Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para derogar la normativa del derecho al voto de las personas privadas de su libertad con resolución judicial.
La iniciativa fue impulsada por Alberto Asseff, cuenta con la adhesión de otros diez diputados, y plantea la derogación de la Ley N° 25.858, la cual modifica al Código Nacional Electoral con respeto al derecho al voto de las personas que se encuentran detenidas.
En sus fundamentos, Asseff indicó que “dicha norma es un mero recurso para la obtención de votos por parte del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta el perfil de electorado del oficialismo”.
Asimismo, el legislador resaltó que los fondos que son destinados a los procesos electorales en esos ámbitos, “bien podrían ser utilizados en favor de su propia seguridad y mejoramiento de condiciones de infraestructura carcelaria”.
“Es sabido el hecho de las deplorables condiciones sufridas por las personas privadas de la libertad, contrariando parámetros constitucionales y de pactos internacionales de Derechos Humanos”, remarcó Asseff.
En diálogo con el diario Clarín, Asseff precisó que la medida se aplicaría “en todo el sistema federal y en las elecciones nacionales de presidente y de legisladores nacionales” y alcanza a las personas que “están detenidas por orden de jueces federales o provinciales”. “Si las provincias adhieren a la elección nacional, caso como la provincia de Buenos Aires regirá también la prohibición”, si la norma es sancionada, agregó.
“El proyecto surgió de la añeja idea o concepto que no es lo mismo ser un ciudadano derecho que uno que le hizo trampa a la ley”, explicó Asseff, quien añadió: “Tiene el preso derecho a estudiar y a trabajar- en rigor nadie encarcelando debería dejar de trabajar - pero no de elegir a nuestros representantes porque tiene una inhabilidad moral y con nuestro proyecto la tendrá legal”.
La propuesta lleva las firmas de los diputados Gerado Milman, Carlos Zapata, Héctor Stefani, Francisco Sánchez, Alejandro Finocchiaro, Pablo Torello, Jorge Vara, Maru Sotolano, Virginia Cornejo y Gerardo Cipolini.
La iniciativa impulsada por Juntos por el Cambio va a contramano de lo expresado en su momento por la Procuración Penitenciaria, que evaluó que la restricción al derecho de votar constituye un agravamiento en las condiciones de detención.
En este sentido, la Corte Suprema resolvió en 2002 que las personas procesadas con prisión preventiva estaban habilitadas para votar, medida que fue ratificada en diciembre de 2003 con la ley 25.858.
Por su parte, la Procuración Penitenciaria apoyó en 2013 el pedido ante distintos juzgados federales con competencia electoral, de personas condenadas privadas de libertad que solicitaban ser incluidas en el padrón electoral para votar en las elecciones.
En 2016, la Cámara Electoral Nacional declaró la inconstitucionalidad de la restricción del derecho al sufragio para los condenados. En dicha resolución se habilita y dispone que se tomen medidas para que se trate su reglamentación.
Un año después, la Procuración Penitenciaria se presentó ante la Corte Suprema en carácter de “amigo del tribunal” a fin de poner de manifiesto su opinión en el marco de un recurso extraordinario impulsado para que se garantice el ejercicio en forma amplia de los derechos políticos inherentes de las personas que encuentren condenadas.
Actualmente los procesados con prisión preventiva pueden emitir su voto e incluso la autoridad electoral confecciona un Registro de Electores Privados de Libertad para contener los datos de las personas procesadas y para habilitar mesas de votación en los penales.
