El Gobierno provincial y la Dirección General de Escuelas (DGE) avanzan desde hace algunas semanas en incipientes convenios con los intendentes sobre un tema espinoso: los fondos para el arreglo de escuelas. En el Ejecutivo se pretende que los municipios comprometan al menos un 30% del fondo de Infraestructura Escolar que reciben de Nación para destinarlos exclusivamente a ese fin. Desde el otro lado la postura es diferente.
Algunos intendentes sostienen que ya se vienen haciendo cargo de los jardines maternales, y que todos los años tienen colaboraciones con dinero invertido en escuelas que “en muchos casos supera el monto que llega de Nación”.
Lo cierto es que las conversaciones seguirán en las próximas semanas, luego del retorno de licencias de intendentes y algunos ministros del Ejecutivo. Según pudo averiguar Los Andes, el pedido que baraja el ministro de Hacienda, Víctor Fayad; y el director General de Escuelas, José Thomas, es que cada uno de los departamentos ponga por lo menos el 30% de lo que reciben como fondos de Infraestructura Escolar. Este porcentaje equivale, según fuentes del Ejecutivo, a unos $ 1.512 millones para 2022.
Al margen del diálogo entre partes, esta medida ya fue votada en el Presupuesto 2022. El artículo 55 establece que las comunas “deberán destinar como mínimo un 30% de los recursos provenientes de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo a mejorar la inversión en educación, ciencia y tecnología, priorizando la habitabilidad de los establecimientos educativos y el equipamiento mobiliario y educativo fundamentalmente destinado a la conectividad de los establecimientos”.
Además, la DGE podrá: solicitar informes a los Municipios, exigir que se reflejen en forma separada las partidas transferidas y el destino aplicado a las mismas, y suscribir convenios de inversión educativa a fin de garantizar la eficiencia en los gastos educativos.
Los fondos que llegan por parte de Nación a la Provincia, y que se coparticipan, provienen de dicha ley 26.075 de Financiamiento Educativo, de la época de Néstor Kirchner, que establece en su artículo 7 “una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional”.
Opiniones divididas
Más allá de si se trata de mucho o poco dinero, hay intendentes –oficialistas y opositores- que se han quejado de que se sumarían “más tareas pero sin más plata para hacerlas”, ya que aseguran que se está tendiendo a “descentralizar” cada vez más trabajos. Para miembros del Ejecutivo, en cambio, se busca que los fondos que reciben de Nación “no terminen en las rentas generales de los municipios, sino que se destinen al arreglo de los edificios educativos”.
Prácticamente todos los intendentes advierten -ante esas declaraciones del Gobierno- que envían fondos para escuelas en la medida de lo posible y que en muchos casos es más de lo que les llega de Nación.
Lejos de la polémica, el ministro de Infraestructura, Mario Isgró, señaló que el trabajo conjunto entre el Estado provincial y los Municipios es “un buen mensaje para la comunidad educativa”, y marcó que este 2022 crecerá “un 146% la inversión que hará Mendoza en infraestructura escolar”.
Condiciones municipales
Los Andes dialogó con diferentes jefes comunales, quienes compartieron sus posturas respecto al conflicto. Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén, dejó en claro que los municipios, o al menos el suyo, no se harán cargo del “mantenimiento” en sí de las escuelas, sino que van a “colaborar” según sus posibilidades y de acuerdo a las prioridades de la DGE.
Iglesias aclaró que en los últimos meses han desembolsado un monto superior a $ 150 millones en jardines maternales (entre arreglos y construcción), y comentó que el monto de infraestructura escolar que le tocaría este año a Guaymallén es de $ 185 millones.
Por último, sentenció: “Lo que vamos a exigir es que de ninguna manera los trámites de los/las directoras de escuelas sean realizados en los municipios. Deben ir a la DGE”.
Desde Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar aseguró que van a “colaborar previo convenio con DGE”, aunque aclaró que “tiene que ser muy claro el detalle de qué trabajo realizará cada uno”. Además indicó que está en pleno contacto con Thomas, y agregó que en la comuna se han hecho arreglos en escuelas por $ 50 millones, más otros $ 25 millones en conectividad y computadoras para el programa Edutec.
Desde Luján de Cuyo no dieron información sobre el futuro del convenio, pero remarcaron que vienen haciendo inversiones por montos superiores al dinero que llega de la Nación, en Educación. “A pesar de no ser jurisdicción directa nos hemos comprometido y hemos destinado más del doble de lo que nos correspondería”, marcaron.
Emir Félix, intendente de San Rafael, señaló que no ha tenido novedades desde el Gobierno provincial. “Nadie ha venido ni ha llamado. Esto se debería haber trabajado en diciembre y con la ley en la mano”, protestó. De acuerdo a los cálculos que hacen en el sur, llegarían unos $ 60 millones de inversiones para este 2022.
Martín Aveiro, jefe comunal peronista de Tunuyán, comentó que ha sido “muy claro” con la DGE: “El primer problema es que no tienen un diagnóstico real de las necesidades de las escuelas; y el segundo es que hace dos años que están abandonadas con obra pública inexistente”.
“Nos están pidiendo cosas que siempre hacemos, que ni saben que hacemos. Siempre ayudamos a las escuelas, pero este problema no se levanta con los intendentes, sino poniendo un equipo de infraestructura en la DGE. Hablan mucho del achique del Estado, pero no cumplen con las responsabilidades que tienen”, lanzó.
Desde Lavalle, Roberto Righi puso énfasis en los 18 jardines maternales que tienen, más un centro de educación superior. “Seguramente habrá conflicto con el Gobierno, porque nos hemos enterado por los medios de este tema, y aparte hacemos muchísimas cosas en escuelas, como limpiezas de tanques y arreglos de cloacas, entre otros. Los arreglos de los edificios escolares son responsabilidad provincial”, comentó.
Finalmente, otro peronista, Fernando Ubieta (La Paz), consideró “una locura” que los departamentos tengan que aportar para infraestructura escolar: “Eso no les corresponde a los municipios, pero permanentemente colaboramos haciendo playones deportivos o pintando colegios”.
Tanto el paceño como el lavallino aclararon que no tienen datos de cuánto es el dinero que les llega de Infraestructura Escolar.
Convenio en trámite
Ante la referencia que hizo García Zalazar a un convenio con la DGE y dejar claros cuáles serán las tareas de cada uno, Los Andes intentó conocer detalles por parte de la cartera de José Thomas. Sin embargo, no hubo datos concretos sobre el convenio, ya que desde Gobernación señalaron que todavía este tema está en discusión y aún no se han comunicado con todos los jefes comunales.
De hecho, el ministro de Hacienda había formalizado en diciembre a Mdz Radio que se iba a trabajar en este sentido. En tanto, el director General de Escuelas sostuvo también a fines de mes que el estado de las escuelas “no es el óptimo o el que todos querríamos. Nosotros venimos mejorando y reforzando el presupuesto, que en 2022 será un 80% más alto que el que teníamos en el 2021″.
“Tenemos un problema de infraestructura escolar desde hace años. Por esto estamos charlando y teniendo convenios con los intendentes para que en la medida de lo posible ayuden y sumen a esta tarea. Es uno de los desafíos, mantener 1350 edificios”, acotó.
También dijo que los municipios “tienen recursos educativos y estamos trabajando en forma consensuada y de construir en conjunto para que pongan plata para tener las escuelas abiertas y no cerradas por cuestiones edilicias”.
