Rodolfo Suárez se sentó en el sillón de San Martín hace dos años y llegó con un maletín con promesas a cumplir. Algunas de ellas no avanzaron por errores propios y por la falta de ayuda de la oposición, y otras no terminaron de encaminarse porque la pandemia corrió la prioridades.
Gestionar en pandemia no ofrece ninguna comparación sobre la cual analizar. Sin dudas sostener la apertura de actividades económicas y las clases presenciales, diferenciándose de la Nación, fueron “caballitos de batalla” que consolidaron su imagen. Y fueron los puntos altos en estos dos años.
En la calurosa tarde del 9 de diciembre del 2019, Alfredo Cornejo le entregaba la banda y el bastón de mando a un Rodolfo Suárez que había hecho una de las mejores elecciones en la historia de la democracia, llegando a los 50 puntos. Envalentonado, encararía una de las reformas que iban a marcar su gestión.
El 10 de diciembre a primera hora ingresó el proyecto para modificar la ley 7722 conocida como “antiminera” y el final es conocido. Marcha atrás, derogación y las incógnitas en cuanto a ampliación de la matriz productiva.
En marzo llegó la pandemia y poco pudo ejecutarse del plan de Suárez, aunque avanzó con otra promesa de campaña como fue la creación del Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS) que no es vinculante. Hay que decir que desde que ingresó el proyecto a la Legislatura hasta su sanción, pasó bastante tiempo porque al propio oficialismo, al parecer, no le parecía prioritario. Hoy el Consejo está evaluando proyectos de distintas áreas, tras un tiempo considerable de reglamentación y puesta en funcionamiento sus comisiones.
Otra de las reformas que encaró Suárez fue la de la Reforma de la Constitución en agosto del año pasado. La relación con la oposición, liderada por Anabel Fernández Sagasti, había quedado tensa después de retroceder con la minería y las facturas por quién rompió primero el acuerdo no tardaron en pasarse.
Para modificar la 7722 no necesitaba la mayoría del Frente de Todos, pero sí el consenso político. La necesidad de introducir cambios en la Carta Magna tiene que contar con el aval de dos tercios de votos de ambas cámaras: léase el apoyo de la oposición. Y el final también es conocido: el peronismo no acompañó, la relación se tensó al máximo después de avanzar con el tratamiento en comisiones del que sólo participó el oficialismo.
Todo iba a terminar en un circo romano, con los legisladores peronistas defendiéndose de las fieras oficialistas ante cámaras y flashes, hasta que primó la cordura días antes de la segunda Asamblea Legislativa de Suárez. La votación se postergó porque había tiempo para pedir el Referéndum en las elecciones pasadas. Sin embargo, nada cambió pero el Gobernador no se da por vencido y asegura que insistirá.
Para otras modificaciones no es necesario contar con el apoyo opositor dado que Cambia Mendoza tiene mayoría en ambas cámaras. Esa ventaja le permitió aprobar una legislación para evitar equiparaciones de funcionarios judiciales a magistrados y sueldos abultados.
El peronismo cuestionó que el texto abarcaba a un puñado de personas, mientras que el Gobierno decía lo contrario. Lo cierto es que salió con los votos radicales. La mayoría en el Senado le permitió al Ejecutivo designar a María Teresa Day en la Suprema Corte de Justicia tras la renuncia de Jorge Nanclares en medio de una batahola de críticas por no cumplir –según interpretaban los opositores- los requisitos para llegar al máximo tribunal.
Los cambios en la Ley de Educación le dieron al borrador confeccionado el desgaste de un proyecto porque nunca ingresó el texto a la Legislatura el año pasado. Sin embargo, la carnicería entre oficialismo, oposición y el sindicato docente postergaron el debate para este año, y nuevamente para el próximo. Suárez culpó a la interna sindical.
En el reparto de culpas, por supuesto no hay coincidencias. El oficialismo acusa a la oposición de oponerse sin argumentos como sucedió con el proyecto de la Reforma de la Constitución. Y la oposición carga contra el Gobierno a quien acusa de no dialogar ni buscar consensos antes de presentar proyectos, entre otras cosas.
El equilibrio entre salud y economía
Hay un funcionario provincial que bromea pensando en su lápida: “El día que me muera, quiero que pongan mi nombre y abajo, que defendí el equilibrio entre salud y economía”. La frase se ata a la insistencia en el término por parte del Gobierno provincial, al nivel de slogan.
Si bien es cierto que Suárez dispuso cerrar la provincia antes que Nación, junto a un puñado de gobernadores, cuando vio que podía flexibilizar algunas actividades lo hizo. Y eso marcó a fuego la relación con el Gobierno Nacional porque se empezó a hablar de dos modelos: el restrictivo y el aperturista.
La exhaustiva interpretación de cada Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) le permitió a Suárez disponer de medidas con mayores libertades que en Buenos Aires o Formosa, por ejemplo. De igual manera se plantó con las clases presenciales este año y recibió el guiño de la Corte Suprema que bajó el martillo en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que pretendía lo mismo.
Ahora, encara otra reforma que apunta a lo electoral como es la implementación de la Boleta Única. El texto circula entre intendentes y se esperan aportes para un proyecto que seguramente ingresará el año próximo. Suárez no necesita de la oposición para aprobarlo, y quizás se termine transformando en el primer cambio sustancial que trasciende su Gobierno.
