La capitalización de la ex Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (que asumió como marca su clásica sigla, Impsa) por parte de los Gobiernos nacional y provincial, ha generado críticas dentro del frente Cambia Mendoza, sobre todo por parte del diputado nacional Omar De Marchi, uno de los referentes del Pro. Desde Casa de Gobierno, el radicalismo ha decidido no dar entidad a sus dichos y afirman que lo hace “para posicionarse en la campaña electoral”. Pero también esta estrategia para salvar a la empresa levantó quejas de parte del sector productivo y agropecuario, quienes en las últimas horas manifestaron su malestar y también sembraron dudas respecto de si ha sido conveniente o no la medida, que fue avalada por la Legislatura.
En términos políticos, en el radicalismo hay una férrea defensa a la decisión provincial de rescatar a Impsa, sobre todo porque entienden que es “la mejor alternativa que había en la mesa” para paliar dicha crisis económica y evitar problemas mayores.
Precisamente en Cambia Mendoza, el sector más liberal es el que levantó la bandera en contra de la inyección de U$S 5 millones para la compra de acciones que permitirán al Estado local tener un director en la mesa chica. El elegido fue el actual titular de Emesa, Pablo Magistocchi. La Nación, en tanto, tendrá tres lugares en el directorio de siete personas, al ingresar con unos U$S 15 millones.
Uno de los que hizo más ruido agitando su disconformismo fue De Marchi, quien lanzó fuertes críticas ayer a través de las redes sociales al tildar de “estatización” el salvataje a Impsa, y que esos antecedentes “no han sido buenos en nuestro país”. Para el referente del Pro, ha sido un error del Gobierno provincial el “meterse donde no debe” y auguró que esta capitalización “seguramente no será la única”, sino que habrá “más desembolsos del Estado”.
Además, marcó que “el problema no es Impsa, sino por qué Impsa y no cientos o miles de pymes al borde de la extinción” y, sin nombrarlo, apuntó contra el gobernador, Rodolfo Suárez, al indicar que quedará la foto de “los responsables de que el Estado quite recursos a los más vulnerables y los ceda a los más ricos”.
A las declaraciones de De Marchi le siguieron algunas de sectores políticos más pequeños dentro de Cambia Mendoza, pero que también tienen dudas sobre la decisión tomada por el Poder Ejecutivo. Desde Recrear, su titular Sergio Miranda sostuvo que el Estado no debería participar de las actividades económicas que desarrollan los privados.
El dirigente marcó, ya con la decisión tomada, que la Provincia “tiene la responsabilidad de hacer rentable y eficiente esta empresa”, para sostener además la realización de Portezuelo del Viento. No obstante, se despegó del método con el cual De Marchi (con quien supo trabajar en el pasado) salió a pegar a Suárez y consideró que más que críticas, debería pensar en alternativas para ofrecer.
“Cero impacto”
Desde Casa de Gobierno directamente no dieron entidad a las críticas de De Marchi. Expresaron que “no han tenido ningún impacto” en términos políticos, y que habla más “de alguien que está en modo electoral y busca posicionarse”.
De hecho, lo acusaron de contradecirse y recordaron declaraciones del diputado a Los Andes en 2019, cuando sostuvo que La Campagnola (empresa que cerró su planta ubicada en San Martín) a él no se le hubiera ido y que el entonces gobierno de Alfredo Cornejo debería haber estado “encima de este tema, sentarse con los dueños de una compañía tan importante y decirles que en este momento tan complejo no pueden irse y preguntarles qué necesitan para quedarse”.
“Son los mismos artilugios de siempre de De Marchi. Lo que se ha hecho creemos que es la mejor decisión”, acotaron.
En tanto, desde el radicalismo consideraron que, más allá de que el legislador se haya diferenciado en este tema, “es comprensible que haya matices dentro de una coalición” y aseguraron que en líneas generales Cambia Mendoza “está fuerte” y que los objetivos generales los tienen todos en claro.
“La pregunta que deberían responder los que critican la capitalización es qué habría que haber hecho con una empresa como Impsa, con todo el valor agregado y el impacto que podría haber generado una eventual caída, no sólo con sus 720 empleados, sino también con el centenar de pymes que dependen de ella”, añadieron.
Temor y enojo de sectores productivos
Más allá de la cuestión política, el jueves también aparecieron referentes de Cámaras departamentales y de la producción que se opusieron a la estrategia provincial.
Uno de los que salió al cruce fue Carlos Iannizzotto, titular de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), quien calificó como un “grave error” del Gobierno.
“Creemos que junto a la Nación, el Poder Ejecutivo está ideologizado con el intervencionismo, más por intereses políticos que por el bien común”, expresó y añadió que “la empresa necesita trabajar, no recibir una capitalización. Hay pymes que han quebrado por la pandemia, y no producto de la ineficiencia, como sí cayó Impsa”, acotó.
Desde la Cámara de Tunuyán, Diego Stortini, consideró que el Estado debería trabajar en “resolver las inconsistencias del mercado y allanar mejores horizontes para las empresas, pero no comprarse un problema”.
“El camino no es comprar empresas que están en estado de insolvencia para resolver problemas que un cuerpo de ejecutivos de primera línea no lo han podido hacer”, advirtió Stortini, cuya opinión ha sido avalada por titulares de otras Cámaras territoriales como Andrés Vavrik (General Alvear) y Nicolás Martínez Araujo (San Rafael).
