A dos meses de ser designado, el titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, se encuentra en el medio de un escándalo mediático por la compra de tres departamentos en Miami, por un valor de 2.040.000 dólares, a través de sociedades offshore que nunca declaró en la Oficina Anticorrupción (OA). El gobierno de Javier Milei le quitó importancia al caso y dijo que el funcionario “ya fue sobreseído” y que es un “tema del pasado”.
Andrés Edgardo Vázquez, de 64 años, tiene larga trayectoria en la AFIP desde 1990. Alguna vez fue desplazado por diferentes investigaciones internas donde lo acusaban de estar involucrado en hechos de corrupción y hostigamientos políticamente direccionados. En 2009, además, encabezó un operativo de hostigamiento contra el Grupo Clarín, cuando la AFIP estaba bajo órdenes de Ricardo Echegaray en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Manteniéndose durante años en el organismo del fisco, Vázquez llegó hace dos meses a la jefatura de la DGI después de los cambios que hizo el Presidente en la extinta AFIP para crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Respecto a la acusación mediática en base a registros por la que su nombre cobra notoriedad, el funcionario designado en octubre por Milei figura como titular de las sociedades offshore que compraron tres propiedades en Miami, entre 2013 y 2015, según publicó el periodista Hugo Alconada Mon en diario La Nación, con documentación analizada también por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Según la investigación periodística, la sociedad panameña Alcorta Corp pagó USD 710.000 por un departamento en el edificio Icon Brickell, el 9 de enero de 2013. Al día siguiente, esa misma offshore pagó USD 350.000 por otro departamento en un edificio de avenida Brickell 1060.
En julio de 2015, la sociedad panameña Pompeya Group Corp pagó USD 980.000 por la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, de acuerdo con los registros oficiales de Miami.
Tras la publicación de los Panamá Papers, en 2016, el funcionario insertó a la offshore Galanthus Capital Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, como empresa controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp. Y en 2018, Alcorta Corp vendió en USD 350.000 el departamento de avenida Brickell a la sociedad 1390 Brickell 2811 Corp.
Así, Galanthus, cuyo titular es el funcionario Vázquez, sigue estando a cargo de las offshore panameñas Alcorta y Pompeyo, que tienen un departamento cada una, por un total de USD 1.690.000.
Lo curioso es que la última declaración jurada que presentó Vázquez ante la Oficina Anticorrupción, en octubre de 2023, informó la tenencia de diez inmuebles en la Argentina, que incluyen departamentos, una cochera y media casa en un country. No hubo mención a las tres sociedades offshore, los dos departamentos en Miami que conserva, ni al que vendió en 2018.
Qué dijo el gobierno de Milei sobre la situación de Vázquez
“No hay nada que nos resulte inconsistente”, sostuvo este martes el vocero presidencial Manuel Adorni al ser consultado en Casa Rosada sobre el caso de Andrés Vázquez y su patrimonio sin declarar.
El portavoz se limitó a decir que el funcionario de la DGI solamente debe responder ante la Justicia, si es que le pidieran explicaciones de rigor.
“Si tiene que dar alguna explicación judicial, la dará”, dijo Adorni.
El titular de la DGI logró eludir a la Justicia, tal como insistió el vocero hoy: “Ya fue sobreseído”.
“Se enviaron cuatro exhortos al exterior: a dos bancos, los dos bancos respondieron -en todas las ocasiones- que no existía ninguna cuenta que fuera propiedad de Vázquez. Es un tema del pasado y está sobreseído. No hay nada que se tenga que explicar”, declaró el portavoz oficial.
Vale aclarar que, como informó diario La Nación, la causa judicial en la que Vázquez fue sobreseído por el juez Ariel Lijo giraba alrededor de una cuenta bancaria en el ING Bank NV de la isla de Curazao por USD 442.113, fondos que habría remitido en julio de 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo.
El jefe de la DGI no informó ante el fisco argentino la existencia de esos activos y debió sobrellevar una investigación penal, en la que logró ser sobreseído en 2022 porque Lijo no obtuvo respuesta de Luxemburgo, Países Bajos o Curazao para verificar la existencia de esas cuentas. Ante esa imposibilidad, Lijo cerró la pesquisa.
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