Hasta las adhesiones que juntó la candidata de Rodolfo Suárez para ocupar la futura vacante en la Suprema Corte están bajo polémica. La Legislatura debió dar explicaciones respecto de un aval para Teresa Day que nunca había llegado. “Fue un error de carga”, explicaron.
Pero el ruido también llegó al Colegio de Abogados, entidad que sí mandó su aval, pero que fue resuelto por votación dividida en su comisión directiva. Más aún, algunos asociados hasta agitan cuatro dictámenes de cuatro comisiones internas del Colegio que fueron en contra de la postulación de la actual coordinadora del Ministerio Público Fiscal.
De fondo está el ruido de la ya célebre grieta judicial; esa pelea en la Suprema Corte tiene una cuota simbólica por la interpretación y la ideología de los futuros fallos que emita el Máximo Tribunal y también una práctica, por el espacio de poder. Y esa grieta tiene representantes de ambos bandos también en el Colegio de Abogados.
La pelea no es menor. Los sectores críticos de la llegada de Teresa Day a la Suprema Corte apelan a todos los argumentos, pero hay uno que mete ruido y es el del requisito constitucional de los años de ejercicio de la profesión o de la magistratura.
Sin aval de magistrados
El viernes pasado, desde el Senado se informó que Teresa Day había sumado la adhesión de la Asociación de Magistrados. La información fue recogida por Los Andes y por otros medios. Pero apenas difundida la novedad, las usinas del Poder Judicial empezaron a dejar trascender su incomodidad con esa versión.
Uno de los vocales de la comisión directiva del “gremio de los jueces”, dijo a Los Andes que la emisión del aval se discutió, pero que se decidió no emitir postura sobre la candidatura de Day.
Las quejas de los magistrados llegaron incluso a la Legislatura, que debió explicar que hubo un “error de carga”, porque si llegaron a la Casa de las Leyes los avales de la Asociación, pero para otros tres candidatos a juez penal colegiado que, como Day, están en trámite de conseguir el acuerdo del Senado.
“La adhesión era para los otros tres aspirantes y se cargó para los cuatro expedientes que están en trámite”, dijo escuetamente un funcionario legislativo.
Pelea de cuervos
La adhesión del Colegio de Abogados también tiene condimentos intestinos. Ese aval a la candidatura de Teresa Day existió, pero no fue unánime.
La comisión directiva del Colegio profesional tiene siete miembros; en la votación hubo dos ausentes y la votación salió 4 a 1.
El voto en contra es de un abogado miembro de la asociación de Derechos Humanos Xumek, Sergio Salinas. Esa organización presentó una impugnación a la candidata de Suárez a la Corte.
Quienes defienden la candidatura de la actual coordinadora del Ministerio Público Fiscal señalan que no sólo hubo aval del Colegio a nivel provincial, sino que también lo obtuvo entre los abogados colegiados en el Gran Mendoza, en el Este y en el Valle de Uco, que llegaron a la conducción de cada uno de esas instituciones por los votos de sus asociados.
Una aclaración: hay cuatro colegios regionales (los tres mencionados y el del Sur) y uno provincial que los engloba a todos. En todos los casos, cuando se eligen las autoridades, las presidencias regionales y la provincial quedan en manos de la lista que obtuvo más votos y el directorio se reparte por sistema D´‘hont, proporcional a la cantidad de votos. Es decir que suele haber representación de la o las listas opositoras. Las listas suelen tener referencia en los espacios políticos tradicionales.
Sin embargo, no es el único debate que se generó en el Colegio de Abogados por Day. Cuatro comisiones internas también emitieron opinión y lo hicieron en contra: Derechos Humanos, Derecho Procesal, Filosofía del Derecho y Ética y Género y Diversidad.
Hay un argumento en el que dos de las cuatro comisiones machacan con palabras calcadas: el requisito constitucional de 10 años de ejercicio de la profesión u 8 años de magistratura. En todas las comisiones se pone en duda que cumpla con ese requisito, porque no ha sido una abogada “de la calle”, que litiga, ni tampoco ha pasado anteriormente por el acuerdo del Senado para ser magistradas.
Más aún, agregan que el ejercicio de la profesión implica estar colegiado e incluye el control de ética del Colegio de Abogados, así como los magistrados están sujetos al control político por vía del Jury de Enjuiciamiento y según las comisiones de Derecho Procesal y de Filosofía del Derecho, Day nunca habría estado sujeta a ninguna de esas instancias de control.
Los defensores de Day recuerdan que las comisiones del Colegio de Abogados no son votadas por nadie y en ellas se inscriben los que quieren por áreas de interés.
