El Tribunal Oral Federal 2 reanudará este lunes el proceso oral y público contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad. En el mismo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola contestarán los planteos de nulidad y las excepciones que introdujeron las defensas durante sus exposiciones en la instancia de alegatos.
Se trata de la etapa final del juicio y tras el cuarto intermedio de dos semanas que se dispuso cuando terminaron de alegar los abogados de las partes. En esa instancia, el exsecretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez realizaron planteos a través de sus abogados que ahora Luciani deberá responderá.
El TOF rechazó esos pedidos y de todas formas le corrió traslado de esos planteos a Luciani. Según lo detalló La Nación, si los fiscales terminan de responder a los planteos mañana, los jueces pasarán a fijar las fechas para que los imputados digan sus últimas palabras ante los jueces y luego responderán los planteos y darán a conocer su veredicto.
Según el mismo medio, desde le entorno de Luciani sostenían que dar réplicas sería extender más los plazos del juicio y dilataría la pronunciación del veredicto. Deslizaron, además, que los argumentos brindados en las exposiciones no mostraron elementos nuevos.
Juan Villanueva, abogado de Lázaro Báez, planteó la nulidad parcial del alegato de Luciani y una excepción por falta de acción al sostener que del total de las 52 obras investigadas en esta causa 49 ya fueron investigadas en causas por las que se dictaron sobreseimientos en los tribunales de Santa Cruz.
En tanto, el defensor de José López, Santiago Finn, planteó la nulidad parcial del alegato de Luciani y la nulidad de la prueba proveniente del teléfono celular de su defendido, así como también pidió declarar nula la prueba proveniente del procesamiento de López que mostró el fiscal cuando aludió a sus dichos como arrepentido.
Los fiscales pidieron al tribunal una pena de 12 años para la vicepresidenta Cristina Kirchner y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Cristina es acusada junto a Lázaro Báez, Julio De Vido y José López, entre otros exfuncionarios de su gobierno, por el direccionamiento de obra pública vial en Santa Cruz a las empresas de Báez entre 2003 y 2015.
