El Consejo de la Magistratura de la Nación afina su pronóstico, al menos respecto de los tiempos, respecto del desenlace del caso del juez federal mendocino Walter Bento. El magistrado, sobre quien pesan nada menos que 15 pedidos de prisión preventiva de su par Eduardo Puigdéngolas, es investigado también en el órgano que controla el desempeño de los jueces de todo el país, hace más de un año.
En ese ámbito, clave para su futuro laboral, la definición sobre si Bento debe o no ser suspendido de su cargo para ser sometido a Jury de Enjuiciamiento se tomará, según señalaron a Los Andes fuentes oficiales, entre la primera y la segunda semana de setiembre.
Dicen los consejeros que la investigación se encamina a su tramo final y, en este sentido, hoy será un día importante. Los integrantes se reunirán en plenario para debatir sobre una serie de ternas de aspirantes a jueces para elevar al Poder Ejecutivo, que es otra de sus misiones. Pero luego de este encuentro general, quienes tendrán una reunión más acotada serán los miembros de la comisión de Disciplina.
Disciplina tendrá que resolver si acepta o no el traslado a la comisión de Acusación de más de 50 expedientes. Se trata de los casos más graves y entre ellos se encuentra precisamente el del juez mendocino que ha sido acusado por Puigdéngolas de liderar una banda que recibía sobornos a cambios de beneficios judiciales.
No se cree que pueda haber controversia entre Disciplina y Acusación sobre este paso administrativo. En la nueva organización del Consejo de la Magistratura, las dos comisiones funcionan por separado. Antes, todos los expedientes estaban a cargo de la comisión de Disciplina y la de Acusación no existía. En Disciplina se mezclaban las causas contra aquellos jueces que podrían recibir una sanción menor con los de quienes arriesgan la continuidad en el cargo.
Pero ahora, los jueces más comprometidos serán investigados aparte, en Acusación. Representan el 20 por ciento del total (hay unos 250 casos contra magistrados en total en la Magistratura) y el de Bento cumple con los requisitos para pasar a este ámbito.
“En Disciplina no se va a debatir si va Bento va o no a Acusación. Para mí no cabe duda. Hay otros casos intermedios en los que puede haber disidencias”, contó a Los Andes uno de los integrantes de la comisión que tiene que “entregar” el caso a Acusación.
La comisión de disciplina es presidida por la la senadora kirchnerista María Inés Pilatti de Vergara, sobre quien hubo sospechas de dilaciones en el caso Bento. En cambio, el presidente de Acusación es el diputado del PRO Pablo Tonelli, justamente, el informante del caso Bento y quien más ha presionado para que se defina su situación: pidió la suspensión del juez el año pasado y volverá a hacerlo.
Ya no hay protección
El Consejo de la Magistratura viene de una época de controversias muy fuertes que lo paralizaron, lo cual jugó a favor de Bento.
En diciembre del año pasado, un fallo de la Corte nacional derogó la ley de 2006 que lo regía y ordenó que se sancionara una nueva. Como hasta abril eso no había ocurrido en el Congreso, el Consejo volvió a su composición anterior: pasó de 13 a 20 miembros, con el titular de la Corte, Horacio Rosatti, como máxima autoridad.
Recién a fines de junio se definieron los nuevos mecanismos de funcionamiento. En este universo, de legisladores, jueces, académicos y abogados, hay casi absoluta paridad política entre oficialismo y oposición. Pero hay señales de que Bento ya no cuenta con una protección en su seno.
Por ejemplo, sin que hubiera una conformación definida aún, los integrantes del Consejo votaron por unanimidad y sin grieta la exclusión de Bento de un concurso para integrar la Cámara de Casación Penal en el cual llamativamente se había anotado.
Tramo final
No obstante, la definición del caso mostrará si esto es así o no. Los consejeros hablan de una aceleración de la causa luego del fin de feria judicial (a fines de este mes) y todos los ojos estarán atentos a los pasos dentro de la comisión de Acusación, cuyo presidente, Tonelli, ya recibió una prueba clave y esperada: la pericia contable sobre los bienes del juez.
Bento y su familia poseen onerosos bienes e inversiones, y en sede judicial hasta aquí el grupo familiar no ha podido justificar que sus salarios (el del juez, el de su esposa y los de dos de sus hijos, que también trabajan en la Justicia Federal) alcanzaran para costear esta vida, que incluyó en los últimos años una sorprendente cantidad de viajes al exterior.
El peritaje era la prueba que esperaban en el Consejo para avanzar. Una fuente adelantó que una vez se remita el expediente a la comisión que conduce Tonelli después de la feria, “es probable que se lo pueda citar a declarar a Bento en virtud de todos los hechos”.
La declaración del juez es la última etapa antes de determinar qué rumbo toma el expediente. Luego llegaría el momento en el cual la comisión de Acusación vote un dictamen acusatorio del juez y, finalmente, un plenario, que es el filtro definitivo: allí hacen falta dos tercios de los 20 votos para aprobar la suspensión y el pase de la causa al Jury de Enjuiciamiento.
El Jury es el que resuelve al final del camino si un juez es echado de su cargo o no. Hasta entonces, cualquier magistrado sometido a proceso en el Consejo mantiene su bien más preciado: los fueros.
Sin embargo, la suspensión alcanzaría para que Bento deje de impartir justicia en medio de las severas acusaciones que tiene en su contra. Lejos está, según lo dicho por una alta fuente del Consejo a este diario, la posibilidad de que renuncie antes a su cargo: “Son situaciones que se dan cuando el acusado no tiene salida, aparte si renuncia, va preso”, indicó.
