La titular del PAMI, Luana Volnovich, fue denunciada penalmente por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de funcionario público y abuso de autoridad. Esto se explica luego de que se revelara la novedad sobre el ingreso a planta permanente del organismo de 206 trabajadores, muchos de ellos sin el secundario completo.
Según destaca Clarín, la presentación judicial la realizó la diputada opositora Marcela Campagnoli y quedó radicada en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello.
De acuerdo a la resolución 2022-263 del PAMI, que se firmó el jueves pasado, dispone el pase a planta permanente de 206 trabajadores que ya se encontraban bajo contratos temporales, y se hará efectiva a partir del 1 de abril.
En la justificación de la medida, Volnovich dijo que es “necesario dotar a este Instituto de los recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico–asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe prestar cobertura”.
La discusión que devino en la denuncia penal, surgió en relación a los diez párrafos de la resolución que explican la situación de quienes no cumplen con una de las exigencias detalladas en las Políticas de Ingreso al Estado: haber terminado la escuela secundaria. Al respecto, la directora del PAMI explicó que estudios tanto nacionales como internacionales “han dado cuenta que la retención y terminalidad de estudios continúa siendo uno de los mayores desafíos de los sistemas educativos de América Latina” y que las causas que generan el abandono escolar “son múltiples, complejas y variadas”.
Dijo que, pese a ello, “la necesidad y el derecho al trabajo en los y las jóvenes es el factor de preponderancia”. Para la titular del PAMI, la presentación del título secundario “deviene en una barrera formal que atenta contra el derecho de acceso a condiciones dignas y equitativas de trabajo”.
La situación causada por el Covid-19 tampoco quedó afuera de los argumentos para justificar la incorporación de agentes que no terminaron la escuela. Volnovich señaló que la pandemia “agravó las dificultades para la terminalidad educativa, en adolescentes y jóvenes”, siendo “los sectores más desfavorecidos los que sufrieron mayores dificultades para la continuidad de sus trayectorias escolares”. Recordemos: fue el gobierno nacional quien defendió la no presencialidad en las escuelas durante más de un año.
Antes de explicar cómo se subsanará el faltante del título secundario entre los contratados que pasarán a la planta permanente del PAMI, la titular del organismo habló de “la matriz elitista del sistema educativo, en particular en su nivel secundario”, que “refuerza la exclusión de vastos sectores de la población de dicho nivel educativo”.
Por ese motivo, decidió que a aquellos que no cuentan aún con su título secundario “les será reservado su puesto por un término de hasta 365 días corridos desde el día de inicio del ciclo lectivo del año siguiente al de su designación”. Tienen hasta entonces para regularizar la situación, es decir para terminar la escuela. O conseguir algún título.
Hasta que eso suceda, “la persona trabajadora continuará prestando tareas bajo la modalidad de contrato de locación de servicios, hasta tanto se den por cumplidas las exigencias para obtener ese título secundario”.
Según informa Clarín, desde el PAMI explicaron que el pase a planta de las 206 personas, “es la regularización del personal contratado del instituto de 2006 en adelante. En ese sentido se garantiza la igualdad de derechos y condiciones laborales de todas y todos los trabajadores”. Y que “no se trata de una excepción” sino “un mecanismo de estímulo para que los monotributistas que están desde hace años en esa condición terminen el secundario”.
Este martes, la diputada Campagnoli denunció la situación ante la justicia federal. “Se ha violado el principio de igualdad en el acceso a la función pública, el cual podría haber sido garantizado mediante la apertura de un concurso que permita a personal experto e idóneo en la materia acceder a los respectivos cargos públicos”, sostiene la denuncia a la que accedió Clarín. Por el contrario, continúa, “se restringe el acceso seleccionando arbitrariamente personas que incluso no cumplen los mínimos requisitos legales (tal como poseer en título secundario) para desempeñar las funciones que le sería asignadas”.
En otro tramo de su presentación, la referente opositora dijo que nos encontraríamos “frente a una clara inobservancia de los deberes que la Directora Ejecutiva del PAMI tiene a su cargo como funcionaria pública, abusando de su función con el único fin de beneficiar a personas que no poseerían los requisitos necesarios para acceder a cargos públicos, y que cuyo único mérito o muestra de idoneidad sería ser militantes del partido al que Volnovich pertenece”.
Asimismo, se expuso que con esa medida PAMI “recurre a personal carente de idoneidad o conocimiento técnico, lo que no solo sería un desbaratamiento de los fondos estatales asignados a dicho programa, sino que devendría en un perjuicio contra los afiliados (en su mayoría jubilados, discapacitados y pensionados que se encuentran en situación de precariedad)”.
Según confirmaron fuentes oficiales, el sueldo básico entre los trabajadores del organismo está por encima de los 80.000 pesos.
