La causa conocida como “la ruta del dinero K”, que concluyó el miércoles con la sentencia a 12 años de prisión para Lázaro Báez, el principal imputado, también tuvo a dos mendocinos entre los condenados por maniobras de lavado de dinero por unos U$S55 millones entre 2003 y 2015. Se trata de Juan Alberto De Rasis y Martín Andrés Eraso, quienes fueron para el Tribunal Oral Federal 4 partícipes necesarios de todo el proceso fraudulento. En tanto, un tercer mendocino, Juan Carlos Schiappa de Azevedo, no estuvo imputado pero deberá prestar declaración por posible falso testimonio por la venta multimillonaria en 2010 de una estancia ubicada en Tunuyán, en una operación cuya investigación fue clave para la resolución a la que se llegó.
De Rasis y Eraso son ex empleados del banco suizo Lombard Odier y participaron, según la investigación del juez federal Sebastián Casanello, de las maniobras para mandar a ese país parte del dinero del Grupo Austral, propiedad de Báez, que quedó bajo la lupa por irregularidades en contratos de la obra pública durante las gestiones presidenciales kirchneristas.
De Rasis (jefe de Eraso), licenciado en Ciencias Económicas y especializado en el área financiera, deberá pasar 6 años en prisión y pagar una multa de cuatro veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por haber sido considerado “penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en carácter de partícipe necesario” en el hecho del circuito de expatriación y reingreso de fondos.
Por su parte, Eraso fue condenado a 4 años y medio de prisión más una multa de dos veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, también por el mismo delito.
En la resolución de mayo de 2018 con las que los procesó, el juez Casanello aseveró que Eraso, representante en la Argentina del banco suizo, “participó de los trámites necesarios para la apertura de una cuenta en esa institución”, adonde se enviaron millonarios fondos.
Pero la acusación fue más contundente cuando indicó que “efectuó un aporte necesario para que el entorno de Báez ostente los vehículos societarios para asumir la titularidad de cuentas bancarias, con el objeto de mantener ocultos a los verdaderos dueños de los fondos que allí se dirigieron”.
Si bien se pensaba que ambos iban a ser parte de un segundo juicio, al haber sido de los últimos en ser procesados por Casanello, al final fueron incluidos en la causa principal. En 2019, el sanrafaelino Eraso declaró que se desempeñaba como economista, mientras que De Rasis dijo que estaba desempleado.
Tanto Eraso como De Rasis tuvieron posibilidad de hablar antes de la sentencia, el miércoles pasado. El primero se consideró inocente del delito por el que finalmente fue condenado y dijo que tenía intenciones de que “terminara todo esto para volver a la vida normal”. También manifestó tener un “sabor amargo porque la mayor parte de la prueba que solicitamos con mi defensa va a ser producida en otra etapa de este juicio, luego de que el Tribunal dicte sentencia”.
En tanto, De Rasis apoyó el lamento de su ex compañero sobre “no contar con las pruebas” que se habían pedido, al igual que también dijo estar seguro de su inocencia y que aguardaba “terminar con esta pesadilla”.
Una investigación clave
Por otro lado, el tercer mendocino involucrado en la investigación, pero que no fue imputado, es el empresario Juan Carlos Schiappa de Azevedo. Su participación en el caso se remonta al 16 de noviembre del 2010, cuando vendió al mediático “valijero” Leonardo Fariña en comisión (a nombre de otra persona) una estancia ubicada en Tunuyán, llamada El Carrizalejo, por 5 millones de dólares.
Esta operación fue revelada por Los Andes en su edición del 21 de abril del 2013, lo que destapó un punto de conexión clave con “la ruta del dinero K” que terminaría desembocando en la condena por lavado de activos de esta semana.
La novedad es que el TOF 4 ordenó la extracción de testimonios para que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio cometido en la audiencia de debate del 13 de marzo de 2019, cuando Schiappa de Azevedo declaró como testigo “en relación con el hecho de la adquisición de la estancia El Carrizalejo”.
En total, Fariña compró 3.400 hectáreas y si bien no hubo un precio uniforme por esas tierras, en promedio se pactaron alrededor de U$S1.500 por hectárea, un valor de mercado razonable para esa época, lo que dio una cuenta estimada en U$S5 millones, que fueron puestos en efectivo en ese mismo acto.
Dos años después de la compra, se vendieron esos terrenos (ubicados en el distrito Los Chacayes, a pocos kilómetros al este del Manzano Histórico, en las cercanías de la ruta 94) por un monto mucho menor a lo que se había pagado, U$S1,8 millones, al empresario Roberto Jaime Erusalimsky, accionista de “Welmare Trading SA”.
Los Andes intentó comunicarse con Schiappa de Azevedo, pero desde el entorno familiar afirmaron que no darían declaraciones al respecto.
Fallo explosivo
Lázaro Báez fue el principal condenado por el TOF 4, a 12 años de prisión, pero además se le impuso una multa de 8 veces el monto de las operaciones investigadas, más el decomiso de más de U$S60 millones producto de los hechos investigados.
En tanto, sus hijos también fueron encontrados responsables: Martín Báez, con 9 años de prisión como coautor de la maniobra, Leandro con 5 años y Luciana y Melina con 3 años de prisión en suspenso, dado que figuran como beneficiarios de las cuentas radicadas en Suiza por las que circuló el dinero al que luego se le buscó dar apariencia de legalidad.
De la veintena de condenados se suman también el contador de Báez Daniel Pérez Gadín (8 años de prisión); su abogado Jorge Chueco (también con 8 años); y Fariña, a quien se le redujo la pena de 5 a 3 años en función de su colaboración con la investigación.
De acuerdo a la maniobra, se investigó la salida del país de casi U$S55 millones de origen ilícito a cuentas de empresas offshore en paraísos fiscales, y su retorno con la compra de bonos del Tesoro y su reingreso a las cuentas de Austral Construcciones.
Más allá de esta sentencia, se espera una una apelación de la condena ante la Cámara de Casación, aunque se cree que el caso terminará en la Corte Suprema.
