras una negociación que se estiró más de lo previsto, los siete integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la provincia arribaron a un acuerdo para la aplicación de la última parte de la reforma del alto tribunal.
La reforma de la Corte (ley 9423) se aprobó en noviembre del año pasado en la Legislatura y eliminó de entrada el “fórum shopping” para las causas originarias de la Corte. Se trata de los procesos contencioso-administrativos, o juicios contra el Estado y de los empleados públicos. Para este conjunto de causas, dejaron de existir de inmediato las viejas salas uno y dos, que servían para direccionarlas, y en su lugar se dispuso el sistema de sorteo.
También se resolvió en la norma que las acciones de inconstitucionalidad y otras causas de alto impacto serán tratadas en plenario, no por una sala en particular (hay dos que se ocupan de las causas, con tres integrantes cada una). Eso ya ocurre desde la sanción legislativa.
Pero faltaba todavía definir la metodología para sortear el resto de los expedientes. En concreto, aquellos que llegan de tribunales inferiores en apelación o por la llamada “vía extraordinaria”.
En la ley 9423 se fijaba que debían ser sorteadas a partir de julio de este año. O en su defecto, el 31 de diciembre se activaba sí o sí el sorteo. Se trataba del último paso que había que dar para que desaparecieran definitivamente las salas de ministros y el cúmulo de sospechas de “fórum shopping”que generaban.
Fue esa instancia la que demoró bastante. La Corte fijó un plenario para este jueves en el que supuestamente emitiría la acordada respectiva, para cumplir en forma plena con la ley. Pero no hubo humo blanco y recién empezó a aparecer el acuerdo en el trascurso de este viernes.
CONSENSO
El resultado consensuado fue un texto en el que la Corte confirmó que después de la feria comenzará el sorteo general de causas. Esto correrá para todas las que ingresen a partir del 1 de enero, en el denominado “tribunal de feria”, aunque el sorteo efectivo, a través de un desarrollo tecnológico propio del Poder Judicial, arrancará el 9 de febrero, con las causas correspondientes al mes anterior.
Desde el fin del receso veraniego de la Justicia provincial y durante una semana, se capacitará al personal en el sistema de sorteo de causas, que se estrenará en febrero.
“Se va a aplicar lo que dice la ley”, festejó en contacto con este diario el presidente de la Corte provincial, Dalmiro Garay. Ahí hubo una pulseada que ganó, ya que la parte opositora del alto tribunal pretendía que no fueran desactivadas totalmente las salas en el comienzo de 2024 y que el resto de la ley 9423 se aplicara en forma gradual.
Garay aclaró que las viejas salas mantienen su composición “para las causas que ya están radicadas, o sea, lo que entró hasta hoy”. También indicó que, de las salas 1 y 2, se mantendrán también por ahora como rezago las mesas de entradas, hasta la creación de una “Secretaría de Asuntos Extraordinarios”.
GRIETA
Sin embargo, para que se diera esta definición, hubo negociaciones previas, aparentemente intensas, entre los dos bandos de la Corte, los cuales derivaron en la apertura de un tema nuevo que nada tiene que ver con la ley de reforma.
La parte minoritaria puso en valor este logro, consistente en que la Corte tenga “autonomía en la administración de su presupuesto”, según calificaron algunos ministros. Hablaron de una suerte de independencia para no tener que “pedirle permiso hasta para respirar”.
No hay un anuncio en este sentido, sino la puesta en agenda del asunto para que la Sala Administrativa de la Corte genere un proyecto que se tratará en marzo en plenario.
El logro fue minimizado por el sector mayoritario del alto tribunal. “Solo se aprobó la creación de una comisión que estudie si es factible que la Corte pueda ser cuentadante ante el Tribunal de Cuentas”, dijeron desde este bando. De ese modo, las contrataciones y gastos de la Corte no deberían pasar por la Contaduría General de la Provincia. En palabras sencillas, dijeron que la Corte pasará a tener un “contador propio”.
A diferencia de los opositores, el oficialismo de la Corte quitó al Gobierno del medio de la discusión. “Hoy nadie nos dice a quién nombrar o quién no nombrar”, prometieron desde ese espacio. Señalaron además que la “decisión contable” que se busca significa una “responsabilidad” que ya asumió, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Alejandro Gullé. También la Legislatura provincial.
“Tenemos autonomía para ejecutar el presupuesto, no tenemos autarquía, que es que hubiera un porcentaje de fondos para la Justicia. Nosotros el presupuesto lo tenemos que armar y discutirlo con el Poder Ejecutivo. Cuando está votado y asignado, es nuestra la decisión del gasto”, aclararon desde la presidencia de la Corte.
Sea mayor o menor su importancia, la iniciativa de cambio se definirá en febrero y será votada por el pleno al mes siguiente. Pero para los ministros opositores, el cambio ya es un hecho.
Para 2024, la Corte provincial dispondrá de un presupuesto de 66.000 millones de pesos. Según el cristal desde el cual se lo mire, podría haber o no un cambio en el manejo de ese dinero.
El lado filo oficialista dice que no hay ninguna restricción de parte del Poder Ejecutivo. “No hay visto bueno del Ministerio Hacienda”, dicen, y apenas reconocen que pueda haber alguna demora administrativa, por falta de estructura, por parte de la contadora general de la Provincia.
Ese cargo está en poder, precisamente, de una exministra de Hacienda radical: Paula Allasino.
También niega que haya cargos congelados y sostiene que únicamente existe desde 2016 el impedimento de que exista una “infinidad de cargos” sin asignación.
“Ahora no hay cargos reservados para la Justicia, hay que hacer economía o dar altas por bajas”, afirma el sector mayoritario. En cambio, desde el otro bando celebran que este viernes dieron un paso hacia la posibilidad de “manejar el ritmo presupuestario sin requerir la autorización al Poder Ejecutivo”.
Se verá cómo influye en el debate que están por venir una nueva regla para la Corte derivada de la ley 9423: la Sala Administrativa de la Corte ahora está controlada por el presidente Garay y dos vices, Mario Adaro y Omar Palermo, que pertenecen a la oposición interna.
