El Gobierno Provincial llamará a licitación para contratar un servicio de “gestión integral y descontaminación” de las playas de secuestros de Mendoza, en particular la de San Agustín. El plan completo está presupuestado en $13.260 millones a lo largo de 10 años, pero desde el Gobierno aseguraron que “no podrá un peso” en el sistema, ya que el mismo se “autofinanciará” con la compactación de los vehículos, que dejará material ferroso para la venta de aquellos vehículos que no sean reclamados.
La medida salió publicada este lunes en el Boletín Oficial, bajo el decreto 1989. En el mismo, se aclara que para lo que resta de este 2024, se destinarían solamente unos $417.034, teniendo en cuenta que aún no se llama a licitación y ya estamos transitando el último trimestre del año.
En los considerandos de la norma firmada por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, la fundamentación de esta contratación se basa en “dos grandes universos de vehículos a gestionar: aquellos secuestrados bajo la Ley Provincial de Seguridad Vial Nº 9024 y aquellos involucrados en causas judiciales, cuya administración está regulada principalmente por la Ley N° 6816 de la provincia de Mendoza”.
En este sentido, marcaron que “en los últimos 50 años, la acumulación de vehículos en las playas se ha agravado, esto ha generado una situación compleja en las playas, con vehículos que exceden la capacidad de almacenamiento, afectando su gestión eficiente”.
Desde el Poder Ejecutivo señalaron que ésta es la cuarta etapa de todo el plan integral que se inició hace años, y que se centrará en “la disposición final de los vehículos mediante remate o compactación, de acuerdo con los marcos legales, liberando espacio en las playas y mejorando su funcionalidad”.
En diálogo con la prensa, la ministra Rus expresó que el objetivo del plan de gestión de secuestros “abarca el acarreo de los vehículos secuestrados, el depósito, la custodia en un lugar adecuado, así como la logística y el mantenimiento de esos muebles. También nos haremos cargo de los sistemas informáticos necesarios para llevar un orden en relación con los secuestros y sus flujos. Finalmente, gestionaremos la disposición final, que incluye el remate, la compactación o la entrega a un tercero que reivindique el bien o a quien debamos restituirlo por ley”.
Se espera que esta fase, que abarca 28.000 vehículos, concluya en el primer trimestre de 2025.
“Estamos trabajando para que en el primer trimestre del año que viene esto esté terminado, todo lo que tiene que ver con la Playa San Agustín”, afirmó la ministra, y destacó que “esta es solo una etapa dentro del plan integral”.
Sistema “autosustentado”
Desde el Gobierno aseguraron que la licitación es por “todo el proceso” y a lo largo de 10 años, pero que no le generará gastos o algún tipo de inversión al Poder Ejecutivo. La Ministra sostuvo que, de hecho, no sólo que no generará gastos al Estado, sino que se prevé que pueda recaudar unos $220 millones.
“el Estado no pone nada. Este sistema se autofinancia a través de la compactación de vehículos que no tienen un tercero que los reclame. Entonces, el privado que asuma esta gestión podrá cobrar por esa compactación”.
A su vez, la funcionaria aclaró que “el Estado no va a gastar esos $13.000 millones. Ese es un valor proyectado en función de la licitación, que incluye los costos de todo el plan integral de gestión. Todo esto lo asume un privado que se financiará con el producto de la compactación y lo que paga el infractor por el acarreo y el depósito, que hoy también es un costo que asume el infractor.”
Fase de “remate y compactación”
La primera etapa comenzó con el proceso de descontaminación, compactación y destrucción de los vehículos y motos alojadas en la Playa de Secuestros San Agustín, donde se destruyeron 540 vehículos “móviles policiales” que habían sido dados de baja y estaban juntando chatarra, lo que genera contaminación y afecta el orden urbanístico.
La segunda etapa avanza con la compactación de los 14.690 rodados judicializados que se encuentran en la Playa de Secuestro San Agustín. Estos autos y motos, enmarcados en la Acordada 31425 de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, han generado hasta el momento 2.300 toneladas de material ferroso.
La tercera etapa, que comenzó en julio de este año, se enfoca en la remoción de vehículos secuestrados que obstruían calles y áreas cercanas a comisarías en toda la provincia. Hasta ahora, hemos reordenado aproximadamente 659 rodados de 13 comisarías en Mendoza, liberando espacios públicos y mejorando la logística policial. Para ello, se ha implementado un plan de traslado a la playa de secuestro Marcelo Vignaud Ortiz, en San Martín.
La ministra afirmó que la tercera etapa del plan integral tuvo que ver con un trabajo muy importante realizado por la dirección vial y la Policía de Mendoza. “Este esfuerzo se centró en erradicar de las comisarías numerosos secuestros que estaban allí desde hace mucho tiempo. Esto no solo complicaba la logística de la comisaría, sino que también afectaba a los vecinos y no era digno para el trabajo del personal que estaba en esas dependencias”, explicó Rus. Y añadió que “la presencia de estos vehículos perturba el orden público y la seguridad, ya que son vehículos que, al no estar bien custodiados, comienzan a vandalizarse”.
En tanto, esta cuarta, como se mencionó, contempla el remate o compactación de los vehículos. El servicio incluye el transporte de los vehículos secuestrados a instalaciones adecuadas para su almacenamiento seguro, así como la gestión de autopartes, lo que asegura el tratamiento responsable de las piezas y residuos generados.
La licitación para esta fase permitirá que el adjudicatario se haga cargo de la logística y custodia, a cambio de recibir el costo de acarreo y depósito que actualmente pagan los infractores viales, mientras que el Estado no desembolsará recurso alguno, ni de personal ni monetario, y sí recibirá un porcentaje de los ingresos obtenidos por la compactación y remate de vehículos bajo Ley 9024.
Finalmente, el plan contempla la posibilidad de que los municipios, que también enfrentan desafíos en la gestión de sus propias playas de secuestro, se sumen mediante convenios. A su vez, se propone lo mismo respecto del Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial sobre rodados y autopartes secuestradas.
Recuperar policías en las calles
Además, la gestión de las playas de secuestro se cubre con personal policial de la Dirección General de Policías, lo que “distrae de las funciones operativas y preventivas a más de 100 policías por día, siendo que la cobertura es las 24 hs. de los 365 días del año”, dijo Rus.
En este sentido, agregó que “solo en recurso humano para custodia de playas el Ministerio desembolsa más de $1.700 millones anuales, sin considerar el recurso humano para traslado, grúas, logística, ni gastos operativos de transporte, alquiler y mantenimiento de inmuebles, entre otros gastos fijos”. “El personal policial debe estar destinado a custodiar personas y no chatarras”, marcó la Ministra.
Respecto a proyecciones de erogación de gastos, se estima una imputación preventiva para el ejercicio 2024 de los $417.034 mencionados; y para ejercicios futuros las siguientes afectaciones preventivas estimadas: para el 2025 unos $687 millones; y desde el segundo año en curso hasta el décimo año, unos $1.396,9 millones por año, ”siendo el gasto total estimado de $13.260 millones″.
