Este miércoles detuvieron al exsenador provincial del Frente de Izquierda, Víctor da Vila, durante la marcha que realizaron organizaciones políticas y sociales contra la Ley Ómnibus que se trata en el Congreso. Mientras que esta mañana fue arrestado también en su domicilio el dirigente del Polo Obrero, Martín Rodríguez, por haber participado de la misma manifestación. El fiscal de Instrucción, Fernando Giunta, los imputó por violar el Artículo 194 del Código Penal que garantiza la libre circulación en la vía pública. Desde el FIT entienden que se trata de una “persecución política” contra sus referentes.
El Ministerio de Seguridad y Justicia informó a través de un comunicado que ayer “se aprehendió al ciudadano Víctor Dávila, quien quedará detenido hasta tanto el Ministerio Público Fiscal resuelva su situación procesal. Por orden del fiscal, en este caso se aplicó el artículo 194 del CP por corte total de la calzada. Cuenta en la actualidad con dos causas anteriores iniciadas por el mismo delito”.
Por su lado, voceros del Partido Obrero relataron a Los Andes que cuando la movilización iniciada en San Martín y Garibaldi llegó a la Plaza Independencia, Da Vila se alejó unos metros de su agrupación y fue “emboscado por la policía”, que lo trasladó hasta la Comisaría 3°, dónde se encuentra arrestado.
Entonces detallaron que al dirigente se lo imputó por haber participado de la marcha masiva que se dio durante el paro general del 24 de enero y en breve lo procesarán por esta última manifestación. “En la movilización del 24 de enero hubo más de 8 mil personas, con una pluralidad muy grande de organizaciones y en el marco de eso solo se lo imputa a él, que en ningún momento se le pidió una identificación”, dijo un militante.
Y agregaron que “el propio ayudante de fiscal dijo que se buscaba identificar a los dirigentes. Hay una persecución política contra el Partido Obrero, que ha sido uno de los que más ha enfrentado el ajuste que han llevado los gobiernos nacional y provincial”.
Posteriormente, este jueves el fiscal Giunta ordenó a primera hora la detención del dirigente del Polo Obrero, Martín Rodríguez, quien ya ha sido imputado en siete causas anteriores por el artículo 194 y el año pasado permaneció detenido una semana por otra movilización.
En ese momento tuvo que pagar una fianza de $100 millones y se le dictó la prohibición de cometer nuevos delitos, lo que incluye no incurrir o participar de nuevos cortes de calles. En estas causas iniciadas con anterioridad, ya se produjo la elevación a juicio y el debate comenzaría el próximo martes, según lo informado por el MPF.
Efectivamente, pasadas las 10 de la mañana, el Polo Obrero confirmó que su líder fue arrestado en su domicilio. “Estas detenciones son un claro hecho de persecución política y un intento de amedrentar la protesta social. La policía de Mendoza bajo las órdenes del Fiscal Giunta y el gobernador Alfredo Cornejo atacan las libertades democráticas con métodos propios de la dictadura. En línea con la política de Bullrich y Milei buscan disciplinar la protesta social a través de la represión y la persecución a la izquierda”, denunciaron a través de un comunicado.
“Rechazamos las detenciones y la persecución permanente contra dirigentes del Partido Obrero. Libertad inmediata a Víctor da Vila y Martín Rodríguez”, reclamaron.
Vinculan la sanción del agente encubierto
El martes pasado, en su primera sesión del año, el Senado le dio sanción definitiva al proyecto que modifica el Código Procesal Penal de la provincia para incluir la figura del agente encubierto informático digital. Su objetivo es innovar en la investigación de delitos cibernéticos, permitiendo a agentes especializados infiltrarse en organizaciones criminales con autorización judicial. La iniciativa fue propuesta en 2021 por el Fiscal de Delitos Informáticos, Santiago Garay, a través de Juan Carlos Jaliff quien era el Presidente Previsional del Senado en ese momento.
Esta figura posibilita que agentes expertos en informática, ocultos tras una identidad falsa y con la aprobación de un Juez de Garantías, se infiltren en grupos delictivos especializados en actividades cibernéticas, como el grooming o la pornografía infantil. Vale la aclaración: únicamente puede ser utilizada en situaciones excepcionales, primero por pedido del fiscal y con la posterior autorización del Juez.
Luego de las detenciones de los dirigentes del FIT, un referente de organismos por los Derechos Humanos puso el ojo en la sanción del proyecto y lo vinculó directamente. “Esta semana se aprobó la ley del espía encubierto informático, que los organismos de DDHH hemos discutido largamente y nos pareció un esquema de represión ideológico muy fuerte. No es más que instalar una agencia de inteligencia local para que el Ejecutivo pueda investigar lo que quiera investigar, que normalmente son las organizaciones sociales y populares”, comentó Marcelo Stern, miembro de la Casa por la Memoria de Godoy Cruz, a Los Andes.
Y explicó que en el proyecto se utilizó una palabra que deja librado el accionar de la policía, según el interés que tenga el gobierno de turno. “El articulado indica que ´fundamentalmente´ se va a dedicar a la trata de niños y el narcotráfico, pero esa palabra deja abierta la interpretación para el espionaje de personas, lo cual es sumamente grave y distorsiona la vida democrática de Mendoza”, sostuvo.
Y explicó que en la marcha de ayer, la policía ya tenía identificados a los dirigentes de la manifestación. “Cuando se va juntando la gente para marchar a la Plaza Independencia se acercó un oficial de policía, preguntando quienes estaban a cargo de la marcha y apareció la comisaria, que le dijo ‘ no preguntés´, porque los responsables son tal y tal, señalándolos. Lo que evidencia que la policía tiene fichado a todo el mundo y a partir de la sanción del espía encubierto, se legaliza e institucionaliza y está prohibido por la Constitución nacional”.
