La Cámara de Diputados no pudo avanzar hoy en el armado de una comisión investigadora sobre la conducta de los diputados que se reunieron con represores en el penal de Ezeiza, por lo que volvió a postergarse una definición sobre si corresponde sancionar a los legisladores libertarios.
La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Silvia Lospennato, se reunió por segunda semana consecutiva y en los próximos días lo hará en un plenario en conjunto con la comisión de Asuntos Constitucionales, para definir cuál será el formato para analizar si corresponde las sanciones a los legisladores.
La resolución se adoptó luego de recibir la visita de organismos de derechos humanos, que reclamaron la conformación de una comisión investigadora y pidieron la expulsión de los seis diputados que visitaron a los genocidas el pasado 11 de julio.
Los que efectuaron la visita fueron los diputados de LLA Beltrán Benedit, organizador del tour a la cárcel de Ezeiza; Guillermo Montenegro, un dirigente cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel; María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra Ugalde, Rocio Bonacci y Lourdes Arrieta, quien este martes anunció su salida del bloque y el armado del monobloque FE.
El debate que se plantean los legisladores es si corresponde aplicar una severa sanción a los libertarios que organizaron la visita a represores o, en cambio, si es por pretender impulsar un proyecto para conseguir la prisión domiciliaria de los genocidas.
Lospennato también cuestionó a Arrieta y dijo que se sintió “estafada porque una diputada dijo acá que ´no sabía´ y en Twitter dijo otra cosa”. “O sabías o no sabías. Quizás buscaba notoriedad pública”, le espetó.
A la propuesta del diputado de Encuentro Federal, el democristiano Juan Brugge, se decidió convocar a una reunión de las dos comisiones para determinar si se conformará un organismo especial o la investigación se efectuará dentro del mismo plenario para que no haya más dilaciones.
En caso de inclinarse por la comisión investigadora, primero se deberá aprobar un proyecto en el recinto de sesiones, pero si en cambio lo hace el plenario de comisiones permanentes no habrá que crear un nuevo organismo.
La aplicación de sanciones previstas en el artículo 66 de la Constitución que permite la exclusión por “inhabilidad moral” de un miembro del cuerpo debe ser analizada por Asuntos Constitucionales, como sucedió cuando echaron a Luis Luque o se procedió al desafuero de Julio de Vido.
Brugge planteó la conformación de un plenario conjunto entre Peticiones, Poderes y Reglamento y Asuntos Constitucionales “ya que las sanciones previstas en el artículo 66 las debe tratar” este último organismo y “no estar demorando en la conformación de nuevas comisiones”.
Desde Unión por la Patria (UxP), Cecilia Moreau aceptó convocar al plenario, pero rechazó que pueda ser presidido por el libertario Nicolás Mayoraz ya que señaló que tuvo participación en los chats donde se armó la visita a los genocidas para buscar su “impunidad”.
Mayoraz aceptó que María Eugenia Vidal pueda ocupar su lugar en calidad de vicepresidenta de Asuntos Constitucionales, pero rechazó la acusación de Moreau de que haya sido participe de “un plan de impunidad”.
La primera en exponer fue la secretaria parlamentaria de UxP, Paula Pennaca, quien dijo que se debe investigar a los diputados que visitaron a los represores ya que “es un ataque a la democracia” debido a que fueron a ver “a quienes dieron un golpe de Estado”.
“La posición de nuestro bloque es poder construir la comisión de que pueda investigar los hechos y avanzar sin dilación y lo podamos llevar al recinto y que este Congreso dé un ejemplo de cómo se cuida la democracia”, expresó.
Desde el PRO, Silvana Guidici señaló que debe existir un “repudio de esta cámara” a la visita de los diputados libertarios a los represores acusados de delito de lesa humanidad, que fueron “juzgando como corresponde que es en la Justicia”.
Agregó que en la cámara “el cuerpo que debe decidir” si corresponde las sanciones es la comisión de Asuntos Constitucionales como lo hizo en todos los casos y mencionó, en ese sentido, que en ese organismo se trató la expulsión de Luque, el desafuero de Julio de Vido o las medidas disciplinarias contra Eduardo Varela Cid.
Previo al debate de los diputados sobre la creación de una comisión investigadora, concurrieron a exponer representantes de organismos de derechos humanos, que reclamaron que se expulse a los diputados que concurrieron a visitar a represores en la cárcel de Ezeiza.
La petición fue formulada por La presidenta de la Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida; el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la titular de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
