Este miércoles el gobernador electo, Alfredo Cornejo, se reunió con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, para intentar resolver problemas en las finanzas de la provincia producto de la merma que ha tenido Mendoza por la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias que estableció el Gobierno Nacional en plena campaña electoral.
A la reunión asistieron el reto de los mandatarios provinciales, tanto del oficialismo como también de la oposición, quienes también se han visto perjudicados por las medidas que tomó en un primero momento el ministro de Economía, que luego sería ratificado por ley en el Congreso.
En el encuetro que se desarrolló en Casa Rosada, Massa anunció la transferencias de partidas para garantizar el pago del aguinaldo y los sueldos de diciembre a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada del Consenso Fiscal del 2018 que mantiene la Nación con las provincias.
Menos dinero que el previsto
En términos concretos, a Mendoza le llegarán $8.356 millones, según informó el ministerio de Hacienda a Mendoza, un número sensiblemente menor al costo fiscal que ha asumido la provincia producto del recorte coparticipable de Ganancias, que ha sido de alrededor de $20.000 millones sólo en este último trimestre, relataron desde la cartera que lidera Víctor Fayad.
De esta manera, esta cantidad de recursos representa menos de la mitad de lo que ya ha perdido esta jurisdicción. Además, también representa alrededor el 40% de lo que se deberá abonar para el pago del medio aguinaldo a los trabajadores estatales.
De esos $8.356 millones, $5.600 provendrán en concepto de ATN; mientras que el ajuste por la compensación del consenso fiscal es de $2.756 millones.
Recordemos que en el Consenso Fiscal firmado en 2017 entre las provincias y la Nación, hubo compromisos que se debían asumir pero que no se cumplieron del todo. Uno de ellos fue por parte de la Nación,que se comprometió a “compensar a través de transferencias diarias y automáticas, a las provincias que adhieran y cumplan con el Consenso, con un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos en 2018 resultante de la eliminación del artículo 104 de la ley de Impuesto a las Ganancias y del aumento de la asignación específica del Impuesto al Cheque”.
Además, se establecía que “la compensación será administrada por cada jurisdicción y se destinará a inversiones en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial”. También hubo un compromiso a “actualizar trimestralmente en los años siguientes las compensaciones previstas en el inciso anterior con base en la inflación”.
El problema fue que, si bien se compensó a las provincias, la actualización se dio con la estimación de la inflación (siempre subestimada en los presupuestos nacionales) y no con la inflación real, lo que provocó un fuerte desfasaje en los montos que realmente debían recibir las provincias, con las que realmente recibieron.
No obstante, estos $2.756 millones de ajuste corresponden hasta el 2022, por lo que quedará pendiente de pago toda la diferencia del 2023.
