Los gobiernos de Mendoza y La Pampa sumaron esta semana un nuevo capítulo en su enfrentamiento político/judicial por las aguas de los ríos. En paralelo a toda la historia largamente contada por la controversial obra Portezuelo del Viento sobre el río Grande, en este caso el protagonista es el río Atuel, sobre el cual la Corte Suprema de Justicia fijó en 2020 que Mendoza debe garantizar un caudal mínimo en el límite con la provincia vecina y realizarse obras hídricas entre las partes para mejorar la eficiencia del manejo del agua y alcanzar esa meta resuelta.
Sin embargo, no hay hasta el momento acuerdos importantes en base a cómo se logrará este objetivo, en medio de una crisis hídrica casi sin precedentes, y todo indica que, de no mermar las fuertes posturas que se tienen, terminará todo nuevamente en la Justicia, lo que volvería a marcar el fracaso de la política y del trabajo que realiza la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI).
Con dilaciones, han habido los últimos días encuentros entre especialistas y funcionarios representantes de ambas jurisdicciones, así como también miembros de la Nación. En mayó del año pasado hubo un encuentro infructuoso, la semana anterior hubo una reunión virtual que no terminó en buenos términos, y este viernes hubo otro nuevo de técnicos, en el que no hubo grandes avances.
Según comentó el subsecretario de Obras Hídricas de la Nación, Gustavo Villa Uría, se avanzaron algunos compromisos, como la programación en febrero de una “campaña a fin de concretar los sitios de las estaciones de medición a instalar” en diferentes zonas del río, y que la Subsecretaría remitirá a Irrigación “los informes técnicos generales que se elaboraron para las estaciones superficiales y subterráneas”.
Conflicto de larga data
En términos generales, la Justicia determinó que se debe garantizar un caudal de 3,2 m³ por segundo de agua en el límite entre las provincias (puente Vinchuqueros).
No obstante, acá entra el quid de la cuestión. La interpretación de Mendoza es que La Corte marcó que a ese número se podrá llegar necesariamente con obras públicas -en conjunto con otras acciones- que mejoren la eficiencia en el manejo del agua, y que las mismas se deben realizar entre la Nación junto a ambas provincias. De hecho, señalan que hoy, para llegar a entregar ese caudal, deberían quitar agua esencial de los regantes, cosa que no harán, y aún así marcan que “no hay garantías que pueda se pueda alcanzar ese número”.
En tanto, la interpretación de La Pampa es que mientras se discuten las obras, Mendoza debería enviar esos 3,2 m³ por segundo, mediante algunas acciones que no necesariamente son obras, tales como un “manejo diferente” de los embalses, para permitir ese caudal mínimo en el límite provincial. La hipótesis es que la provincia hace un “mal manejo del agua y se apropia del recurso de los condóminos”
La Nación, en tanto, sostiene que trata de llegar a términos medios, al indicar que la provincia tendría que llevar a cabo esas “acciones” a la vez que se discuten las obras, para tener un mayor caudal, e ir entregando “la cuota que se pueda” a La Pampa, en paralelo a la instalación de mayores medidores de todo el ciclo hidrológico del Atuel. Hoy no se está entregando agua.
Si vamos al fallo del 16 de julio del 2020, en el punto III de la sentencia, la Corte ordenó a las provincias y a Nación a que “determinen en la órbita de la CIAI las acciones u obras de infraestructura necesarias para alcanzar el caudal mínimo permanente fijado, debiendo indicar el tiempo que demandarán y el porcentaje de los costos que cada una de las jurisdicciones afrontarán”.
Los Andes se comunicó con las tres partes, y hasta el momento las posturas están muy separadas. Esto abre otro panorama, que es que, en caso de no llegar a buen puerto, la Corte “definirá el curso de acción a seguir”, tal como reza el fallo. Desde ya, los plazos para los acuerdos ya están vencidos, aunque siguen las negociaciones.
Por dónde empezar
Villa Uría sostuvo a Los Andes que la visión del gobierno nacional es que se debe acordar en acciones, como por ejemplo operar de manera diferente embalses (Los Nihuiles y Valle Grande) con el objetivo de mejorar la eficiencia en el manejo del agua, y también avanzar en mayores sistemas de mediciones para saber en qué condiciones se encuentra todo el sistema hidrológico del Atuel, mientras se discuten las obras para hacer.
“La Nación está comprometida a invertir $3.000 millones en obras (repartido en ambas provincias), pero primero debemos saber cómo estamos parados en términos hídricos. Y para eso es necesario instalar más medidores en distintos puntos de la cuenca, así como también en la zona de montaña para medir la nieve”, señaló el ingeniero, quien opinó que ha habido una “involución” en el acercamiento de las partes luego del fallo de la Corte en julio del 2020.
El Subsecretario opinó que se ve una “resistencia” o trabas por parte de Mendoza a que se instalen esas herramientas de medición, ya que “se están pidiendo condiciones y los detalles de los proyectos y evaluaciones ambientales, cuando la medición no requiere intervenciones previas en ninguna de las jurisdicciones del país”, marcó. También dijo que hay urgencia para instalar los llamados “snow pilots” en la montaña, una especie de “balanzas” -en términos simples - que miden el aguanieve y hacen más precisos los controles de derrame y escurrimiento, ya que luego de marzo el clima no permite dicha instalación por las bajas temperaturas.
“Medir es un gesto de soberanía, de conocimiento y la mejor inversión que se puede hacer. Si no medimos se va al marco de la discusión jurídica, que es lo que está pasando ahora, y no importa quien tiene la verdad”, aseguró.
También marcó que la visión objetiva “es que el fallo dice 3,2 m³. Nosotros como operadores vemos que ese número llega eventualmente o no llega en todo el año. Con una serie de acciones Mendoza podría entregar algo de agua, pero es una decisión autónoma de la provincia. Sí tenemos que decir que no estaría cumpliendo con lo que la Corte falló”.
“Si Mendoza dice que no hay agua, que se demuestre. Que sea con realidad y hechos, no con mitos”, finalizó.
Respuesta local
Uno de los que ha participado de las reuniones es el ministro de Infraestructura, Mario Isgró, quien se limitó a indicar que están buscando los acuerdos necesarios para acordar todas las obras públicas necesarias para llegar al caudal mínimo.
En tanto, el representante del comité de trabajo de la provincia en este tema, Fernando Gomensoro, defendió la posición de Mendoza y sostuvo que “de ninguna manera el fallo dice que la entrega del caudal debe ser en forma inmediata”, y aclaró que se deben llevar a cabo medidas, como las obras, para “no perjudicar a los regantes ni a los productores. No vamos ni podemos dejarlos sin agua en contexto de crisis hídrica”.
“La Pampa con un análisis técnico erróneo – que puede comprobarse fácilmente - , fijó de entrada su postura, estableciendo la necesidad de caudal inmediato, lo que implica daño directo a los productores que dejarían de usar el agua para satisfacer ese caudal, dado que el agua lamentablemente no sobra”, señala la introducción del documento del Plan de Obras Acciones y Monitoreo que propuso Mendoza.
Por otro lado, Gomensoro declaró que los ríos de Mendoza “son los más medidos del país” pero que hay varios puntos de medición propuestos por Nación “no tienen acuerdo”. “Irrigación dice que necesita los proyectos de mediciones del sistema. No basta con un listado como se ha enviado”, comentó, y acotó que si bien siempre se puede medir más, “es importante saber para qué. Somos la provincia que más mide en términos hídricos. No queremos conflictos”.
Desde la Provincia argumentan que Nación está pidiendo avanzar en los “puntos de acuerdo” que hay entre las jurisdicciones, pero marcan que “lo cierto es que estos puntos son los que propone La Pampa, y claramente nosotros tenemos voluntad de avance. Pero ellos son inflexibles, por eso nosotros pedimos ahora avanzar en estos puntos si se avanzan en las obras para mejorar el caudal del Río”, agregó.
De acuerdo al financiamiento de los trabajos, Mendoza plantea que el 70% sea costeado por la Nación; un 15% la provincia y el 15% restante, La Pampa.
La Pampa pide su cuota
Desde la provincia vecina habló con Los Andes Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos, quien sostuvo en primer lugar que no se trata de “ninguna guerra o disputa del agua”, y atribuyó esas calificaciones como una “justificación política al mal manejo del agua que hace Mendoza”.
El funcionario pampeano dijo que hoy “está cortado el río” y es necesario que Mendoza dé la cuota de agua que le corresponde a La Pampa, según fijó la Corte. “El fallo debe empezar a cumplirse con el caudal mínimo escurriendo”, indicó.
También dijo que Mendoza “se niega” a cumplir con las mediciones y que también se opone a aceptar un manejo en conjunto de las aguas en su territorio.
Obras
Entre las obras y acciones que presentó Mendoza, se encuentran en una primera etapa, perforaciones, encauces y revestimientos del tramo Carmensa-Vinchuqueros, el tramo superior del canal marginal del Atuel, manejo de embalses para reducir la evaporación del agua y un reservorio de regulación en el límite, en lo que corresponde a una primera etapa, con un monto calculado de U$S 57 millones.
En tanto, la etapa 2 contempla la limpieza y adecuación del cauce, el encauce y mejoras del tramo El Sosneado – La Junta y monitoreos y acciones no estructurales (tal como en la primera etapa), por un total de U$S 2,8 millones.
Ya la tercera etapa marca incluso el tan ansiado trasvase del río Grande al Atuel, cuya obra está en el torno de los U$S 560 millones. “Es con el trasvase que puede alcanzarse el aumento de la oferta que se requiere para la adaptación al Cambio Climático. El incremento de la eficiencia no sólo tiene un límite, sino que es costoso, por lo que esta obra es muy relevante e imprescindible”, indica el plan de obras de Mendoza.
