La rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Esther Sánchez, participó este miércoles de una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con motivo de exponer, junto al resto de sus pares, la crítica situación económica que atraviesa la institución y el resto de las del país, debido a la decisión que tomó el Gobierno Nacional de reconducir el presupuesto 2023 al 2024 sin tener en cuenta la inflación de todo el año pasado, que fue en Mendoza del 216,5% según datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).
Según informaron desde la UNCuyo, el presupuesto del 2023 rondó los $26.030 millones; y es el mismo que se ha dispuesto para el 2024 por el momento, lo que pegaría de lleno en las cuentas de la casa de estudios.
Donde más se verían los problemas podría ser en el tema salarios. Un dato sobre es es clave para tener en cuenta es que del total del Presupuesto, se destinaron $23.400 millones sólo para el pago de sueldos, tanto docentes como no docentes. Es decir, el 90% de toda la torta presupuestaria. El resto fue para “gastos de funcionamiento”, es decir, gestión de la universidad (servicios, seguridad, becas).
“Está muy negro el panorama”, advierten; y si bien no han tomado decisiones de lo que podría ocurrir si no llegan mayores recursos a la casa de estudios; se cree que se podrían cortar sobre todo contratos de locación “en todas las universidades nacionales” si no hay reformas.
El comunicado del CIN
Desde el organismo que nuclea a los rectores de todas las universidades del país, advirtieron sobre la “preocupación” que tienen respecto a los recursos económicos con los que tendrán que gestionar este año si no hay algún tipo de reconsideración sobre los fondos.
“Es tiempo de advertir, con la gravedad que la situación impone, que, de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las instituciones universitarias públicas”.
En este sentido, solicitaron que se “incrementen razonablemente los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme el proceso inflacionario que atravesamos, de manera de garantizar la continuidad de nuestras actividades y el cumplimiento de nuestra misión”.
También pidieron una “actualización de los salarios de docentes y no docentes”; la continuidad de los programas universitarios vigentes “destinados a inversión en obras de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de los programas de becas”; y una garantización del “presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión”.
“Sostener el valor estratégico que la educación universitaria pública tiene, sobre todo para un país que atraviesa tantos problemas estructurales, es responsabilidad de todas y de todos. Todo lo que nos pasa se soluciona con más y mejor educación y universidad pública, con más y mejor inversión en formación universitaria y ciencia nacional”, acotaron.
El comunicado completo
Conscientes de la delicada situación que atraviesa la Argentina, las autoridades del sistema universitario público hemos compartido nuestras preocupaciones responsablemente, hemos gestionado ante las autoridades competentes las acciones que entendemos necesarias y, producto del esfuerzo colectivo de nuestras comunidades, hemos garantizado, en condiciones muy difíciles, la continuidad de las actividades en cumplimiento de nuestra misión, pero es tiempo de advertir, con la gravedad que la situación impone, que, de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las instituciones universitarias públicas.
Frente a esta realidad, este Consejo sostiene la necesidad de: a) incrementar razonablemente los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme el proceso inflacionario que atravesamos, de manera de garantizar la continuidad de nuestras actividades y el cumplimiento de nuestra misión; b) actualizar los salarios de docentes y nodocentes; c) dar continuidad a los programas universitarios vigentes destinados a inversión en obras de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de los programas de becas; y d) garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión.
En estos 40 años de democracia las universidades públicas han sido un claro ejemplo de institucionalidad, destacada formación profesional de excelencia, producción de conocimiento comprometido con los grandes problemas nacionales, construcción democrática y respeto por los derechos humanos. En Argentina, todos los sectores vinculados con el desarrollo productivo incluyen investigación y conocimiento generado en las universidades y el sistema científico. En las escuelas, los hospitales, las fábricas, los comercios, el campo, los escenarios, el mar, el espacio y en cada casa, las y los profesionales, el conocimiento, el arte y la tecnología que salen de las universidades están en todos lados y son parte de la vida cotidiana de los 47.000.000 de argentinas y argentinos.
Sostener el valor estratégico que la educación universitaria pública tiene, sobre todo para un país que atraviesa tantos problemas estructurales, es responsabilidad de todas y de todos. Todo lo que nos pasa se soluciona con más y mejor educación y universidad pública, con más y mejor inversión en formación universitaria y ciencia nacional.
Comité Ejecutivo ampliadoConsejo Interuniversitario Nacional (CIN)
