No es la primera vez que el fiscal general Dante Marcelo Vega (56) debe investigar a un magistrado. Ahora mismo está tras los pasos del juez federal Walter Bento (58) en una explosiva causa por presuntas coimas; pero ya en 2017, en su rol de fiscal de cámara, le tocó acusar en el histórico “juicio de los jueces” que terminó con condenas perpetuas para cuatro magistrados federales mendocinos: Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra Recabarren y Rolando Carrizo.
Vega ingresó en los Tribunales Federales en 1992. Desde entonces ha transitado un largo camino que lo ha llevado a tener un lugar en la historia del derecho local: en su haber tiene 20 juicios relacionados con delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Y no sólo en Mendoza: en 2012 fue designado por la Procuración General de la Nación para intervenir en el juicio por la “masacre de Trelew”, ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos.
Titular de la Oficina Fiscal en causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Mendoza, desde 2010 a la fecha, Vega ha intervenido como fiscal en 10 de estas causas sólo en Mendoza y San Rafael.
Como todo magistrado que decide investigar “hacia adentro”, el jefe de los fiscales federales de Mendoza tiene admiradores y detractores en partes iguales. Y estas posiciones suelen estar teñidas por dos constantes dentro del gremio de los abogados: las diferencias ideológicas (izquierda, derecha y simples adoradores del vil metal) y las diferencias laborales (hay letrados que miran con desdén a jueces y fiscales por considerarlos “empleados públicos VIP” que “no tienen calle”).
En esta mezcla de intereses, algunos consideran a Vega como un docente didáctico y buena onda; para otros es un letrado soberbio y engreído. En algunos ámbitos se lo califica como un abogado inteligente cuyas publicaciones muestran sus preocupaciones sobre derecho y el revés de las leyes que rigen al país; en otros, Vega es un abogado “del montón” con buenas relaciones y no el aguerrido fiscal que ha llevado adelante una gran cantidad de juicios sobre delitos de lesa humanidad. Como fuere, lo cierto es que la última semana pasó lo que todos esperaban y nadie creía. O al revés, lo que todos creían y nadie esperaba: después de un año de silenciosa y secreta investigación –tiempo en que consiguió testigos, analizó estados patrimoniales y viajes al exterior y hasta hizo “hablar” al teléfono de un muerto-, Vega apretó el acelerador, ordenó una batería de allanamientos, detuvo a tres abogados, imputó al juez Bento por ser el líder de una organización dedicada a coimear a presos, imputó a la esposa del magistrado, a 3 abogados y a 10 sospechosos que habrían cumplido roles menores. Algunos observadores consultados para esta nota creen que las (siempre presuntas) coimas en la Justicia Federal debían tener un freno y que Vega cuenta con “banque de Buenos Aires” –de hecho, en la investigación participan los jefes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos-; otros creen que las causas de este tipo “explotan justo cuando tienen que explotar” y ese segundo exacto está señalado por los tiempos de la política. Por lo pronto, ya quedó evidenciado el silencio y la tibieza de la política local, ya que Bento sigue siendo -por ahora- el juez electoral.
Abogado, docente, fiscal
Vega creció en Dorrego, en un hogar conformado por un padre periodista y una madre ama de casa; cursó la secundaria en el Colegio Universitario Central y obtuvo el título de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba.
Tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad de Mendoza), es docente universitario (UNCuyo) y su curriculum incluye varias publicaciones, la última de ellas el capítulo “Las dos fases del terrorismo de Estado en Mendoza” en el volumen “El libro de los Juicios” (Ediunc, 2014).
Vega inició su carrera en la justicia federal de Mendoza a principio de los ’90, siendo prosecretario del Juzgado Federal 1 que, en ese momento, encabezaba Estela Garritano de Cejas.
Luego fue secretario del mismo juzgado, cuando estaba a cargo del juez Roberto Burad. En esa misma función se desempeñó cuando el juzgado pasó a las manos de Luis Leiva. Eran tiempos convulsionados, cuando el ex magistrado detuvo a 35 directivos y gerentes del Banco de Mendoza y cuando investigó la documentación “trucha” que el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar consiguió en Mendoza. Pero en ninguna de estas dos causas participó la secretaría que estaba a cargo de Vega. En 2002, tras investigar a Raúl Moneta, Leiva fue destituido por mal desempeño. Fue así como el Juzgado Federal 1 de Mendoza quedó acéfalo.
Dos viejos conocidos
En 2005 se rindió un concurso para cubrir ese cargo. Dos de los tres abogados que postularon fueron Dante Vega y Walter Bento. Finalmente, el entonces presidente Néstor Kirchner eligió a Bento, aconsejado por el histórico operador mendocino Juan Carlos “Chueco” Mazzón. Se dice que, desde ese momento, la relación entre el fiscal Vega y el juez Bento no fue de las mejores y que incluso “llegaron a tirarse con munición gruesa”. Más allá de los comentarios de pasillo, Bento sigue marcando hoy esas diferencias: un escrito presentado ante el juez Eduardo Puigdéndolas sostiene que existe entre ambos una vieja enemistad, tan profunda que se ha transformado en una suerte de obsesión que guía la actual investigación en su contra. Lo cierto es que luego de que Bento asumió como juez del juzgado 1, Vega se fue -como dicen los abogados- a “trabajar a la calle”, litigando en algunas causas junto a Diego Lavado y otros abogados relacionados con los Derechos Humanos. Pero en 2010 volvió a rendir para el fuero federal y en 2012 fue designado como Fiscal General, cargo que hasta ese entonces tenía Omar Palermo, actual ministro de la Corte de Mendoza. Desde ese cargo Vega acusa ahora al juez Bento.
