Tan solo dos días después de la sanción de la ley de etiquetado frontal, resistida por la industria alimenticia, el Frente de Todos presentó un proyecto empujado por Máximo Kirchner para que las empresas se hagan cargo del costo del reciclado de los envases que colocan en el mercado y fortalezcan así el trabajo de los cartoneros.
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Ambiente, conducido por Juan Cabandié, a partir de un borrador de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), vinculada a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que lidera Juan Grabois.
El oficialismo aguarda que se concrete el giro a comisiones para comenzar el debate, aunque no habrá sesión hasta después de las elecciones de noviembre. Los diputados que se pusieron al hombro la causa son Leonardo Grosso (Movimiento Evita), Daniela Vilar (La Cámpora) y Federico Fagioli (Frente Patria Grande).
El texto consta de 44 artículos y tiene tres ejes: promover la gestión integral de los envases en todo el país; prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y la salud; y fortalecer el trabajo del reciclado, en un proceso de “economía circular”. Está vinculado a la “agenda verde” que Argentina busca exhibir ante acreedores internacionales.
Según cifras oficiales, en el país se generan aproximadamente 45.000 toneladas diarias de residuos tóxicos urbanos, de las cuales el 21,25% son residuos de envase post consumo. Con ese diagnóstico, la cartera de Ambiente trabajó durante meses el proyecto de ley, que recibió aportes del Ministerio de Desarrollo Productivo.
La polémica
Pero podría abrirse una fuerte discusión porque la responsabilidad económica recaerá netamente sobre las empresas -aquellas que fabriquen o importen productos envasados o embalados y los coloquen en el mercado, aún cuando la venta sea a uno o varios intermediarios previos al consumidor final-.
Para eso se crea una “Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida al Productor” (TAREP) a pagar por las empresas que no apliquen un sistema de reutilización de los envases. La obligación será gradual y aquellas compañías que sí presenten un plan de disposición de los envases quedarán exentas.
El valor de la TAREP será determinado y actualizado por la autoridad de aplicación de la ley. Deberá ser expresado en pesos argentinos por kilogramos de materiales en los envases y no podrá ser superior al 3% del precio mayorista de venta del producto envasado. Calculan que su implementación no superará el 0,6% de la canasta básica.
Lo recaudado por esta tasa irá a parar en un 85% a un fideicomiso denominado FONAGER (Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo), que la cartera de Ambiente utilizará para financiar los sistemas locales de gestión de envases, mejorar las condiciones de trabajo de los recicladores y fomentar el “ecodiseño”.
El proyecto mantiene en alerta a la Unión Industrial Argentina (UIA), que fue muy crítica de la ley de etiquetado frontal y ahora también sigue de cerca otro debate sobre la creación de comités mixtos de seguridad e higiene en el trabajo. Son varios los frentes de batalla abiertos con la entidad que encabeza Daniel Funes de Rioja.
En defensa de la ley
“Esta ley viene a reparar o a impulsar una actividad que va a generar mucho empleo y dignidad a los trabajadores del reciclado”, sostuvo Cabandié durante la presentación en el Salón de Pasos Perdidos, que fue acompañada por una importante movilización de organizaciones sociales en las afueras del Congreso.
A su vez, Máximo Kirchner destacó que “se deja de negar la realidad y se asume la existencia de un sujeto que trabaja en el reciclado y la importancia de ese reciclado”. “Con esta ley buscamos potenciar, dignificar y al mismo tiempo cuidar el lugar donde todos vivimos”, dijo, y añadió que se generarán “puestos de trabajo reales, no planes”.
También participó de la presentación el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, el massista Sergio Federovisky, quien aseguró que “este proyecto demuestra el compromiso del Ministerio de Ambiente para que la economía circular no sea simplemente un elemento enunciativo”.
Estuvieron presentes, además, los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes), Juan José Mussi (Berazategui) y Mario Secco (Ensenada), y la coordinadora del Programa de Promotoras ambientales de la Ciudad de Buenos Aires, Jackie Flores, entre otros.
