El exconcejal a cargo de la intendencia de Guaymallén, Luis Lobos, podría ser rápidamente condenado la semana que viene por la Justicia Mendocina por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta durante su paso en cargos ejecutivos, como también cuando fue empleado estatal en la comuna. El exdirigente peronista se declarará culpable en un juicio abreviado, en el cual se aguarda una pena que podría rondar los 8 años de prisión en total, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa económica que aún no ha sido resuelta, más confiscación de bienes.
Si bien se esperaba que este jueves el Tribunal Penal Colegiado 2, compuesto por Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Nancy Lecek, aceptara o no este juicio abreviado, quedó postergado para la semana que viene.
“Debemos acordar aspectos técnicos que son certificaciones, medidas cautelares, designaciones de defensores, renuncias y demás”, manifestó el fiscal en jefe de Delitos Económicos, Javier Pascua. Además, agregó que si bien trascendió una posible pena de 8 años de prisión, el acuerdo “se dará oportunamente. No está cerrado”, aclaró.
También marcó, en cuanto a la multa, que se le podría sumar una pena de un año y medio más a lo acordado en caso que Lobos no abone la multa que se le aplicará. La misma equivaldría al 50% del valor evadido.
Lo que resulte de esta negociación, y si finalmente se concreta el acuerdo, tendrá impacto en el resto de los imputados, ya que se debería sortear otro tribunal para que se desarrolle el juicio, ya que habría una “preopinión” por parte de los magistrados.
Los acusados, además de Lobos, son su expareja, Claudia Sgró, imputada por enriquecimiento ilícito; el exsecretario de obras públicas, Federico Sampieri, por defraudación a la administración pública; y el empresario Roque Núñez, apuntado como partícipe necesario en la causa por administración fraudulenta.
Esta sería la segunda condena contra Lobos. A la investigación que realizó la fiscal Susana Muscianisi por irregularidades en el alquiler de una planta de asfalto (Wanka SA), más el enriquecimiento ilícito (que son las causas que se juzgan actualmente); se suma pena que tuvo el guaymallino en mayo del 2019 por 4 años y medio de prisión, también por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la contratación, también irregular, de dos personas en la comuna de Guaymallén, Laura Fara y su hijo Pablo Müller, quienes nunca cumplieron tareas en la municipalidad, sino que se desempeñaron en la casa de la madre de Sgró con tareas domésticas, en momentos en los que Lobos estaba a cargo de la intendencia. En esa causa también fue condenada también Sgró, a 3 años y 4 meses de cárcel.
No obstante, hay que tener en cuenta que la causa anterior, más estas otras dos, deberían haberse realizado en un juicio unificado. De hecho, el primero se llevó a cabo mediante una “violación de reglas de concurso”, por lo que la pena que se terminará cristalizando este jueves, en caso de acuerdo, será la total.
Según confirmaron a Los Andes fuentes judiciales, la pena que recibiría Lobos sería “razonable” teniendo en cuenta que además Lobos renunciará a los recursos extraordinarios planteados, por lo que quedará firme la pena por extinción de dominio contra Lobos, lo que es, para un sector de la Justicia, una “conquista” en términos políticos, debido a que una posible apelación a la Corte Nacional podría haber tenido un resultado negativo.
Se especula que en la negociación entre la fiscalía y la defensa de este caso, se cedió en una baja de dos años a Lobos de lo que se entiende que podría recibir en un juicio normal. “Siempre hay imponderables en un juicio”, manifestaron.
Las causas
A Lobos se lo investiga por enriquecimiento ilícito, mientras que también enfrenta la acusación de administración fraudulenta por sobreprecios en el alquiler de una planta de asfalto y maquinaria de la empresa Wanka SA.
El expediente de enriquecimiento ilícito ha sido considerado la “madre de las causas” contra el ex intendente de Guaymallén. Lobos y Sgró arriesgan penas de 2 a 6 años de prisión, según se determina en el artículo 268 (2), que establece que “será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años, multa de dos (2) a cinco (5) veces del valor del enriquecimiento, e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos (2) años después de haber cesado en su desempeño”.
A Lobos se lo acusa de haberse enriquecido a costa de su trabajo como empleado municipal, vínculo que comenzó en 2000, aunque sobre todo la investigación se centra en los años que, tras ser concejal, pasó a convertirse en intendente (2013 a 2015).
Según la acusación de la fiscal Muscianisi, Lobos no pudo demostrar un aumento en su patrimonio de $3.923.099 (valores de ese momento) entre bienes muebles e inmuebles entre el 2003 y el 2015. En tanto, Sgró incrementó su patrimonio en el ejercicio de la función pública del año 2000 al 2013 en $1.188.837 “sin justificar dicho incremento”, manifestó la fiscal en el escrito.
Entre los bienes de Claudia Sgró se encuentra el siguiente detalle: 50% de una Pickup Amarok por un valor de $3.349.330; 50% de un Peugoet 208: $2.759.871 y el 50% de un cuatriciclo marca Can-Am por $2.129.722 entre los rodados. Está también el 100% de un departamento por $4.109.669 y cinco lotes, de los cuales hay cuatro ubicados en el complejo Sol Andino por un total de $3.323.634 y el restante, situado en el barrio privado Nautilus, valuado en $1.310.150. Esta suma arroja $16.982.381.
Mientras que en el caso de Luis Lobos, se detalla el 50% restante de los rodados mencionados anteriormente, además de dos inmuebles. El 100% de un terreno, por $1.075.617 y el mismo porcentaje de una construcción por $147.500.700 le dan a Lobos, bienes por $156.320.242.
Por otro lado, se manifestó en el expediente que Lobos no pudo justificar que realmente adquirió supuestamente U$S 200.000 en Canadá, y que no fueron declarados cuando ingresó a la Argentina en 1992, tras haber trabajado en una empresa de limpieza. Con parte de ese dinero, aseguró Lobos que había podido adquirir dichos bienes.
