El escándalo por el retiro de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se iban a destinar a la construcción del Acueducto Monte Comán – La Horqueta llevó a Sergio Marinelli, el Superintendente General de Irrigación, a la Casa de las Leyes a dar explicaciones.
El organismo multilateral aduce que se violó el principio de confiabilidad en el proceso licitatorio. Representantes de la Cámara de Diputados y de Senadores recibieron al funcionario para las consultas y la mayoría con conexión a través de Zoom.
Sin embargo, para los principales opositores esto no fue suficiente y solicitan acceder a la documentación de todo el proceso licitatorio para conocer qué sucedió. Rescataron la predisposición de Marinelli que llegó con personal de la entidad para aclarar las dudas.
“Las preguntas las empezó a contestar al final, algunas sí y otras no. Soy partidario que evidentemente la irregularidad ha existido”, indicó Germán Gómez, jefe de bloque del Frente de Todos-PJ a Los Andes.
En sentido, el diputado peronista cree “en lo que dice el expediente, en lo escrito y documentado, lo demás lo pongo en duda”.
“Ha habido empresas que han manejado cierta información, es muy difícil preguntar en este esquema online, no se pudo re preguntar. Nos ha servido para muchas cosas pero para esto es muy difícil. Además, no teniendo todavía la información por escrito y documentada de lo que ha sucedió, se complica”, agregó.
La licitación quedó en el ojo de la tormenta cuando uno de los oferentes, la UTE integrada por Laugero- Corporación del Sur, denunció irregularidades en la selección de las constructoras que harían la obra. Esta denuncia fue la que provocó la decisión del BID de retirar el financiamiento.
Marcelo Romano, senador por Protectora, apuntó a Irrigación en diálogo con este medio porque “trataron de culpar a la guerra de empresas y como que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad”.
“Las explicaciones están supeditadas a que nosotros lo corroboremos en el escrito a lo que técnicamente nos explicaron esta mañana. Es decir: ¿cómo hicieron para, de alguna manera, rechazar 5 ofertas para tratar de adjudicarle al sexto (la UTE Ceosa-Obras Andinas) y con $60 millones más caro?”, cuestionó.
Al sancarlino tampoco le cerraron algunas respuestas. Una fue la referida a la Ley de Obras Públicas “que obligaba a las empresas a dar 48 horas para que tengan conocimiento de las presentaciones que habían hecho los demás. Cuando dicen eso es como una excusa”.
“Si la ley decía eso, ¿no tuviste vos la precaución de decirle al Banco Interamericano de Desarrollo que vos tenías que respetar una ley de Obras Públicas? Vi bastante infantil la respuesta política de ellos, sin contar que la confidencialidad no solo la violó una, la violaron casi todos”, sostuvo.
Romano no terminó muy convencido por las respuestas que dio Marinelli, sobre todo por “la excepción de responsabilidad”. Y ahora “hay que corroborar que lo que dice es cierto”.
Sergio Marinelli se comprometió a enviar la documentación para que sea analizada. La oposición asegura que, en caso de ser necesario, citará al funcionario nuevamente.
La versión de Irrigación
Ante los legisladores, el titular de Irrigación dijo tajantemente: “Niego rotundamente que haya habido alguna irregularidad de parte de Irrigación. Es más, el BID no lo dice en ningún lado”.
“El Banco no habla de irregularidades. Ha actuado Fiscalía de Estado, un juzgado y yo hice la investigación administrativa correspondiente. Ni en mi accionar, ni en el de la Comisión Evaluadora de Ofertas de Irrigación ha habido algún acto que esté cerca de ser irregular”, afirmó el Superintendente General de Irrigación este martes, ante Diputados de todos los bloques, respecto a la licitación del acueducto ganadero Monte Comán-La Horqueta (San Rafael)”, agregó.
“El BID tiene políticas de confidencialidad y reaccionó retirando el financiamiento para la obra cuando interpretó que esa confidencialidad se rompió, por culpa de las empresas, en todo caso... no de Irrigación. Se abrieron los sobres y no había que decir absolutamente nada hasta el momento que se adjudicara la obra. Esa es la política del Banco. Pero acá ni siquiera se terminó el proceso. Llegamos hasta la preadjudicación y en el medio de eso, dos empresas hicieron denuncias (que algunos legisladores toman como si fueran palabras santas). Entonces, el BID se preguntó: ¿Cómo estas empresas dicen haber visto un proceso intermedio, siendo que no se podía decir nada ni mostrar nada? ¿Quién ha roto la confidencialidad? Y la respuesta es: los propios denunciantes. O sea, esa falta de confidencialidad no implica un hecho que haya favorecido a alguien, eso tiene que quedar claro”, expresó.
Marinelli apuntó a las empresas porque indica que “otro punto importante es que acá hay una comisión de preadjudicación que interviene, de la cual yo no participo. Yo adjudico al final del proceso. Y no lo hice, justamente porque habían ingresado a Fiscalía de Estado estas denuncias de dos empresas”.
“E insisto, de lectura a lectura de las notas que han ido y venido entre la comisión de preadjudicación, el Ministerio y el BID, no surge ninguna irregularidad expuesta. La confidencialidad la rompieron, en todo caso... o sembraron sospechas de que eso había ocurrido, las empresas denunciantes”, sostuvo
