Se difundieron varios videos de la controvertida reunión en la cárcel entre diputados y represores de la última dictadura militar, que causó una crisis en el bloque de La Libertad Avanza y llevó a la renuncia, antes de ser expulsada, de Lourdes Arrieta.
La diputada mendocina había denunciado que fue engañada para asistir a un encuentro con figuras del terrorismo de Estado de la década de 1970.
Tras la renuncia de Arrieta, quien se separó del oficialismo con fuertes acusaciones contra Martín Menem, Clarín publicó las imágenes de las cámaras de seguridad de la Unidad 31 del Penal de Ezeiza.
En estas imágenes se ve a seis diputados libertarios, entre ellos Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta y Rocio Bonacci, visitando a condenados por delitos de lesa humanidad el pasado 11 de julio.
Bonacci, que fue la única en negarse a posar con los detenidos, explicó que se enteró del verdadero propósito de la visita justo antes de llegar al penal y, aunque participó en la visita, se mantuvo al margen de las actividades.
Los demás miembros de la comitiva se encontraron con Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Guillermo Suárez Mason Jr., Adolfo Donda y Antonio Pernías, entre otros represores.
Arrieta y Bonacci revelaron que fueron engañadas por Benedit, quien presentó la visita como una inspección humanitaria, con respaldo institucional de la Cámara. En realidad, el propósito era reunirse con condenados por delitos de lesa humanidad.
Por su parte, Arrieta, a pesar de su afirmación de no conocer a Astiz, se fotografió con los detenidos, mientras que Bonacci permaneció como espectadora.
Finalmente, el grupo completo dejó el penal después de evitar nuevamente el detector de metales y regresó a Buenos Aires.
El escándalo resultante provocó pedidos para la expulsión de los seis legisladores involucrados. Arrieta presentó una denuncia en el juzgado N°2 de Lomas de Zamora, dirigida por el juez Ernesto Kreplak, aportando más de 80 páginas de chats de WhatsApp sobre la organización de la visita.
Su denuncia incluyó cargos de coacción agravada, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, conspiración y malversación de fondos públicos.
Además, la mendocina solicitó investigar al Director Nacional del Servicio Penitenciario, Fernando Martínez; a los directivos del penal de Ezeiza; a Beltrán Benedit y al padre Javier Olivera Ravasi, un religioso hijo de un represor.
