Como parte de los recursos que el gobierno de Javier Milei recortó a las provincias, suprimió después de 25 años ininterrumpidos el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), que se utilizaba para nutrir los salarios de maestros y profesores en los distritos. Ahora, la oposición está cerca de avanzar, en la Cámara de Diputados, con una ley para reponer ese fondo, aunque el presidente ya avisó que la vetará.
El tema se tratará este martes en las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda, y de acuerdo con la moción aprobada en el recinto la semana pasada, se firmará dictamen. La intención de Unión por la Patria, uno de los bloques que más presionó con la causa, es ir a la votación el próximo 4 de junio, en una sesión donde también incluirán las iniciativas para actualizar el presupuesto universitario.
El FONID fue creado por ley en 1998 en el marco de la protesta docente de CTERA conocida como “Carpa Blanca”, y aportaba un monto equivalente al 10% de los salarios de bolsillo de maestros y profesores. Fue prorrogado sucesivamente a través de leyes y decretos. La última actualización se hizo vía decreto por dos años, hasta el 1ro de enero de 2024.
Milei no prorrogó el fondo y el 27 de marzo lo eliminó definitivamente mediante el DNU 280/24. De esa manera, según un informe del Instituto Consenso Federal, se suprimieron los 276.262 millones de pesos que, en el Presupuesto de 2023 prorrogado para este año, se asignaban a las provincias.
El Gobierno considera que el FONID atenta contra el déficit fiscal y busca que los distritos se hagan responsables de esos pagos. De hecho, Milei anticipó la semana pasada que vetará cualquier ley de este tipo, lo que obliga al Congreso a aprobarla con dos tercios de los votos para que la jugada no termine siendo inocua.
El PRO se muestra en la misma posición que el presidente. “El FONID es un mal concepto, porque es dinero en negro, que deben pagar los gobernadores y nunca el Estado nacional. Además, produce en las arcas del Estado nacional, que el kirchnerismo ha dejado vacías, un déficit fiscal de entre 1 billón y 1.4 billones de pesos”, advirtió en la sesión el presidente de la Comisión de Educación, el macrista Alejandro Finocchiaro.
A valores del año pasado, Mendoza recibía unos 12.000 millones de pesos anuales en concepto de FONID, según informaron en el equipo del diputado Julio Cobos (UCR), autor de uno de los proyectos sobre el tema. Llevado a la inflación actual, equivaldría a unos 36.000 millones de pesos. En Córdoba, el diputado Pablo Carro (Unión por la Patria) estimó que se dejan de percibir unos 26.000 millones este año.
“Queremos que la restitución del FONID sea tratada en el recinto lo antes posible. El recorte de fondos como el FONID y las políticas de ajuste que viene aplicando sistemáticamente el Gobierno nacional implican un ataque a la educación, a los trabajadores y a toda la comunidad educativa. Estamos luchando en la Cámara y en las calles para devolverle a la educación el lugar central que siempre tuvo en nuestro país”, aseguró Carro, integrante de la Comisión de Educación.
Para el dictamen que se firmará este martes se tendrán en cuenta siete proyectos de todos los bloques de la oposición. La mayoría apuntan a extender la vigencia del FONID desde el 1ro de enero y por distintos lapsos de tiempo: dos años (Silvana Ginocchio, de Unión por la Patria), cuatro años (Danya Tavela, de la UCR) o cinco años (Ariel Rauschenberger, de Unión por la Patria, y Julio Cobos, de la UCR).
En tanto, Máximo Kirchner y Romina Del Plá (Frente de Izquierda) coinciden en la idea de darle al FONID carácter permanente. Por su parte, Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal) propone extender la vigencia hasta tanto se subsane el tema en un pacto fiscal con las provincias. Algunos proyectos, además, también abordan los criterios de distribución de estos recursos.
La restitución del FONID es la segunda “pata” de la avanzada opositora en Diputados, que arrancó la semana pasada con los dictámenes para actualizar y aumentar el presupuesto universitario. En las mismas comisiones que se reunirán este martes, se firmaron cuatro despachos: uno de Unión por la Patria, uno de la UCR en conjunto con la Coalición Cívica, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, uno del Frente de Izquierda y otro de La Libertad Avanza y el PRO.
Mientras que el oficialismo y sus aliados macristas buscan plasmar en una ley el acuerdo al que llegue el Gobierno con los rectores (estaba prevista para este lunes una reunión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional), el kirchnerismo y el radicalismo impulsaron propuestas para actualizar los montos por la inflación acumulada de 2023 y ajustarlos bimestralmente hasta fin de año.
