Este miércoles los diputados que conforman la comisión de Poderes empezarán a estudiar la “habilidad” de sus colegas electos, un trámite previo a la asunción que adquiere una tensión inesperada por la posibilidad de que bloquee la asunción de Janina Ortiz, actual secretaria de Gobierno del municipio de Las Heras, por sus problemas en la Justicia.
La “Comisión Especial de Poderes” tiene la misión de “dictaminar sobre la validez de las actas de elecciones y sobre la habilidad de los y las electos/as”. Así lo establecen la Constitución provincial y el Reglamento Interno de la Cámara de Diputados.
Esta comisión, según informó la Legislatura, quedó formalmente conformada por un representante de cada bloque: Laura Balsells Miró (PRO), Guillermo Mosso (DF), José Luis Ramón (Protectora), Evelin Pérez (UCR), Emanuel Fugazzotto (PV), Mauricio Torres (HxM) y Julio Villafañe (FdT).
Este grupo de diputados que conforman la comisión debe recibir documentación que traen los propios legisladores electos (certificado de buena conducta, fotocopias del DNI y del diploma de proclamación y libre deuda impositivo) y requiere a la Suprema Corte un informe de deudores alimentarios y de inhibiciones. Con esos antecedentes, definen si los electos están en condiciones de asumir o no.
“Mañana constituimos la Comisión, pedimos las carpetas lo que de los que ya han mandado su documentación y si faltan bueno, tenemos hasta el martes para sacar el despacho y se votaría el miércoles en el recinto, porque el jueves juran”, explicó el diputado Mauricio Torres (Hacer por Mendoza).
El problema de Ortiz son las causas en su contra: una por fraude a la administración pública (por el supuesto desvío de fondos a cooperativas truchas) y otra por coacción agravada a una empleada de la Municipalidad de Las Heras, a la qué habría obligado a espiar a un funcionario de la comuna (al subsecretario de políticas sociales Osvaldo Oyhenart). En las dos causas la Justicia tiene la intención de imputarla, pero todavía no lo ha hecho, en parte por acción de la propia diputada electa, en parte porque desde el 24 de setiembre (cuando fue electa) ya tiene fueros.
Esto abre un debate en la Cámara Baja. Por lo menos dos de estos diputados de la comisión ya se han manifestado al respecto del caso Ortiz. Uno es Fugazzotto, quien está en contra de que asuma una banca. “Sólo le importa asumir como diputada porque quiere los fueros para evadir los controles de la Justicia”, lanzó el legislador del Partido Verde hace poco en sus redes, y pidió la presentación de notas en la comisión de Derechos y Garantías para que “rechacemos su ingreso”.
En tanto, Mosso se tomó el trabajo de emitir un comunicado formal en el mismo sentido. Allí dice que “su sospechado accionar en el municipio lasherino y su intención de esquivar el brazo de la justicia, no hacen más que ahondar la bronca y descreimiento de la ciudadanía en las instituciones y sus representantes”.
“Entendemos -agrega- que hasta tanto Janina Ortiz no aclare que no usará sus fueros para ampararse de las investigaciones que permitan determinar su inocencia o culpabilidad, su incorporación en la Legislatura de Mendoza es una grave lesión a la institución. Por ello le solicitamos a Ortiz que renuncie inmediatamente a sus fueros y que se someta a la justicia para ser imputada. De lo contrario, promoveremos en la Honorable Cámara de Diputados, el rechazo de su título por incapacidad moral, de acuerdo al artículo 65 de la Constitución de la provincia de Mendoza”.
La comisión Especial de Poderes podría hacer emitir por simple mayoría de sus miembros un “despacho negativo”, es decir, una suerte de “sugerencia” al cuerpo legislativo sobre la legisladora electa; y a partir de allí el tema pasaría a la Cámara de Diputados, particularmente a los 24 miembros que seguirán durante dos años más en su mandato, quienes decidirían si asume o no.
“Con mayoría de votos (13 si participa la totalidad) podrían rechazar su ingreso. En ese caso ingresaría el que sigue en la lista, si es que no se judicializa el tema”, confirmaron a Los Andes, adelantándose sobre el tema.
En orden en la lista aparece el libertario José Caviglia, luego de Ortiz. Es la ley Electoral de la Provincia, la 2551, que en su artículo 83, establece que el reemplazo en caso de renuncia, separación o vacancias, entre otros, es “según el orden establecido” en la lista de candidatos.
La comisión, como dice Mosso, podría hacer uso del artículo 65 de la Constitución provincial para evitar la asunción de Ortiz. El mismo señala que “no pueden ser miembros de las cámaras legislativas, los eclesiásticos regulares, los condenados por sentencia mientras dure la condena, los encausados criminalmente después de haberse dictado auto de prisión preventiva en delitos no excarcelables, y los afectados por incapacidad física o moral”.
Los que aprueban
“Las imputaciones de delitos que se notifican, son parte de un procedimiento judicial que no produce la invalidez del acceso a una banca; ya que de conformidad con la Ley vigente en la provincia, para privar el acceso a la banca debe existir una condena firme de un delito”, argumenta el diputado de Protectora José Luis Ramón.
Ramón luego carga contra “aquellas personas que pretenden utilizar la Inhabilidad moral, me hacen recordar a la época de la historia en las que el pensamiento debía ser unívoco”.
Entonces el diputado, aliado al Frente de Todos-PJ, introduce la pelea política entre La Unión Mendocina y el radicalismo, tensión entre espacios que se intensificó luego de la salida del intendente Daniel Orozco de la UCR, junto con su esposa y actual secretaria de Gobierno, Janina Ortíz: “la rencilla política entre el Gobernador que asume y el Intendente que se le fue; no puede significar un argumento para ejercer el poder por parte del nuevo Gobernador de una manera de ejercer el poder con el talero que dan los votos de las mayorías legislativas”.
La introducción de aquella pelea no es menor, puesto que la figura de la inhabilidad o incapacidad moral (tal como la menciona la Constitución) tiene una fuerte carga subjetiva y por lo tanto con límites difusos. Sin embargo, más allá de las causas judiciales sin condena que pesan sobre la diputada electa, su estrategia para evitar la imputación formal, también podría alimentar la idea de la incapacidad moral, porque ha evadido la acción de la justicia, al menos hasta cuando fue electa, en el caso de coacción agravada. Incluso son muchos los que señalan, en sintonía con lo que señala Mosso, que la propia Ortíz debería renunciar a los fueros y allanarse a la Justicia y así resolver el problema: “si está tan convencida de que es inocente es lo que debería hacer”.
El diputado del Frente de Todos-PJ, Julio Villafañe, dijo que “desde un primer momento he tenido absoluta convicción de que no hay ningún argumento, digamos del punto de vista legal para prohibirle la asunción a la diputada en el momento he tenido esa postura”
Los que no se definen
En el oficialismo no hay definición. La diputada Evelin Pérez indica que “por el momento estamos estudiando, no hay una posición tomada desde el oficialismo más allá que ha habido un montón de rumores. A título personal uno cree que prima la justicia sobre todo, pero en términos de la institución, hay que estar de acuerdo a las normas legales, así que vamos a tratar de acompañar desde lo legal, lo estamos estudiando con mucho cuidado porque creo que la ciudadanía se merece que se haga con respecto”.
El diputado Torres indica que “no tengo una opinión tan tajante, como otros de que es de decisión tomar. Más allá de que están las denuncias formales hechas no hay una resolución y hasta que la Justicia no diga nada, estoy en la duda”.
