El diputado nacional Alfredo Cornejo cargó contra un sector de la Justicia de Mendoza vinculado al kirchnerismo y destacó logros de su gestión como gobernador (2015/19) en materia de reinserción de presos.
A través de las redes sociales, Cornejo cuestionó con dureza el pedido de libertad para Pablo Vallejos, quien está acusado por una tentativa de homicidio y otros delitos graves, pero se encuentra hospitalizado en grave estado de salud.
En efecto, tal como contó Los Andes, la Dirección de Derechos Humanos de la Justicia y los defensores que los asisten han solicitado el cese de la prisión por cuestiones humanitarias ya que el paciente está muy grave, en coma.
El juez interviene –Gabriel Bragagnolo- deberá tomar alguno de los caminos posibles: 1) esperar a que el paciente mejore para realizar una audiencia de control jurisdiccional solicitada por los defensores oficiales Rubén Castro y Mariam Gil Yoma; o 2) ordenar el cese de prisión solicitado por Romina Cucchi. subdirectora de Ejecución Penal de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.
Vallejos es considerado un especialista en entraderas fue imputado por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien al profundizar la investigación descubrió que Vallejos habría participado en al menos 5 robos. En uno de ellos habría perdido la vida el chapista Luis Alberto Reymond (58).
El ex gobernador reaccionó ante la solicitud de libertad de la oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial.
Consignó en un hilo de Twitter que esta oficina pide liberar al preso porque estar detenido “implica un agravamiento general de su salud, integridad física, dignidad y calidad de vida”, planteo que consideró “insólito”.
“No tienen competencia para pedir el cese de la detención, pero la Sala Administrativa deberá revisar el pedido. Estas son consecuencias de la escuela de Justicia Legítima, con los abogados sacapresos de Xumek que son más militantes K que abogados o jueces”, denunció Cornejo.
Agregó el legislador nacional que estos letrados “integran las huestes del garantismo, que por este tipo de peticiones buscan proteger al victimario y no a la víctima. La regla general es la libertad, sin importar el accionar previo. No les interesa el dolor de las víctimas ni el de sus familias”.
Y remató en esta parte: “Este mensaje no solo es grave, sino peligrosísimo. Se le está diciendo al delincuente que incumplir la ley no tiene costo. La obligación del Estado es hacerle perder al delincuente los beneficios de la libertad”
Resaltó en este sentido que “este gobierno piensa que los sospechosos de delitos y los que tienen antecedentes comprobados, deben estar privados de la libertad, sin excusas”, aunque aprovechó para descargar una serie de datos sobre el funcionamiento de la Justicia y el tratamiento de los presos durante su gestión.
“Cuando fui gobernador se mejoraron los procedimientos en la oralidad, hubo más de 30 leyes nuevas y se modificaron los códigos de procedimiento. Se puso en marcha el juicio por jurado y se cambió el sistema penal tradicional al colegiado”, rememoró.
Destacó también que “el 45% de los presos está estudiando, antes no alcanzaba el 20%. Aumentó al 68% el porcentaje de promovidos. Hubo 402 egresados sumando primaria y secundaria, antes no eran ni 90″
Indicó también que “la ocupación plena de la población penal, entre trabajo y/ o estudio, asciende al 97%, cuando antes no llegaba al 40%” e indicó que en su gobierno “se hizo la inversión en infraestructura carcelaria más grande en la historia de Mendoza”.
“Si queremos mejorar la convivencia y la seguridad de la provincia, debemos defender el funcionamiento de una Justicia eficaz y eficiente, que haga cumplir estrictamente la ley”, concluyó.
