Están jugando fuerte, a todo o nada. El Gobierno y los acreedores se muestran los dientes y negocian. Ambos buscan un acuerdo. Y están dispuestos a ir hasta el final, por lo que esta novela se podría extender hasta un mes más.
Hoy vence el cuarto plazo establecido por el Gobierno para negociar. Y si durante el fin de semana no hay acuerdo, se extenderá el lunes. Hace diez días, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que no habría más, pero su estrategia de presión no resultó.
La distancia entre Guzmán, el negociador local, y los acreedores es hoy de 2.100 millones de dólares. Desde ambas puntas vienen aflojando: cuando empezó la disputa formal el 21 de abril, la diferencia era de 12.000 millones de dólares.
Argentina ahora ofrece pagar 1.700 millones hasta 2023 inclusive (entre capital e intereses) por bonos ley extranjera. Los tenedores más agresivos, que integran los grupos Ad Hoc y EBG, exigen que sean 3.800 millones, cuando venían de pedir 5.100 millones.
Hay un tercer comité llamado “Grupo de Titulares de Bonos de Canje”, compuesto por 18 instituciones de inversión representadas por Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP que posee el 15% de los bonos, que puso un valor para cerrar: 1.900 millones. Están cerca.
Así, si fuera por los montos, el canje de deuda está a la vuelta de la equina. Hay que recordar que con los bonos actuales la Argentina debería pagar por títulos ley extranjera 28.000 millones de dólares entre 2020 y 2023 por capital e intereses.
El país se juega gran parte de su recuperación económica en esta operación tensa y con sobresaltos en la recta final. Y el presidente Alberto Fernández pone en juego parte del destino de su gobierno.
Fernández estuvo reunido en la noche del miércoles con Guzmán en Olivos. Analizaron alternativas. Y decidieron seguir pulseando para intentar acordar. El domingo se cumplen dos meses de puja, mientras que el canje de 2005 demandó un año.
La letra chica
Un análisis de la consultora financiera porteña “1816” al que accedió este diario indica que si bien hay diferencias en el Valor Presente Neto (VPN), cuando se analiza el perfil de vencimientos comparados todo indica que “el acuerdo no se puede escapar, al menos en lo relacionado a flujos”.
Ahora, lo legal es otra historia. Los dos grupos más duros (en los que están BlackRock, Fidelity y Ashmore) piden que la letra chica del acuerdo los proteja de punta a punta, dada la inmensa desconfianza que les genera un país con nueve defaults en sus espaldas.
El pedido consiste en que todos los nuevos bonos que se emitan para la operación se hagan bajo el indenture (contrato de emisión) del canje de 2005 que lideró Roberto Lavagna, más seguro para ellos que el de los bonos de 2016 que el Gobierno propone para una parte de los papeles.
En ese contexto de máxima incertidumbre, los activos en dólares de la Argentina ayer una pésima jornada. El indicador riesgo país, que elabora la banca estadounidense JP Morgan, subió 2,3% y se ubicó en los 2.614 puntos básicos. Y los bonos en dólares mostraron caídas de hasta el 6,9% (en mayo habían escalado 45%).
El indicador S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) se hundió 6,13%, hasta los 37.990 puntos, y las acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York cayeron hasta 13,8%.
En el entorno de Fernández siguen siendo optimistas. Y señalan que en las últimas horas Guzmán mejoró su oferta de pago hasta el 50% del valor de los bonos, más un cupón atado a la variación de las exportaciones.
Si se suma el warrant (opción negociable) atado a exportaciones, el VPN propuesto por Guzmán asciende a 51,7 dólares. Además, en esta propuesta el país acorta el período de gracia a 1 año y achica quita de capital a 3%. Al menos por ahora, Guzmán dice que es todo lo que puede ofrecer.
Pero esto es insuficiente para el grupo denominado Ad Hoc Bondholder Group, que asegura que las trabas son puestas por la Casa Rosada: “La Argentina rechazó una sostenible y sensata solución”, dijo sobre su propia contraoferta.
Y advirtió: “Dado el fracaso de las negociaciones, nuestro Grupo ahora está considerando todos los derechos y recursos disponibles en nuestro capacidad como fiduciarios para los millones de ahorradores que servimos alrededor del mundo”. Así, amenazó con ir a la Justicia de Nueva York para pedir que se declare al país en default y se aceleren todos los pagos.
