El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, formalizó este viernes la presentación de un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar que no se suspendan las clases presenciales en la Ciudad.
El Gobierno porteño le solicitó al máximo tribunal de Justicia “que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 241 del Poder Ejecutivo Nacional que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 de abril hasta el 30 de abril inclusive”.
Rodríguez Larreta recurrió a la Corte antes de asistir a la cumbre con el presidente Alberto Fernández, en la que le presentará sus argumentos sobre la situación epidemiológica en la Capital Federal y demostrar que la apertura de las escuelas no influyó en el salto de los casos de coronavirus.
Con la acción judicial, la Ciudad “pide que se le ordene al Estado Nacional que se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado”, explicaron fuentes consultadas por este medio.
En su presentación, consideraron que el cierre de las escuelas “no es razonable” y es una medida que “no se encuentra justificada en datos empíricos, y resulta arbitraria porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional”.
“Por el contrario está científicamente demostrado, en el ámbito internacional y local, que el grado de contagio en establecimientos escolares es mínimo”, aseguraron.
Además, consideraron que la medida del gobierno nacional “constituye una clara violación al principio de igualdad porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias, que pueden decidir respecto de la continuidad o suspensión del ciclo lectivo 2021”.
“La normativa cuestionada vulnera tratados internacionales de jerarquía constitucional (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 75, inc. 22 CN), que consagra el derecho del niño a la educación, como un derecho progresivo que debe ejercerse en condiciones de igualdad. En su inciso d sostiene que los Estados Parte deberán: “Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar”, advirtieron.
Por ello, le solicitaron a la Corte que garantice “la efectividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que concurren a las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la educación y a la salud, amparados por las normas constitucionales y convencionales”.
En parte, esos son los argumentos con los que Rodríguez Larreta concurrió este viernes a la Quinta de Olivos para reclamarle al Presidente que revierta su decisión de suspender las clases presenciales a partir del próximo lunes.
Según indicó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, el mandatario porteño concurrió a esa reunión con “todos los datos que hacen la evidencia sobre el traslado y la movilización de gente en el transporte, donde queda claro que las familias no están usando el transporte público para ir a la escuela”.
“Los docentes no están usando el transporte público, el boleto estudiantil bajo un 70% su uso desde que volvió la presencialidad”, remarcó la funcionaria porteña.
Aclaró que en el Gobierno porteño reconocen la “complejidad” del rebrote de los contagios por el impacto de la segunda ola del coronavirus y que por ello diseñaron un esquema para mantener las escuelas abiertas con asistencias diferenciadas por “grupos de edad y por necesidades”
“Hay grupos chicos que nunca tienen que perder presencialidad, que son los más vulnerables”, remarcó en declaraciones a TN.
