La flamante empresa estatal Impulsa Mendoza, que fue presentada por el gobernador Rodolfo Suárez con el objetivo de gestionar inversiones mineras en la provincia, sigue generando revuelo. Luego de que distintos partidos de la oposición salieran a cuestionarla porque fue creada por decreto y no mediante un proyecto de ley, hoy el precandidato a gobernador Omar De Marchi (PRO) se sumó a las críticas con fuertes declaraciones.
Ayer su embajador en la Legislatura, el diputado Gustavo Cairo, había dicho a diario Los Andes que Impulsa Mendoza podría ser “una herramienta interesante” para maximizar los recursos que ingresan por minería a la Provincia, ya que se podrían “negociar” mejores porcentajes, más allá de lo que se paga en regalías o ingresos brutos.
Y consideró que este tema debió “pasar por la Legislatura”, porque podrían haber discutido “cambiarle el objeto” a la empresa estatal EMESA y “ampliarlo para que tenga participación en la actividad minera, sin crear una nueva estructura”. Es decir, no hubiera sido necesaria otra empresa más.
Sin embargo, este martes su líder político fue mucho más allá y apuntó contra la “dudosa legitimidad de su creación”. Aseveró que se ha “aprendido poco en tantos años de experiencias caras e ineficientes sobre empresas del Estado” y fustigó: “Es fácil jugar a empresario con el dinero de la gente”. Entre varias críticas más, pidió explicaciones al Gobierno porque “no se alcanza a comprender cuál es el objetivo real” de la empresa.
El hilo de De Marchi
“¿IMPULSA MENDOZA? La semana pasada nos enteramos por la prensa de la creación de una nueva ´empresa pública´, que denominaron ´Impulsa Mendoza SA´. Más allá de que el Gob de Mendoza se arroga facultades de dudosa legitimidad en su creación, lo grave es que lo hace en silencio”, comenzó el mensaje del legislador nacional a través de un hilo de Twitter.
Y continuó: “Hemos aprendido poco en tantos años de experiencias caras e ineficientes sobre empresas del Estado. Cuando quien conduce estos experimentos no se hace cargo con su patrimonio del resultado de sus decisiones, todo termina mal. Es fácil jugar a empresario con dineros de la gente”.
“No hay herramienta más potente para desarrollar cualquier sector de la economía que tener un marco legal seguro y previsible. Es el sector privado, a través de inversión de riesgo, quien crea riqueza, empleo y desarrollo, sostenido en leyes, no en decisiones de un funcionario”, sostuvo De Marchi.
Y completó: “El camino nunca es crear más burocracia, ni escritorios raros para intermediar con los privados. No se alcanza a comprender cuál es el objetivo real de la creación de Impulsa Mendoza SA. Por definición no creo en estas aventuras, pero al menos expliquen porque lo hacen”.
Las críticas de la oposición
Por su parte, desde el peronismo señalaron ayer que “existe una situación complicada con respecto a la explotación minera” y salir a anunciar una empresa nueva, sin convocar a los distintos actores que intervienen en el proceso, no fue lo más adecuado. En ese sentido, analizan qué acciones tomar, dado que el anuncio es muy reciente.
“Estamos acostumbrados a que el Ejecutivo siempre actúe de la misma manera, ya sea con asuntos macro o micro. Lo hace por decreto o lo gira a la Legislatura y en un día quieren sacar la ley, como varios proyectos que han impulsado. No nos sorprende, pero creemos que podría haber tenido una presentación distinta y haberse conversado y estudiado, sobre todo con todo el contexto que tiene la actividad minera”, dijo la senadora Mercedes Derrache, vicepresidenta de la Comisión de Minería de esa cámara, en diálogo con el diario Los Andes.
También hubo críticas de tono ambientalista por parte de otros legisladores. Fue el caso del diputado de Unión Popular, Jorge Difonso, quién opinó que “evidentemente el Gobierno tiene toda una estrategia para el desarrollo de la actividad minera metalífera” tras la sanción del proyecto Cerro Amarillo y el anuncio de Impulsa Mendoza.
Difonso puso en sospecha que la creación de este tipo de empresas “las exime de los controles normales de lo que hace el Tribunal de Cuentas, Poder Legislativo y demás organismos públicos”.
“Cuando están asignando fondos públicos, como los que van a entrar por Potasio, creo que tiene que haber un control. Indudablemente debería haber tenido una instancia legislativa o de participación ciudadana para aclarar todas estas dudas”, sostuvo el legislador sancarlino, que se alejó de Cambia Mendoza con la ruptura de su partido en ese departamento.
Una postura similar tuvo Emmanuel Fugazzoto, diputado provincial del Partido Verde, quién denunció que “Suárez lo que busca con esta empresa es profundizar la entrega de la soberanía ambiental” a través de una “empresa de lobby” a “favor de multinacionales”.
“Vamos a estudiar las acciones a seguir. Lo que vemos es que es una empresa de lobby para quienes llevan adelante la tarea de negociar la entrega de los bienes comunes de la provincia, no lo hagan con su nombre personal sino con un escudo que les permita por lo menos, esconderse un poco”, apuntó el legislador.
Por último, la diputada provincial del Partido Demócrata, Mercedes Llano, criticó el “autoritarismo” del gobierno para avanzar sin aval legislativo y dijo que “desde hace tiempo venimos objetando la tendencia hacia el intervencionismo estatal que ha consolidado Suárez”.
“Nosotros planteamos que el gobierno debe abocarse a generar un sistema de control independiente y con una alta solvencia técnica, a los efectos de establecer reglas de juego claras, pero no jugar al Estado empresario que sabemos que lo único que aporta es ineficiencia y se terminan convirtiendo esos ámbitos en refugios de los amigos del poder”, manifestó en tono similar a lo expuesto por De Marchi.
“Vivimos en la provincia más pobre de Cuyo y este resultado lo hemos obtenido por un teórico ´Modo Mendoza´, que lo único que ha hecho es destrozar la república e intervenir en la actividad económica”, sentenció contra el Ejecutivo local.
