Tras lograrse el quórum con 132 presentes, arrancó a las 12 en la Cámara de Diputados la sesión “maratónica” en la que el oficialismo intentará, casi tres meses después de la primera derrota en el recinto, aprobar su “ley bases” junto con el paquete de medidas fiscales. Se trata del puntapié inicial hacia el Pacto de Mayo, con el que el presidente Javier Milei busca marcar un hito de gestión.
Los tiempos y la mecánica de la sesión fueron discutidos en una reunión de Labor Parlamentaria, donde se calculó que la sesión durará aproximadamente 30 horas totales, sin cuarto intermedio. Serán unas 16 horas dedicadas a la exposición de los dictámenes y a los tiempos por bloque, a lo que habrá que sumar más de un centenar de oradores a nivel individual.
Los dos temas se tratarán en conjunto, pero se votarán por separado. El formato de la votación de la “ley bases” abrió una controversia entre los jefes de bloque. En el Plan de Labor, que se votará en el recinto, se acordó votar por capítulos de manera nominal, es decir, con registro individualizado del voto de cada diputado. Sin embargo, algunos bloques de la oposición piden considerar por separado algunos artículos polémicos.
En ese sentido, la Coalición Cívica, que se escindirá de Hacemos Coalición Federal, solicitará votar en particular el artículo 3, que habilita al Poder Ejecutivo a transformar o eliminar una serie de organismos de la administración central o descentralizada. Unión por la Patria también quiere votación nominal de otros artículos. El tema promete desatar una discusión en el recinto.
En la sesión también habrá tres segmentos de cuestiones de privilegio de los diputados, y, al final de todo, dos pedidos de emplazamientos a comisiones para destrabar el debate sobre la movilidad jubilatoria y la restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente). Podría sumarse un tercero por los proyectos sobre financiamiento de universidades.
Martín Menem presidirá la sesión a pesar de que atraviesa un cuadro gripal. “Tengo fiebre, pero de acá no nos sacan ni muertos”, afirmó el titular de la Cámara en declaraciones radiales al ingresar al Congreso, y se mostró confiado: “No esperamos que la ley tenga modificaciones. Tengo la expectativa que saldrá completa”.
La Libertad Avanza cuenta con los votos del PRO, la UCR, el grueso de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal para aprobar el proyecto en general, y espera no encontrarse con sorpresas en la votación en particular, que fue el motivo del fracaso en febrero.
La reforma del Estado (que incluye las facultades delegadas), la disolución de organismos públicos, la reforma laboral y el reemplazo de la moratoria previsional por una “prestación proporcional” son algunos de los temas que todavía generan dudas.
La Libertad Avanza llega al recinto mejor parado que en el verano: el dictamen esta vez recibió más firmas (61 contra 55) y menos disidencias (19 contra 35). No obstante, para alcanzar ese logro, el oficialismo tuvo que dejar numerosas e importantes reformas en el camino, y el texto pasó de los más de 600 artículos de la “ley ómnibus” original a tan solo 232.
Polémica con Unión por la Patria
En la reunión de Labor Parlamentaria, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó a Menem por haber ignorado un pedido de sesión para el martes a las 11 con el fin de tratar el “mega” DNU 70/23.
Martínez le advirtió a Menem que, al no convocar a la sesión (que se superpondría con la de “ley bases”) incurre en incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque según los artículos 36 y 39 del reglamento interno tiene la “obligación ineludible” de dar curso al pedido. Sin embargo, el titular de la Cámara no tiene intenciones de llamar a la sesión y le pidió a Unión por la Patria que pida por nota una modificación del día y hora.
La “ley ómnibus” recortada
El texto que se someterá a votación en Diputados es una versión muy recortada respecto de la original. De entrada, Milei no contará con los “superpoderes” a los que aspiraba para gestionar: si se sanciona la ley, el Congreso solo le delegará al presidente facultades en cuatro áreas (administrativa, económica, financiera y energética) frente a las 11 originales. Será por el plazo de un año y sin prórroga; Milei pretendía que fuera durante todo su mandato.
También hubo una poda en las privatizaciones: del listado original de 41 empresas solo quedaron en pie 11. El último caso que el oficialismo tuvo que resignar, consciente de que no reunía los votos, fue el del Banco Nación. Además, por presión de la oposición dialoguista, se retocó el procedimiento, del que participarán el Congreso, la AGN y la SIGEN.
Habrá cuatro compañías sujetas a privatización total (Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, e Intercargo); otras cinco cuyos servicios podrían ser concesionados (Agua y Saneamientos Argentinos, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales); y dos con regímenes especiales (Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio).
El oficialismo también cedió en la reforma laboral: tuvo que bajar de 60 a 15 los artículos para evitar que el dictamen fracasara a último momento, tras algunos cortocircuitos en la recta final de las negociaciones. Entre otras cosas, se quitaron las penas de prisión por bloqueos a establecimientos y la consideración como “justa causa” para el despido.
El Gobierno también desistió de avanzar contra los sindicatos a través de una reforma que proponía la UCR para eliminar las “cuotas solidarias” que se les descuentan a los trabajadores a través de los convenios colectivos. El radicalismo pedirá en la sesión votar ese agregado, pero no tendría mayoría.
Por otra parte, la oposición dialoguista también acotó el manejo que podrá hacer el Poder Ejecutivo de los polémicos fondos fiduciarios. Si se eliminan fondos con asignaciones específicas, esos recursos deberán volver a la masa coparticipable y no al Tesoro, como se proponía originalmente. Además, se puso a salvo el fondo destinado a subsidiar el consumo domiciliario de gas en las “zonas frías”.
También se amplió el listado de organismos que el Ejecutivo no podrá disolver: van desde el CONICET, el INCUCAI, el Instituto Malbrán y la ANMAT hasta el INCAA, el INTA, el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), la UIF (Unidad de Información Financiera) y la CNV (Comisión Nacional de Valores), entre otros.
Otra de las concesiones que hizo el oficialismo, en este caso a la UCR, es la creación de una “prestación de retiro proporcional” para reemplazar a la moratoria, que será eliminada. Es que, según estimaciones, nueve de cada diez mujeres y siete de cada diez hombres no podrían jubilarse por no haber completado los 30 años de aportes necesarios.
De sancionarse la “ley bases”, hombres y mujeres que cumplieron los 65 años y no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse pasarían a cobrar la PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor), que equivale al 80% de una jubilación mínima, sin derecho a pensión por viudez. El Ejecutivo fijará adicionales de acuerdo a la cantidad de años de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
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