Uno de los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó este miércoles una presentación judicial para intimar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a que se expida -o que determine los jueces que deben hacerlo- sobre los recursos presentados por el presunto espionaje ilegal del que ella habría sido víctima durante el gobierno de Mauricio Macri, entre 2016 y 2019.
Cristina, quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo nacional por el viaje del presidente Alberto Fernández a Rusia, China y Barbados hasta el 8 de este mes, realizó la presentación un día después de que jueces, fiscales, legisladores y dirigentes sindicales y sociales que comulgan con el kirchnerismo realizaran una marcha a los tribunales para pedir la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema, porque considerar que han amparado “atrocidades procesales” en los últimos años.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los cuatro integrantes del máximo tribunal, no se han expresado sobre la marcha ni sobre las críticas que todo el arco oficialista viene propinándoles. Pero las Cámaras Nacionales y Federales de todo el país rechazaron a la “presión” contra la Corte Suprema por considerar que pone en riesgo la institucionalidad y la democracia.
Este martes, Carlos Beraldi (abogado de Cristina) aceró una intimación para que en forma “urgente” la Corte Suprema tome una decisión acerca de quiénes serán los magistrados del más alto tribunal del país que tomarán intervención en los recursos de queja por la causa en la que se investiga el presunto espionaje ilegal durante el macrismo.
Decisión suprema
El 10 de diciembre pasado, los supremos Rosenkrantz y Maqueda informaron a sus pares que no intervendrán en una causa por el presunto espionaje, que llegó a tener 38 procesados, entre los que se encontraban Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y toda la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la administración Macri.
Maqueda argumentó “motivos graves de delicadeza y decoro”. Y Rosenkrantz alegó que no podía intervenir porque estaba “entre los posibles damnificados por los hechos investigados, y que el ejercicio normal e imparcial de la función jurisdiccional podría verse afectado por esa circunstancia”.
Más recientemente, Lorenzetti y Rosatti decidieron aceptan los planteos de sus colegas de excusarse de intervenir y tomaron el mismo camino, según la presentación realizada por Cristina. Por ello, ningún ministro de la Corte quedó en condiciones de abordar el tema ni siquiera junto a conjueces que permitan alcanzar una mayoría necesaria para emitir resoluciones.
Entre las presuntas víctimas del espionaje ilegal que habría cometido la AFI aparece Cristina como una de las mayores damnificadas, en una lista que contempla nombres como los de Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Nicolás Massot, María Eugenia Vidal, Hugo Moyano, Waldo Wolff, Maurice Closs, Martín Insaurralde, Jorge Ferraresi y otros dirigentes políticos, sindicales, sociales, eclesiásticos, jueces empresarios y periodistas.
El fallo de la polémica
El 21 de diciembre, en lo que Cristina consideró un “regalito de Navidad”, la Cámara Federal porteña revocó los procesamientos de Arribas y Majdalani y otros 36 ex funcionarios por supuesta “asociación ilícita”. En ese fallo, el Tribunal de Apelaciones dejó procesada a Majdalani por presunto “incumplimiento de deberes” a raíz de no haber controlado la actividad de un grupo de agentes de la AFI.
La Cámara Federal consideró que en la AFI hubo “cuentapropismo”. Y por ello confirmó los procesamientos de un grupo de ex agentes de la AFI por infracción a la Ley de Inteligencia 25520, en relación a maniobras de espionaje ilegal. Se trata de Alan Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio Sáez, Facundo Melo, Leandro César Araque, Emiliano Federico Matta, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano y María Andrea Fermani.
Pero por mayoría y con la disidencia del juez Eduardo Farah, los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaron también la falta de mérito en la causa para el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto. En el kirchnerismo descreen de la idoneidad de esos jueces, dado que Llorens visitó a Macri en Olivos varias veces en su Presidencia y a Bertuzzi fue promovido tras condenar al ex vicepresidente Amado Boudou.
Ahora, en su presentación, el abogado de Cristina pidió que se declare la nulidad del fallo de la Cámara Federal con el que se eliminaron los procesamientos por presunta asociación ilícita.
Los reclamos de Cristina
¿Por qué la Corte debe tomar una decisión? El máximo tribunal de justicia del país tiene en sus manos planteos por conflictos de competencia. Varios querellantes, entre los que se encuentra la actual vicepresidenta de la República, recurrieron a la Corte porque consideran que el caso nunca debió salir de los tribunales de Lomas de Zamora, donde se inició la investigación, para ser trasladado a Comodoro Py dada la desconfianza por las presuntas conexiones entre jueces de esos tribunales y Macri o su entorno.
Cristina, según el escrito presentado por su abogado Beraldi, cuestionó la “la conducta adoptada” por Lorenzetti, Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz. Y señaló que estos magistrados estuvieron “debido anoticiados” de las irregularidades que se cometían en el expediente por el presunto espionaje y, a pesar de la “gravedad de la situación planteada”, no solo omitieron dar una respuesta jurisdiccional a los recursos deducidos (algunos de ellos, hace más de ocho meses), sino además, recientemente, han decidido apartarse de la causa, sin brindar una explicación suficiente que justifique tal temperamento”.
De esta manera, lamentó la vicepresidenta en su presentación, que al día de la fecha, el más Alto Tribunal del país carece de jueces hábiles para intervenir en este expediente. Y señaló que “con la urgencia que el caso amerita, se defina quiénes serán los Magistrados que habrán de resolver dichas presentaciones directas, brindándose a éstas, también con la mayor celeridad posible, la respuesta jurisdiccional que corresponde”.
Asimismo, Beraldi pidió –por instrucción directa de su cliente- que los jueces Llorens y Bertuzzi sean apartados del expediente y que el recurso sea elevado a la Sala I de Casación que fue la primera que intervino en el expediente. Pero para el caso de que el recurso fuera remitido a la Sala IV de la Casación, se solicitó el apartamiento de los magistrados Mariano Borinsky y Javier Carbajo.
