Tras nueve audiencias, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluyen hoy con el alegato acusador contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 acusados en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 en favor del empresario Lázaro Báez.
Luciani pedirá que la expresidenta sea condenada: además de solicitar una pena de prisión, planteará la inhabilitación a ejercer cargos públicos de por vida. Por supuesto que las repercusiones políticas aparecen por todos lados, ocasionando cruces entre mendocinos.
Fue el caso de Alfredo Cornejo y Anabel Fernández Sagasti, líderes de la UCR y el peronismo respectivamente. El ex gobernador había sostenido que el pedido de Cristina Fernández para ampliar su indagatoria “ya no es posible procesalmente. Lo que busca es montar un circo para sus fanáticos. La mayoría de los argentinos ya no le cree más su relato y sólo esperan que se haga justicia”.
Un rato después salió la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti en defensa de la Vicepresidenta. El primer argumento en contra del ex Gobernador fue “la impunidad con la que Cornejo se mueve en Mendoza y la manipulación que realiza sobre jueces y fiscales lo llevan a creerse capaz de opinar tribunera y maliciosamente sobre cuestiones de las que no tiene idea”.
“Ante un desconocimiento tan grosero creo que es necesario explicar(le) la burrada malintencionada que ha dicho sobre los derechos de cualquier ciudadano en un proceso judicial serio. La facultad de declarar en cualquier momento es parte de las garantías de defensa en juicio y están previstas en el artículo 303 para la Investigación Penal Preparatoria y en el artículo 380 durante el debate oral”, sostuvo la ex candidata a la Gobernación en 2019.
Por otra parte, Fernández Sagasti indicó que el art. 303 dispone: “El imputado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca sólo como un procedimiento dilatorio o perturbador. Asimismo, el juez podrá disponer que amplíe aquella, siempre que lo considere necesario”.
“El artículo 380, en igual sentido dice ‘En el curso del debate el imputado podrá efectuar todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa. El presidente le impedirá toda divagación y podrá aún alejarlo de la audiencia si persistiere’”, aseveró la legisladora kirchnerista.
Para Fernández Sagasti, “en definitiva y contrario a lo que supone el senador, no solamente es procesalmente procedente sino que necesario atento que han sido los fiscales quienes han introducido en sus alegatos nuevos elementos que deben ser contestados”.
