Tres municipios de distinto color político aprobaron su adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) en los últimos días. Se trata de Capital, gobernada por el radical Ulpiano Suárez; Luján de Cuyo, que conduce Esteban Allasino (Pro) y sorpresivamente, Santa Rosa, dónde gobierna la presidenta del Partido Justicialista de Mendoza, Flor Destéfanis.
En el caso de los dos primeros, Suárez y Allasino presentan afinidad con las medidas del gobierno de Javier Milei, por lo cual las iniciativas surgieron desde sus propias gestiones y no hubo mayores inconvenientes en que se aprobara en los concejos deliberantes. De hecho, la ordenanza de Capital fue oficializada este jueves y la de Luján está pronta a publicarse en el Boletín Oficial.
Mientras que en el Este, la campaña departamental que llevó adelante la vicegobernadora Hebe Casado con sus militantes del Pro, sumó su primer y contundente triunfo: el bloque Cambia Mendoza logró que el HCD, incluido el oficialismo peronista, votara a favor de la adhesión al RIGI.
Se trata de un cimbronazo político, sí se tiene en cuenta que, tanto a nivel nacional en el Congreso, como provincial en la Legislatura, el PJ se opuso fervientemente al régimen de inversiones entendiendo que pone en riesgo “los recursos naturales, la industria y la soberanía provincial y nacional”.
También vale decir que la intendenta Destéfanis todavía tiene plazo disponible para vetar su aprobación, si quisiera hacerlo, aunque resultaría extraño si sus concejales acompañaron.
A la vez, cabe aclarar que a nivel municipal, la adhesión significa solo un compromiso para que no se modifiquen ordenanzas tributarias que puedan afectar a los posibles inversores o se presenten requerimientos diferentes al orden provincial. Recordemos que no se trata de cualquier tipo de inversión, sino de algunas que superen los USD 200 millones en áreas específicas.
El RIGI está diseñado para “fomentar el desarrollo en sectores estratégicos como la forestoindustria, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y el gas”, indica la Ley Bases.
En diálogo con Los Andes, Casado resaltó la imporantancia de que Santa Rosa haya acompañado: “En Santa Rosa se pueden dar proyectos muy importantes vinculado a la industria del cannabis que necesitan de una alta inversión y por eso es necesario que el RIGI, aunque sea simbólico, tenga el acompañamiento de las fuerzas políticas de ese departamento, con la intendente a la cabeza”.
La vicegobernadora también indicó que no se ha comunicado con la intendenta, pero espera que avale la aprobación del HCD.
En tanto, el edil Diego Ércoli (Pro), quien se encargó de defender la iniciativa legislativa explicó: “Sabemos que no es fácil que llegue una inversión de más de 200 millones de dólares, pero ante una posibilidad de que ocurra, de no existir este régimen de incentivos se elegiría otro departamento. Entonces se busca generar esa condición de igualdad con otras comunas”.
“Está bueno generar previsibilidad para los inversores. Lo que anhela Santa Rosa hace muchos años es la llegada de inversiones que generen puestos de trabajo genuinos y bien remunerados. Desde hace años, la principal fuente de trabajo es el municipio y por ende, está superpoblado y provoca que se vaya mucho dinero en empleos, con salarios menores incluso”, agregó.
En el Concejo Deliberante de Santa Rosa se da la particularidad de que la presidenta, Débora Quiroga, rompió con Destéfanis y pasó a formar una “oposición” dentro del cuerpo, vinculada al peronismo.
En ese marco, deslindó responsabilidades en el oficialismo: “Si lo aprobó el Bloque justicialista, se entiende que esta acorde a lo que la Intendenta quiere para Santa Rosa. Es ella quien esta a cargo del desarrollo y sus concejales defienden su plan de gobierno”.
“Me pareció entonces correcto acompañar, siempre pensando en atraer inversiones y generar empleo. Entendiendo que aún no se ha podido en nuestro departamento generar fuentes de trabajo fuertes fuera del municipio. Sigue siendo el municipio la principal generadora de empleo”, señaló en consonancia con Ércoli.
Por el lado de Destéfanis sus concejales prefirieron hacer silencio. Desde el entorno de la dirigente, se limitaron a descartar que promueva el veto de la norma.
Capital y Luján
Desde Capital argumentaron en la Ordenanza N° 4187, aprobada por el HCD y publicada en el Boletín Oficial este jueves, que la Ley Bases en su artículo 224° “invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al RIGI en todos sus términos y condiciones”.
Además, manifestaron en la ordenanza que el régimen tiene como objetivo principal “fomentar grandes inversiones tanto nacionales como extranjeras en todo el territorio argentino, estableciendo incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros, así como garantías de seguridad jurídica y protección para los proyectos que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley”.
“A efectos de continuar con la política de fomento de inversiones que ha contribuido al desarrollo económico de la Ciudad de Mendoza, resulta conveniente adherir al citado régimen”, sostiene el escrito impulsado por el intendente Suárez.
Entonces se busca “profundizar el desarrollo económico sustentable y equitativo e incrementar la generación de empleo, lo que impactará en una mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad”, sostuvo el jefe comunal.
En el caso de Ciudad y de Luján de Cuyo, ambas comunas afirman que se trató de iniciativas impulsadas por los intendentes, a pesar de que la campaña de la vicegobernadora también llegó a sus departamentos. “Los proyectos llegaron antes por la banca del vecino”, aseguró un vocero de Casado.
En tanto, la versión de las comunas es otra. “Entró casi al mismo tiempo, pero ya era una idea de Ulpiano”, sostuvo una fuente de Capital a este medio, mientras que desde Luján respondieron: “Estábamos esperando que lo aprobara la Provincia para ponerlo en tratamiento”.
El proyecto en la Ciudad de Mendoza fue aprobado el martes 3 de septiembre y entró por parte del Ejecutivo. Mientras que la iniciativa en Luján llevó la firma del presidente del HCD, Andrés Sconfienza, y se aprobó el jueves 5.