Los alimentos con exceso de azúcares, sodio y grasas deberán llevar en sus envases un sello de advertencia para prevenir efectos negativos en la salud. El proyecto de etiquetado frontal fue aprobado minutos antes de la medianoche en la Cámara de Diputados, que ponía punto final a un debate extenso y áspero, cruzado por intereses económicos. El proyecto tuvo 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones
En la última sesión antes de las elecciones, diputados de distintos bloques lograron dejar de lado sus diferencias políticas y coincidieron en la necesidad de saldar una vieja deuda. El texto recibía apoyo de todo el oficialismo -incluidos los representantes tucumanos-, la mayoría de Juntos por el Cambio, los bloques federales y la izquierda.
“El Estado argentino no va a mirar para otro lado, sino que va a dar la pelea para revertir una situación que nos alarma”, destacó la oficialista Cecilia Moreau, presidenta de la Comisión de Legislación General, y agregó que “con esta ley vamos a subir un escalón en la garantía de derechos”.
Desde los palcos y frente al Congreso, activistas de organizaciones civiles como Fundeps, Consumidores Argentinos, SANAR, Consciente Colectivo, FAGRAN, FIC Argentina, CALISA y Consciencia Solidaria acompañaban el debate, que comenzó cerca de las 16.
La necesidad del etiquetado frontal se fundó en cifras: según informó Moreau, el 66% de la población argentina tiene exceso de peso, el 32% tiene obesidad, el 40% padece presión arterial elevada, el 30% tiene colesterol elevado, y el 41% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años padece exceso de peso.
“Al día de hoy, la información nutricional que se brinda es confusa. No solo es ilegible por el tamaño de la letra, sino que un tercio de la población no sabe que esas etiquetas existen”, sostuvo la legisladora, y aseguró que la flamante ley se basa en “evidencia científica concreta”.
En este sentido, enfatizó que “el octógono negro es la forma más eficaz” para cumplir con el objetivo, y a su vez el Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud “es, hasta el momento, el más adecuado” para determinar cuándo hay sobreabundancia de grasas, azúcares o sodio.
Desde la UCR, Brenda Austin resaltó que la dirigencia política “fue capaz de poner por encima de cualquier posición partidaria la defensa del derecho a la salud”, y señaló que “hoy la forma más frecuente de la malnutrición es el sobrepeso y la obesidad, y tiene que ver con la necesidad de cambiar los hábitos alimentarios”.
A su vez, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Diego Mestre, apuntó que “no solamente es acceso a la información, transparencia y responsabilidad industrial, sino que fundamentalmente es prevención, y cuando hablamos de salud pública, la prevención es fundamental”.
El mendocino José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) elogió el trabajo conjunto de dos senadores de su provincia, Anabel Fernández Sagasti y Julio Cobos, para impulsar la ley, y criticó a “los agoreros del lobby de las empresas que no quieren cambiar su manera de producir los alimentos”, y que “ocultan la información para tener ganancias suculentas”.
El Poder Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentar la ley -el texto no establece quién será la autoridad de aplicación-. Luego de ese lapso, las grandes empresas tendrán seis meses para adaptarse, y las pymes, doce meses. Y en ambos casos, el Ejecutivo podrá disponer una prórroga de seis meses más.
Finalmente, después de ese período, las empresas tendrán dos años más para hacer esfuerzos progresivos para evitar los sellos de advertencia, según las metas que se definan en la reglamentación. Este proceso gradual terminará con la adaptación total al perfil de nutrientes.
Las voces críticas
El manzurista Pablo Yedlin consideró que “el proyecto es virtuoso, pero podría haber sido mejorado”. “No voy a ocultar el desafío que fue para mi como diputado tucumano y presidente de la Comisión de Salud, entendiendo la importancia de la industria azucarera en Tucumán, con 50.000 trabajadores directos y una historia de muchos problemas”, admitió.
Autora de un dictamen alternativo que aglutinó a buena parte del PRO, Carmen Polledo denunció que “hay una posición de fanatismo que pretende imponer la idea de que hay solo una forma posible de etiquetado, los octógonos negros”, y propuso avanzar con un formato “integral”.
Además, Polledo criticó los artículos que prohíben destacar cualidades positivas de los alimentos etiquetados, y que también impiden publicitar estos productos cuando van dirigidos a niños y adolescentes, y comercializarlos en entornos escolares. “El cambio no se impone por la fuerza y con la policía”, opinó.
Desde el mismo bloque, Soher El Sukaria sostuvo que se trata de “un proyecto que atrasa en lo que estamos viviendo en la Argentina, donde necesitamos generar empleo y reglas claras para los que producen”. Agregó que “la etiqueta se convierte en una barrera” con los países vecinos porque no se armonizó la normativa dentro del Mercosur.
El bloque Córdoba Federal se encaminó a votar favor, pero proponía modificaciones: que sea la autoridad de aplicación la que defina los límites máximos de nutrientes críticos; que haya plazos más extendidos para su implementación; que se coordine la regulación a nivel regional; y que no haya una “intromisión” sobre competencias provinciales.
