El ex funcionario del ministerio de Economía, Osvaldo Eduardo Siseles fue detenido ayer tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dejó firme su condena a 4 años de prisión por favorecer al histórico grupo empresario mendocino Greco por el cobro de una millonaria deuda.
Según informó diario La Nación, esta medida la tomó el juez de Tribunal Oral Federal Andrés Basso, quien ordenó su captura y tomó la decisión de que Siseles cumpla la pena en prisión.
Recordemos que Siseles fue condenado el 7 de mayo de 2015 como coautor del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública.
Junto a él se responsabilizó a Yolanda Mirta Eggink, Alberto Daniel García y Beatriz Pernas, que se desempeñaban en el área de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, de acordar el pago de $332 millones al Grupo Greco, contra lo dictaminado por los abogados del Estado, lo que permitió un compromiso de pago irregular. Esta cifra, al ser pagadera en Bonos de Consolidación, alcanzaría la suma de unos 587 millones de pesos.
De esta manera, el juez Basso rechazó la pretensión de Siseles de cumplir arresto domiciliario pese a que tiene más de 70 años y la edad le permite acceder a ese beneficio, pues entendió que no tiene problemas de salud que justifiquen ese modo de cumplir su condena. Mas allá de que ahora el condenado puede recurrir esta decisión, pero desde la cárcel.
El caso Greco
El Grupo Greco fue un holding que llegó a ser propietario de más de 100 empresas entre propias y alquiladas. Entre las más conocidas estuvieron Furloti, Resero, Arizu, Agua Villavicencio, diario Mendoza y el Banco de Los Andes. De esta manera el grupo Greco llegó a concentrar el 30% del PBI de la provincia.
En abril de 1980 fueron testigos de su propia derrota cuando el Banco Central de la Nación liquidó al Banco De Los Andes, el cual contaba con su casa central en San Martín, y llegó a comandar y monopolizar los ahorros de todo el país. Ese mismo día fueron confiscadas más de 40 empresas del mismo grupo que a los pocos años terminaron siendo víctimas del desguace.
Los máximos responsables del grupo, los hermanos Greco, fueron detenidos por una comisión policial federal en el histórico restaurante Pedemonte, tras haber protagonizado una reunión con el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y sus ministros Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy. Es que el gobierno militar en un principio había concordado una línea de asistencia al Banco De Los Andes pero en cuanto llegaron al Banco Central a firmarlo, se llevaron la sorpresa de que habían sido engañados bajo esa promesa ya que la orden desde la cúpula presidencial de facto había sido intervenir a todas las empresas del grupo.
Como los hermanos no aceptaron la negociación, fueron secuestrados y detenidos bajo la acusación de monopolio y daño a la economía.
El caso Greco fue conocido porque causó un gran deterioro en la economía regional. Con la caída del mismo, miles de familias quedaron en la calle a espera de una indemnización mientras que muchos clientes de los bancos de la firma se vieron afectados en su economía personal.
Lo cierto fue que, según informó Página 12 en un artículo del 2007, en agosto de 1987 los Greco llegaron a un acuerdo con el gobierno de Raúl Alfonsín, por el cual se les reconoció la propiedad de diez de las 45 empresas que les habían quitado, mientras las otras quedarían en compensación por las deudas con el Estado. Ese convenio formalizado por decreto no se pudo practicar porque las empresas habían sido desguazadas o vendidas. En 1989 se firmó otro convenio, y unos pocos días antes de entregar por adelantado el mando Alfonsín ordena cumplir, pero tampoco se concretó.
Fue en 1991 cuando los Greco iniciaron un juicio para ejecutar los acuerdos a su favor, y tras una “tibia defensa por parte del Estado”, hubo un fallo el 28 de diciembre de 2001, el día en que concluyó el fugaz gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, en medio de la crisis.
No obstante, la causa de la que la OA dejará su querella será por irregularidades en el desempeño de los abogados que ejercieron la representación del Estado Nacional en la causa civil promovida por el Grupo Greco.
